La ley para declarar a la escultura bien integrante del patrimonio cultural de la ciudad, que tiene aprobación inicial por parte de la Legislatura, recibió unánime apoyo de expositores y oradores. La Comisión de Cultura emitirá un nuevo dictamen.
La Audiencia Pública realizada este martes para considerar la ley que en primera lectura declara bien integrante del patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires al monumento a Cristóbal Colón emplazado en la plazoleta de la Rávida, frente a la Casa Rosada, tuvo como resultado la expresión unánime de la voluntad para defender los derechos y bienes locales ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de trasladar la estatua y reemplazarla por la de Juana Azurduy.
El expediente Nº 968, del diputado Fernando Sánchez (CC), fue considerado en la Audiencia Pública que comenzó a las 13 en el Salón Dorado del Palacio Legislativo y finalizó algo más de dos horas y media después. La instancia de participación estuvo a cargo de la presidente de la Comisión de Cultura, diputada Lía Rueda, quien fue acompañada por sus pares Carmen Polledo, Marta Varela, Raquel Herrero, Gabriela Seijo, Lidia Saya, Diana Martínez Barrios, Helio Rebot, Martín Ocampo, Francisco Quintana y Alejandro García (Pro).
Al comienzo de la audiencia, la diputada nacional Laura Alonso expresó que “el monumento es parte de la Ciudad” y que “se está discutiendo un tema fuera de lugar, ya que el derecho al patrimonio lo tienen todos los habitantes de Buenos Aires y nadie les preguntó si estaban de acuerdo o no”. Además, argumentó que “el traslado de la estatua le hace daño al pueblo porque es parte de la historia de todos”.
A continuación, en representación del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño intervino el secretario de Planeamiento, arquitecto Héctor Lostri, quien hizo referencia a que el monumento es parte de tres parques proyectados y realizados “para articular las relaciones interpersonales que se daban en el área central de la Ciudad hace 100 años atrás, se trata de los parques Central, del Retiro y Lezama, estructuras verdes perpendiculares al eje cívico simbólico conformado por la Avenida de Mayo entre la Casa Rosada y el Congreso Nacional”. El funcionario instó a reformular legislativamente la estructura y recuperar los espacios verdes perdidos, así como a revisar el Convenio con el Poder Ejecutivo de la Nación sobre la plazoleta de la Rávida. “No discutimos la localización, sí la reformulación integral eliminando el error de la huella ecológica” que debe incluir – según manifestó – el parque del Ministerio de Defensa y el helipuerto para uso presidencial.
Los diputados Bergel y Raffo coincidieron en que no se discute ideológicamente sobre la historia ni el gesto generoso del Estado Plurinacional de Bolivia que donó una estatua de Juana Azurduy, sino se trata de reafirmar la autonomía de la Ciudad y recuperar la plena posesión por parte de la misma sobre toda la plazoleta o el espacio en que se emplaza el monumento. Incluso Raffo aludió a que “el Gobierno Nacional no cumplió el articulado del Convenio referido a la veda al público y la comunicación de sus actos al Gobierno porteño y en este sentido adviértase que el Poder Ejecutivo local lo dejó hacer”. Concluyó instando a los responsables del Ejecutivo porteño a “anular por incumplimiento el Convenio ante la Justicia”.
La directora General de Patrimonio e Instituto Histórico, Liliana Barela, recordó que representa al órgano de aplicación de la Ley 1227 y a su criterio “existe una clara violación de la legislación vigente y daños, pues el monumento fue removido. Estamos en un momento crítico que pone en peligro las instituciones de la República”, enfatizó.
En tanto, el defensor adjunto Gómez Coronado, ratificó el apoyo al proyecto de ley que tiene aprobación inicial de la Legislatura y manifestó su malestar por “los reiterados incumplimientos a los procedimientos legales por parte del Poder Ejecutivo nacional, tales como las debidas consultas al Gobierno de la Ciudad, a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y al propio Congreso de la Nación”. Por su parte Atilio Alimena, también defensor Adjunto, consideró que la decisión de haber puesto sobre el suelo al monumento es además un “desacato a la ley, un atropello y un capricho” y recordó que el 31 de mayo estando junto al monumento recibió la explicación de que la decisión respondía a “revisionismo histórico y que el Estado Nacional estaba por sobre cualquier otra jurisdicción”.
El primer vecino que tomó la palabra fue el gerente General del Hotel Cristóforo Colombo, Alejandro Gallegos, quien, en nombre de la empresa, se acercó hasta la Legislatura para ofrecerse a alojar de manera vitalicia la estatua de Cristóbal Colón “sin costo alguno” y solicitó que “se someta a discusión de Comisión la propuesta y que la misma llegue al recinto en el menor tiempo posible, ya que es un lugar apropiado para guardar el monumento”.
Y sostuvo que su intensión “es que desde los 60 metros de altura que posee la torre del hotel, pueda ser contemplado, admirado y disfrutado por los vecinos y por los turistas y visitantes que a diario pasean por nuestro barrio y, así, evitar que el monumento abandone la Ciudad y forme parte, en cambio, de su patrimonio cultural. También, nos ofrecemos a que pueda ser visitado por quienes lo deseen y, por sobre todo, convertirlo en un símbolo de unidad nacional y no de enfrentamientos estériles”.
Además, concurrieron a la audiencia un importante número de integrantes de la comunidad italiana, entre ellos autoridades de la misma. En defensa de que el monumento vuelva a ocupar el lugar en el que estaba y sea restaurado. Además, consideraron una afrenta y una actitud discriminatoria hacia la comunidad italiana, lo ocurrido. Esta postura expresó Irma Rizzuti.
En tanto, el abogado Alejandro Marrocco -quien patrocina a siete instituciones italianas en el amparo judicial presentado- agradeció el accionar de la Asociación Basta de Demoler que con su amparo logró detener el traslado del monumento. Pero advirtió que el 12 de septiembre próximo vence la cautelar dictada en ese amparo y que de no mediar una prórroga de la misma la estatua puede ser quitada del lugar que ocupa.
Otro de los oradores, Juan Manuel Fernández Alves Dacunha, destacó que “sólo la Legislatura de la ciudad con una ley de doble lectura tiene la facultad de emplazar o trasladar un monumento” en esta jurisdicción. Asimismo recordó que la Torre de los Ingleses es un monumento donado por ese país con el mismo motivo que el de Colón, al cumplirse el primer centenario de la Revolución de Mayo, ambos recibidos por el entonces Gobierno Nacional ya que la ciudad no era autónoma aún y que sin embargo, respecto del primero nadie duda de que es bien cultural porteño.
El expediente en tratamiento en la Comisión de Cultura obtuvo aprobación inicial el 30 de mayo de este año y tras la audiencia pública la comisión deberá emitir un nuevo dictamen que será considerado en sesión ordinaria para su sanción definitiva, siguiendo el procedimiento de doble lectura que establece la Constitución de la Ciudad.
El autor sostuvo entre los fundamentos que además del valor del monumento, la iniciativa “obtiene una relevancia aún mayor si se tienen presentes las versiones que afirman una supuesta voluntad de trasladar este monumento hacia la ciudad de Mar del Plata lo que representaría una afectación a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y una pérdida invalorable e insustituible de su patrimonio”. Además, consideró que “representa una de las obras de arte más importantes que posee nuestra querida Ciudad de Buenos Aires. Su presencia imponente acompaña a los porteños desde el año 1921 cuando fue inaugurado. Esta obra había sido donada por la colectividad italiana con motivo del centenario de la revolución de mayo”.
