La UCR quiere citar a Oscar Parrilli y Alejandro Ramos

Enviaron dos proyectos para citar a los funcionarios que se vieron envueltos en dos de los conflictos políticos más resonantes de la semana y que pretenden discutir en la próxima sesión.

Desde la Unión Cívica Radical quieren aclarar cuestiones del conflicto con LAN y del viaje de Cristina a Sychelles, por lo que enviaron dos proyectos a la Cámara alta y pretenden la aprobación en la próxima sesión, en caso de que se concrete.

Por un lado, se presentó un proyecto de resolución para citar al secretario de Transporte Alejandro Ramos a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado para informar sobre cuestiones relacionadas a la política aerocomercial y la situación de LAN en aeroparque.

Entre los fundamentos para dicho pedido, se señalan en el texto averiguar sobre el escenario de las “inversiones, condiciones jurídicas y fuentes de trabajo”, así como “hemos observado que un Gobierno que dice luchar contra monopolios y feroces corporaciones, vuelve sobre sus pasos con el intento de tener una única aerolínea operando en el país, es decir un monopolio”.

Además, los senadores radicales aclararon en el escrito que “el gobierno debería evaluar la necesidad de las provincias de contar con más y mejores servicios aéreos, con suficiente amplitud de tarifas. En síntesis, debería invertir su lógica”, por lo que “es menester conocer qué implicancia a nivel regional, al menos, tienen las medidas anunciadas por los funcionarios”, más allá de que “desde ningún punto de vista se justifica para la economía argentina un conflicto con países vecinos”.

Por otra parte, también se expidió otro proyecto de resolución de los legisladores de la UCR José Cano, Ernesto Sanz y Gerardo Morales, que es el autor, y María Eugenia Estenssoro del FAP.

En este caso, se quiere convocar a concurrir a la Comisión de Asuntos Institucionales del Senado, al secretario general de la Presidencia de la Nación Oscar Parrilli con el objetivo de que informe “sobre una posible amenaza democrática expresada en un comunicado emitido por dicha dependencia y con la firma del funcionario el pasado domingo 18 de agosto a altas horas de la noche”.

Las cuestiones que fundamentan esta decisión son “los conceptos relacionados con serios riesgos que estaría atravesando la democracia en nuestro país” expuestos en el comunicado presentado por Parrilli, así como el hecho de calificar de “sicario” a un periodista.

Además, el pedido de los parlamentarios expone que “el secretario Parrilli, parece haber encontrado en este texto la mejor manera de dar a conocer una serie de datos que habían sido negados al Congreso nacional en oportunidad de tratar la última ley de blanqueo de activos, en mayo pasado. Norma, cabe destacar, rechazada con contundencia por las fuerzas de la oposición en ambas Cámaras, entre otros, por los riesgos que supone poner al país en situación de paraíso para corruptos, proxenetas o traficantes”.

El texto concluye diciendo que “el país debe saber dónde se fundamentan las sospechas (de las denuncias de lavado de dinero) y qué ha hecho el gobierno nacional para evitarlo”, y que “nunca castigando la forma en que la prensa se manifiesta se conseguirá la tan necesaria calidad institucional por la cual se lucha intensamente y sin diferencias partidarias desde hace 30 años”.

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