Desde el FAP denuncian “incumplimiento” de la ley de presupuesto que plantea que el Ejecutivo debe presentar un informe de la ejecución presupuestaria y de la situación económico-financiera del IPS y del IOMA.
El diputado bonaerense del FAP Abel Buil denunció el “incumplimiento” de la ley de Presupuesto en su artículo 104, el cual plantea que el Poder Ejecutivo debe presentar antes del 1 de junio, un informe de la ejecución presupuestaria y de la situación económico-financiera del IPS y del IOMA.
Dichos informes debían ser analizados por las comisiones de Presupuesto, Salud Pública y de Previsión y Seguridad Social, “pudiendo requerir la presencia de los funcionarios de los citados organismos a fin de ampliar o aclarar la información respectiva”.
Al respecto, el legislador expresó que “al no presentarse informe alguno y como consecuencia de las reiteradas irregularidades en el proceso de control y administración de medicamentos destinados a pacientes del plan Meppes (Medicamentos para patologías especiales), que funciona bajo la órbita del IOMA, solicitamos la presencia del titular de dicho organismo para que informe sobre estos aspectos”.
Buil afirmó que “es una obligación del Estado garantizar tanto la transparencia de la erogación como controlar que las prestaciones médico asistenciales ofrecidas lleguen a sus legítimos destinatarios en tiempo y forma, sin ningún tipo de desvío intermedio, y sin que existan arbitrariedades en la distribución”.
“Cabe recordar que el pasado 30 de agosto se conoció una nueva denuncia de violación de los mecanismos de control administrativos que desarrolla IOMA en el proceso de distribución de los medicamentos destinados a pacientes del Plan Meppes y registrada bajo la forma de estafa con drogas oncológicas”, amplió el legislador.
Por último, recordó que para el presente año se le asignó a IOMA un presupuesto de $8.110 millones, cercano al asignado para todo el Ministerio de Salud ($9.100 millones). “Sin embargo -aclaró Buil- no existirá presupuesto suficiente para satisfacer las demandas de sus afiliados mientras se extraen ilegalmente buena parte de los recursos en beneficio de los inescrupulosos que convierten un programa loable, en una pérdida de recursos ante un sistema débil de controles”.
