Se le aplicarían penas de prisión a aquellas personas a las que define como “prostituyentes”. Olga Guzmán prefiere llamarlas así, pues advierte que “clientes” son los que compran alguna cosa y las personas no lo son.
Un proyecto destinado a generar debate es el que acaba de presentar la diputada nacional por el MPN Olga Guzmán, quien propone sancionar a quienes explotan a personas con fines sexuales, ofreciéndoles una retribución a cambio.
En la convicción de que los usualmente llamados “clientes de prostitución” ejercen un “abuso consciente de la vulnerabilidad de las personas prostituidas, cosificándolas y denigrándolas”, el proyecto propone penar con uno a cuatro años de reclusión a quien utilice sexualmente a otra persona, por sí mismo o por un tercero, a cambio de un pago, agravándose la pena en caso de que el prostituyente fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria -cuatro a ocho años de prisión-, o la víctima de explotación fuera menor de 18 años -ocho a doce años de reclusión-.
Al mismo tiempo, la iniciativa dispone la creación de un “Programa Nacional de Apoyo a Víctimas de Explotación Sexual”, el cual tiene como objetivo brindar oportunidades laborales genuinas y dignas a víctimas de explotación sexual por causa de la prostitución, ofrecerles gratuitamente asistencia médica, psicosocial y jurídica, alojamiento transitorio y protección de su integridad física y psíquica, entre otras cuestiones de interés.
El documento, que para su elaboración contó con la colaboración de diversas organizaciones de lucha contra la explotación sexual, plantea la íntima relación existente entre la trata de personas y la prostitución, y pone en cuestión la profunda raíz deshumanizante que subyace bajo el comercio sexual de una persona.
En línea con lo trabajado, la legisladora Guzmán hizo hincapié en “la necesidad de que las personas que se ven obligadas a ofrecer su cuerpo por dinero, como modo de subsistencia, encuentren una respuesta concreta y práctica del Estado, tanto desde lo asistencial como en la condena a quienes en definitiva son parte de la cadena que las esclaviza, es decir, los mismos prostituyentes, habitualmente mal llamados clientes, puesto que cliente es quien compra una cosa, y un ser humano no lo es”, enfatiza el proyecto.
