Ante el deterioro constante de las prestaciones de telefonía móvil y el colapso repetido del servicio sin obtener que las empresas concesionarias adoptaran medida alguna, es hora de exigir acciones urgentes de las autoridades nacionales.

En dos recientes proyectos de ley pido se declare la emergencia pública en esa actividad en todo el territorio nacional por el plazo de un año,- con reducción de las tarifas para resarcir los perjuicios al consumidor- y para que en ese lapso se resuelva, entre otras medidas, ampliar el espectro radioeléctrico en función de las demandas de tráfico y la cantidad y distribución geográfica de los usuarios.

Hoy está muy claro que ninguno de los procedimientos de control vigentes en telefonía celular dan respuesta eficaz, ni sirven ya para contener y reparar los perjuicios a los usuarios, que son más graves en el interior del país.

La inexistencia de un marco regulatorio establecido por ley ha permitido hasta ahora a las empresas licenciatarias de telefonía móvil, una libertad de maniobras, sin ningún control del Estado. Por ello creo que ahora resulta impostergable avanzar en una normativa de mayor rango a las reglamentaciones usuales, que son las mismas que subsisten desde las privatizaciones de la década del 90.

Es importante caracterizar como servicio público a la telefonía móvil en todas sus modalidades, con la finalidad de garantizar un acceso regular y continuo a dichos servicios en condiciones sociales y geográficas equitativas, con control de calidad y eficiencia, tarifas razonables y una adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores.

Ninguna de las políticas públicas de la etapa privatizadora han sido superadas durante la última década. Hoy los resultados están a la vista, ya que la falta de infraestructura en los servicios públicos- principalmente domiciliarios- es una realidad para millones de personas.

Por ejemplo, la red cloacal y la provisión de gas en red muestran un retroceso notable en la década. En 2001 un 45,2 % de los hogares no contaba con desagüe a red- cloaca- y la cifra aumentó hasta el 49,07 % en 2010. Y la carencia de gas en red pasó del 34,5 % en 2001 al 43,8 % en 2010.

En particular, entre las causas del mal funcionamiento de los servicios de telefonía móvil debe reconocerse una grave falta de inversión. Solo se invirtió un 10% anual en promedio mientras se triplicaron la cantidad de usuarios.

No existen las frecuencias o canales suficientes acordes a la expansión del servicio. No se han colocado las antenas suficientes para lograr estándares aceptables del servicio.

El servicio es actualmente un oligopolio, ya que no hay competencia sino acuerdo para la no inversión necesaria de las empresas. No se le da ninguna participación a los usuarios ni a las organizaciones de consumidores.

Por ello creo que a esta altura de la expansión de la telefonía móvil se impone dar una vuelta de página y se debe producir un importante cambio de la matriz regulatoria de este servicio público esencial.

Lograr que a la telefonía móvil se la declare como un servicio público, a todos los efectos legales, implicará un mayor control del Estado, que resguarde a los usuarios y permita alcanzar niveles de calidad dignos, entendiendo también a las comunicaciones como un derecho humano que las leyes deben proteger.

Para todo ello es indispensable no declinar la responsabilidad estatal del control de los monopolios en lo servicios públicos y una clara legislación de defensa del usuario, como la que estamos proponiendo sancionar por el Congreso Nacional.