Lo anunció la presidenta este lunes por cadena nacional. Es a raíz del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de los "fondos buitre", al que tildó de "injusto".
Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York sobre la pronunciación del juez Thomas Griesa a favor de los denominados “fondos buitre”, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció que enviará al Congreso este martes un proyecto de ley para reabrir el canje de deuda por tercera vez.
La iniciativa, según adelantó, estará destinada al siete por ciento de los tenedores de bonos que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, para que “tengan la posibilidad de ingresar y cobrar en paridad en condiciones con el resto de los acreedores”.
“No vamos a permitir que el país vuelva a 2001”, sentenció la primera mandataria por cadena nacional, y agregó que el fallo, que ahora quedó en manos de la Corte estadounidense, “ignora” el acuerdo logrado con el 93 por ciento restante que “confió” en nuestro país.
Cristina Fernández precisó que la Argentina ha pagado entre 2003 y 2012 “173.733 millones de dólares” de deuda y por eso sostuvo que “el fallo de la Cámara de Apelaciones es injusto con la Argentina”.
La jefa de Estado recordó las palabras del expresidentes Néstor Kirchner en la Asamblea de la ONU en septiembre de 2003, cuando dijo que “era necesario que el mundo comprendiera que había que dejar crecer la economía argentina para poder pagar, porque los muertos no pagan para crecer, sino que crecen para pagar”.
En este sentido, recordó que el primer canje de deuda, en 2005, “reestructuró el 76 por ciento de la deuda soberana”, es decir, “más de 79 mil millones de pesos”, en un canje “en el que muy pocos apostaban”.
“Pero siguió el problema de los holdouts”, relató, y comentó que en 2010 “volvimos a abrir el canje y ahí llegamos al 93 por ciento a quienes les debíamos”.
“Más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales”, opinó la presidenta, quien destacó que el pago de la deuda se produjo “con recursos genuinos” a partir “de una mejor administración de los recursos del Estado sin acceder al mercado de capitales”.
Además, auguró que “la decisión que tome la Suprema Corte no sólo influiría en Argentina, sino en todo el mundo financiero internacional”.
