Hablar sobre drogas en las escuelas, atender el problema desde un enfoque sanitario y abordar la reforma de la ley 23.737 de Estupefacientes que sigue penalizando a las personas que usan drogas, fueron el eje de las presentaciones del ministro de Educación, Alberto Sileoni, el subsecretario de Control de Sustancias Psicoactivas a cargo de SEDRONAR, Julio Postiglioni, y funcionarios de Naciones Unidas durante la inauguración de la 11º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas.

El evento es organizado por la asociación civil Intercambios y tendrá lugar entre este jueves y viernes en el Salón Azul del Senado de la Nación.

En la apertura del encuentro, Alberto Sileoni aseguró que desde su cartera el tema drogas se aborda “con un modelo de prevención inespecífica desde el nivel inicial, durante la primaria y la secundaria”. “Pero hay muchas resistencias, en las escuelas se lo vive como un tema que no les corresponde, o se cree que es mejor no hablar”, aseveró.

Por su parte, Postiglioni reconoció: “Hablamos de enfrentar organizaciones criminales que logran penetración en instituciones legales e instituciones públicas, por lo cual se hace cada vez más difícil de enfrentarlas”. Y destacó que la Sedronar tiene en la actualidad la capacidad de presentarse como querellante en causas de drogas, lo que a su entender “facilitará llevar al campo penal los casos que así corresponde”.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el asesor en sistemas y servicios de salud de Salud, Alejandro Gherardi, señaló que la atención de los usuarios de drogas “es un problema por las barreras que existen para el acceso a los servicios de salud y que generan violaciones a los derechos humanos”. Afirmó que lo que hay que hacer es “ofrecer tratamientos específicos y oportunos”.

Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, denunció que “el tratamiento legislativo de los proyectos de reforma de la Ley de Estupefacientes está silenciado desde hace un año” y llamó a poner fin al “enfoque criminal y policíaco”. Enumeró como medidas necesarias: modificar la ley 23737, despenalizar la tenencia y el cultivo para consumo personal, reducir las penas a las mulas y focalizar la persecución penal en los responsables mayores de la cadena del tráfico, en el lavado de activos y en la corrupción.

“En vez de criminalizar, es necesario brindar los servicios de salud. Y el que puede hacer esto es el Estado de vanguardia, el que se prepara para esto”, coincidió Alberto Stella, coordinador del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

A su turno, Rafael Franzini, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para Brasil y Cono Sur, aseveró que “si la estrategia de drogas de este continente dice que es un problema de salud, hay que tener una mirada sanitaria. Las personas con consumo problemático de drogas dan cuenta del 70 al 80 por ciento del mercado de drogas, con lo cual un abordaje sanitario es otra forma de atender el problema del tráfico de drogas y de la seguridad”.