Por Enrique Vaquié
El fallo de la Cámara de Apelaciones rechaza la fórmula de pago propuesta por Argentina y confirma lo dispuesto en primera instancia por el Juez Griesa.
Esto es:
a ) pago de 100% de lo adeudado a los buitres (US$450 millones de capital original y US$900 de intereses devengados y punitorios) pagaderos en paralelo con los pagos que Argentina hace por la deuda reestructurada.
b) involucra en el cumplimiento de la sentencia al Bank of New York (BoNY), otros bancos intermediarios y los propios bonistas que entraron al canje.
Sin embargo, deja pendiente el cumplimiento de la sentencia hasta tanto la Corte Suprema de Estados Unidos (CSJ) se expida respecto de si acepta o no la apelación presentada por Argentina. Así, el riesgo de default técnico se dilataría por un período de entre 6 y 15 meses.
Si la CSJ rechaza el pedido de Argentina la sentencia se haría efectiva; si lo acepta, la sentencia quedaría sin ejecución hasta tanto la CSJ emita sentencia (3 meses después de expedirse sobre si acepta o no el caso). La CSJ acepta sólo 80 casos de las 10.000 solicitudes que recibió el año pasado. Esperemos que acepte el caso Argentino, la diplomacia será fundamental para ello
El criterio que utiliza la CSJ para aceptar o rechazar un pedido se basa específicamente en si el fallo apelado contempla cuestiones federales.
El tema del pari passu es claramente una cuestión del estado de Nueva York, y por tanto, no entraría dentro de estos criterios.
El tema de cómo afectaría esta sentencia a futuras reestructuraciones también podría estar encuadrado dentro del estado de Nuevo York. Adicionalmente, un fallo reciente (Grenada vs. Eximbank de Taiwán) establece que el caso argentino es un caso muy particular y por tanto no es tenido en cuenta en ese caso. El fallo de la Cámara de Apelación también establece la particularidad del caso argentino y por tanto los jueces dicen que no debería sentar un precedente general.
Una cuestión que Argentina podría utilizar para vincular la sentencia con una Ley Federal (ley de inmunidad soberana, o Federal Sovereign Inmunity Act) está relacionado con una disposición de Griesa de diciembre de 2011, que interpuso una medida cautelar prohibiendo a la Argentina modificar el mecanismo de pago de los bonos reestructurados. Sin embargo, la Argentina no apeló oportunamente aquel fallo, por lo que podría ser rechazado por la CSJ ese argumento.
En caso de quedar firme este fallo, Argentina no podría seguir pagando la deuda reestructurada si no le cancela la deuda a los buitres, generándose así el riesgo de default técnico.
Las deficiencias en la estrategia legal argentina posibilitaron un fallo muy perjudicial para nuestro país y muy beneficioso para los buitres.
Una vez suspendida la Ley Cerrojo para el canje de 2010, Argentina debió dejarla sin efecto y dejar abierto el canje para que en caso de que algún holdout lo desease pudiera entrar al canje.
El fallo de ambas instancias (Griesa y Cámara de Apelaciones) establece que la Ley Cerrojo muestra una actitud argentina muy negativa y que no les deja a los holdouts ninguna alternativa para regularizar sus acreencias, por eso estableció la violación de la cláusula de pari passu.
También critica los dichos de Cristina Fernández de Kirchner, del ministro Lorenzino y del letrado argentino en el sentido de la voluntad de no pagar y de no cumplimiento de una sentencia.
Argentina corre un serio riesgo, además de entrar nuevamente en default, de quedar en desobediencia con la justicia de EEUU, lo cual afecta los flujos de inversión al país, provocando incertidumbre y complicando seriamente la operatoria del estado en los mercados internacionales (riesgos de embargos de fondos y otros activos). Una menor inversión implica menor generación de empleo en un país que ya tiene muchos problemas para generarlo. Adicionalmente, existirían más presiones sobre el mercado cambiario.
Para que el monto de US$1.400 millones no se siga incrementando Argentina debería derogar la Ley Cerrojo y reabrir el canje pero las excentricidades de las medidas adoptadas y los desequilibrios y riesgos que presenta el panorama macro del país harían muy complicado el trámite regulatorio para reabrir el canje.
Las bravuconadas de los funcionarios permitieron una victoria (parcial) a los buitres, actores nefastos de los mercados financieros.
