El controvertido tema del aborto fue dejado de lado por los principales candidatos a ocupar una banca en el Congreso de la Nación. En todas las fuerzas políticas que competirán en octubre hay diferencias de criterios. Entrevistas con la directora de Católicas por el Derecho a Decidir de México, María Consuelo Mejía, la jurista Leticia Bonifaz Alfonzo y la exdiputada del PS María Elena Barbagelata.
Por Pablo Riveros
La “política de las cosas”, al decir del filósofo francés Jean Claude Millner, está más viva que nunca. Es un año electoral, debutaron las primarias para las elecciones de medio término y los partidos políticos aspiran a quedar bien posicionados de cara a la sucesión presidencial de 2015.
En este escenario, la pauta de toda una camada de candidatos es tomar demandas de la sociedad como problemas ya definidos y a la espera de una solución técnica que ellos deben aplicar. La socióloga argentina Beatriz Sarlo lo llamó demagogia.
Como fuera, la cuestión del aborto se inscribe en esta lógica. No porque sea un tema instalado en la campaña electoral, claro; sino porque escapa de la agenda de la mayoría de las coaliciones electorales, que frente “a lo que reclama la gente” renuncian al trabajo de problematizar y concientizar sobre la principal causa de mortalidad materna y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Salvo la izquierda, que lo promueve, o los conservadores que lo rechazan abiertamente, el tema es dejado de lado por parte de los partidos mayoritarios, que prefieren eludir esa cuestión que sienten que divide aguas.
En el mismísimo oficialismo, la número 2 de la lista del distrito principal, Juliana Di Tullio, quien es además presidenta del bloque, tiene opinión tomada y conocida sobre la cuestión del aborto. Una opinión favorable, por cierto. Ella misma aclaró que ese tema sería dejado de lado en el marco de esta campaña, pues admitió las dificultades de afrontar ese debate en el corto plazo.
Hay un dato que no puede soslayarse: hoy el papa es de nacionalidad argentina y nadie quiere aquí malquistarse con él, ni con una buena parte de la sociedad.
La propia Di Tullio ha reconocido esa referencia como central a la hora de sopesar los pros y contras de tocar el tema. En lugar de “despenalización del aborto”, la diputada bonaerense prefiere hablar de “interrupción del embarazo”. Y asegura que sigue estando dentro de sus “convicciones”, que no dejó de lado por ser ahora presidenta del bloque oficialista. De hecho, es autora de iniciativas a favor del aborto; fue el primer proyecto que presentó, allá por 2005. De todos modos admite que, desde su rol de jefa de bancada, tiene ahora “una responsabilidad y un lugar distintos”.
De todos modos admite Di Tullio que “el Congreso nacional no ha estado preparado para dar el debate sobre la interrupción del embarazo”, aunque insiste en que ese es el lugar donde debe ser discutido. “Todos estos años ha sido muy difícil avanzar con el tema, y este año se le agrega una dificultad mayor porque tenemos un papa argentino”, reconoce la presidenta del bloque del FpV al admitir la imposibilidad de avanzar en esa cuestión, sobre todo en un año electoral: “Este año es además un poco más complicado porque es un año electoral”.
Sugiere entonces avanzar en “este tipo de discusión cuando no están los votos”, y promueve “construir esa mayoría para poder tener un debate serio, lo que en la Argentina tiene que definitivamente darse en algún momento”.
Entre los candidatos de este año, quien no ha eludido ese debate es Myriam Bregman. También ocupa el segundo lugar de una de las listas que se presentan en la provincia de Buenos aires, en su caso por el Frente de Izquierda. Y desde su candidatura no sólo defiende la cuestión, sino que hace campaña con ella, proponiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Su aprobación, dice, “representaría un enorme paso adelante en el derecho a decidir de las mujeres y permitiría acabar con tantas muertes evitables de mujeres jóvenes, adolescentes y pobres”.
En su caso, Bregman no tiene pruritos por el hecho de que el papa sea argentino. Querellante en su momento del cura Von Wernich, la candidata ha dicho que “esa misma Iglesia que fue cómplice del genocidio, misógina, homofóbica y que encubre abusadores entre sus filas, es responsable de que sigan muriendo cientos de mujeres por las consecuencias del aborto clandestino”.
Amén de que no se incluya en la discusión electoral, ¿qué posibilidades hay de que el Congreso que surja de las próximas elecciones sí lo incluya en su agenda? Habrá que ver su conformación y escuchar a los protagonistas, pero lo cierto es que existe un proyecto para despenalizar el aborto que tiene características muy similares a una legislación que ya se aplica en un país de raigambre católica como es México. Más específicamente en el Distrito Federal.
En efecto, desafiando este statu quo, feministas de Católicas por el Derecho a Decidir de México se pusieron en campaña para reproducir en Argentina una exposición artística sobre la cuestión del aborto de gran éxito en el país azteca.
La muestra audiovisual, titulada “Derecho a Decidir. Aborto legal en la Ciudad de México: un modelo para la región”, se realizó en el Centro Cultural Borges con la participación de dos importantes referentes del feminismo mexicano: la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo (LBA), quien tuvo a cargo la defensa ante la Suprema Corte de Justicia la legislación que despenalizó el aborto en el Distrito Federal, y la antropóloga María Consuelo Mejía (MCM), directora de Católicas.
Semanario Parlamentario aprovechó la visita de ambas para conversar sobre los puntos principales de la ley mexicana, el proceso que permitió su sanción y los “mitos” que según las feministas derribó la despenalización del aborto.
Del encuentro en el Congreso de la Nación también participó la exdiputada socialista María Elena Barbagelata (MEB), actual integrante de la Comisión de Reforma del Código Penal.
Como no podía ser de otra manera, se analizó el estado de la cuestión en Argentina, con particular énfasis en las posturas dominantes en la clase política, el cuerpo judicial y la comunidad médica. Sin lugar a dudas, las entrevistadas aseguraron que la legalización del aborto en nuestro país depende de una firme “decisión política” y que la discusión sobre la inconstitucionalidad del aborto ya está agotada.
El origen de la ley azteca
Cuando Marcelo Ebrad asumió la jefatura de Gobierno de la ciudad de México en 2006 se vio envuelto en el dilema de todo político que aspira a la presidencia de la Nación: priorizar su ética de las convicciones o adoptar el grado de pragmatismo necesario que “marcan” las encuestas de opinión para creer en popularidad.
María Consuelo Mejía y Leticia Bonifaz Alfonzo cuentan que el exmandatario se inclinó por lo primero. “La ley fue producto de tres cosas: la fuerza social, la traducción jurídica, pero más que nada de la decisión política. Porque puedes tener la población más activa desde el punto de vista de las organizaciones, pero si no tienes un político que decida que el tema vaya para adelante es muy difícil que así suceda”, destacó la primera.
En el mismo sentido, la doctora Bonifaz Alfonzo recordó que Marcelo Ebrad no dudó en ir a fondo con la cuestión: “Él dijo: ‘si somos gente de izquierda que luchó para estar aquí y no hacemos lo que estamos convencidos que tenemos que hacer, entonces no tiene sentido que gobernemos’. Ebrad ni siquiera esperó las mediciones de la opinión pública (para presentar el proyecto de ley), independiente del costo político que esto pudiera traerle. Porque es evidente que cualquier político siempre está pensando en su futuro”.
La propuesta se presentó, según recuerda Mejía, en un contexto que le era favorable: “La ley tuvo que ver con un Gobierno de izquierda que comenzó en 2006 con una mayoría importante de izquierda, ya que la oposición casi no tenía peso. Por supuesto que tuvimos cierta resistencia por parte de la Iglesia Católica de México, que en ese momento estaba con el problema de la pederastia al punto tal que el cardenal primero estaba citado a declarar en Los Ángeles; es decir, estaban en un serio problema y tampoco los grupos afines tuvieron la reacción que nosotras esperábamos”.
– Entonces podríamos decir que la ley se obtuvo a partir de una iniciativa impulsada desde la máxima autoridad del Estado local y en un contexto de oportunidad, donde la relación de fuerzas le era favorable. Una situación bastante diferente a la que se vive hoy en Argentina –inquiere Parlamentario.
Mejía: Estoy convencida de que sin el apoyo explícito por parte de las autoridades políticas de la Ciudad de México la despenalización del aborto no hubiera sido posible.
Bonifaz Alfonzo: Además jugó a favor el elemento sorpresa, que fue muy relevante. Fue un proceso donde se guardó mucha mesura, no tuvo estridencias, no hubo enfrentamientos ni en la calle ni en canales de televisión. No podemos descuidar el tema de los medios de comunicación. Esta es una “sociedad teledirigida”, en términos de (el politólogo italiano Giovanni) Sartori. Y ninguna de las televisoras usó el tema para atacar, denigrar y generar conflictos. Las dos grandes cadenas de televisión que hubieran podido manipular a la opinión pública fueron respetuosas.
Mejía: De hecho nos invitaron a varios debates. Después de que se presentó la primera iniciativa (de ley) hubo tres meses de debate abierto que la misma Asamblea convocó. Y hubo intelectuales que no tuvimos que convencerlos, ya que por su propia cuenta hicieron campaña a favor del derecho a decidir.
No obstante, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir reconoció todo una militancia previa en miras a “ganar a la opinión pública a favor” de la despenalización del aborto y que permitió preparar el terreno para la discusión que más tarde instaló el Gobierno. Desde la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, cuenta Mejía, se trazó una estrategia a partir del 2000 que consistió en “educar, concientizar, sensibilizar a los actores claves y romper con el estigma” en relación a la interrupción voluntaria del embarazo.
De esta empresa la antropóloga mexicana destacó los esfuerzos de las organizaciones “por ampliar el discurso: entender que el aborto ya no es un tema solo de derecho a mi cuerpo; es también un tema de democracia y justicia social, porque las mujeres que se mueren por abortos son aquellas que no tienen recursos, y un tema de salud pública, porque los recursos (estatales) se usan para atender a las complicaciones de abortos inseguros cuando deberían usarse para prevenir la mortalidad materna”
Una ley “integral”. Bonifaz Alfonzo destacó a Semanario Parlamentario la “integralidad” de la ley sancionada en México. “No solo garantiza el aborto hasta las 12 semanas de embarazo sino que además aborda la prevención, la educación sexual, los anticonceptivos, la atención postaborto y el seguimiento, todo gratuito. Esto es importante, porque las mujeres que no tienen recursos económicos no tendrían garantizada todas estas cosas de no ser por esta ley”, resalta la jurista.
Sin embargo, la norma tiene un alcance limitado dado que solo rige para el distrito federal. “Salvo el hospital militar donde tenemos noticias de que sí hay abortos, no en todos los hospitales federales se practica la IVE porque (al momento de sancionarse la ley) el Gobierno del distrito federal de México era liberal de izquierda y el Gobierno nacional conservador de derecha”, explica Bonifaz Alfonzo, en alusión a la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Además, se trata de una intervención garantizada únicamente en los hospitales públicos de la ciudad, ya que los centros de salud privados no tienen la obligación de practicarla aunque están exentos de sanciones en caso de realizarla.
En lo que hace a la educación sexual, Mejía explicó que el Gobierno distrital se las ingenió para sortear los límites que le impone el sistema institucional mexicano para la ejecución de políticas públicas: publicó un libro de educación sexual que repartió de manera gratuita y organizó a un grupo de especialistas para “brindar información a las pacientes sobre los métodos anticonceptivos”.
Instancias jurídicas
Por lo general la cuestión del aborto se suele abordar a través de dos perspectivas. Una que hace foco en el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en la integridad corporal y la autodeterminación sexual; y otra desde la óptica de la salud pública y que, por lo menos en Argentina, resalta que los abortos practicados en condiciones inseguras son la principal causa de mortalidad materna.
En tal sentido, María Consuelo Mejía señaló a Semanario Parlamentario que “para los funcionarios y funcionarias (estatales mexicanos) pesó mucho el tema de salud pública” y que “para los movimientos (sociales) y los formadores de opinión pesó el tema de los derechos”.
Pero ninguno de estos enfoques agota el debate; pues existe toda una trama de argumentos y contraargumentos religiosos, jurídicos, científicos y filosóficos a los que apelan quienes aceptan y quienes rechazan la IVE. No obstante, a la hora de diseñar y aplicar leyes predomina el campo del derecho.
Precisamente, uno de los principales fundamentos jurídicos que esgrimen quienes se oponen a la despenalización del aborto es el artículo 4, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Tal herramienta se utilizó para impugnar la ley en la Ciudad de México. “La historia jurídica no terminó con la aprobación de la ley porque hubo una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano estatal autónomo que en aquella época estaba presidido por un hombre muy conservador del Opus Dei”, comentó la doctora Bonifaz Alfonzo.
La jurista, encargada de defender la constitucionalidad de la ley distrital ante el máximo tribunal mexicano, descartó que el artículo citado prohíba la IVE. “Cuando estás en el marco del derecho a decidir (sobre el embarazo) y el derecho a la vida del embrión, ya hay derechos a ponderar. Significa que la mujer que libremente se embaraza y desea continuar con su embarazo tiene protección; pero ella decide si continúa o no con el embarazo”.
Sobre este mismo punto, la doctora María Elena Barbagelata afirmó a Semanario Parlamentario que en la comunidad jurídica argentina existe una interpretación dominante que es “clara e igual que en México” y que por ende el debate “está saldado”.
“Como esto tiene sus buenos años ya ha decantado en doctrina, en jurisprudencia y, salvo alguien que lo tironee mucho, ya no hay más discusión al respecto. Ya lo dijo nuestra Corte Suprema de Justicia en el caso del aborto no punible por violación; expresamente toma la interpretación amplia de los convenios internacionales que permiten las excepciones para abortar, por lo general, durante las primeras 12 semanas de embarazo”, explicó la jurista.
En el mismo sentido Barbagelata precisó que a través del fallo Artavía Murillo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una “nueva interpretación” del artículo 4 de la Convención Americana y “volvió a afirmar que esto en nada obstaculiza reglamentaciones que se apoyen en el derecho a decidir de la mujer”. “De lo contrario”, explica, “habría una prohibición absoluta del aborto, incluso en los casos en los que está en riesgo la vida de la mujer”.
“Todavía existen legislaciones en América Latina que imponen la preferencia del feto por sobre la mujer y que la impiden a ésta optar para defender su vida; aunque más que una opción ya es un estado de necesidad. La Corte Interamericana ha dicho que eso vulnera el derecho de las mujeres y que estos países, Chile, Nicaragua y República Dominicana, entre otros, deberían reformar sus leyes. En definitiva, este debate está saldado en doctrina y en jurisprudencia nacional e internacional”, aseguró la exdiputada del Partido Socialista.
De eso (casi) ni se habla
El diagnóstico de María Consuelo Mejía y Leticia Bonifaz Alfonzo es claro: la legalización del aborto en Argentina depende de una firme “decisión política”; y en ello coincidirán María Elena Barbagelata y Julia Martino, integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo de 300 agrupaciones que motoriza el tema en nuestro país.
Ambas son conscientes de que la cuestión del aborto está prácticamente excluida de la agenda electoral. “Es un tema polémico y ‘pianta’ votos, pocos partidos, minoritarios, hacen de la legalización del aborto su tema de campaña”, admite Martino, en alusión al Frente de Izquierda y la agrupación Las Rojas que en Capital Federal no logró superar las PASO.
Sin embargo, la militante feminista asegura que el tema “está más instalado de lo que parece”. “Prácticamente a todos los principales candidatos se les ha preguntado en los medios de comunicación su postura en relación al aborto. Hay quienes no se quieren definir; pero más allá de que ellos no se quieran pronunciar sobre el tema, saben que en algún momento se les va a preguntar. Eso es una novedad”, sostuvo Julia Martino.
A tono con esta idea, Barbagelata reconoció que “lamentablemente hay demandas que están adelante” y que hoy la cuestión de la “inseguridad” ocupa buena parte de la campaña política.
Mitos y realidades
La legalización de la IVE en la ciudad de México lleva siete años de plena vigencia. A pesar de eso, Leticia Bonifaz Alfonzo reconoce que “todavía no hay datos precisos” sobre la evolución de los casos de mortalidad materna causados por abortos, dada la imposibilidad de “cuantificar la cantidad de vidas que se salvaron, ya que muchas mujeres habían recurrido al aborto clandestino” y por lo tanto constituían “cifras negras”. De todas maneras, asegura que “no ha habido muertes maternas causadas por abortos inseguros”.
Así las cosas, la jurista señaló que del total de mujeres que interrumpen su embarazo en México D. F., “el 33 por ciento viene del estado de México, que es la entidad que envuelve el Distrito Federal” y se caracteriza por ser “una zona pobre”. “Del resto de la República viene un 12 por ciento, más las que vienen de países vecinos”, completó.
Por lo demás, Bonifaz Alfonzo resaltó a Semanario Parlamentario que desde que se despenalizó la IVE “se rompieron varios mitos”. “Por ejemplo, que las adolescentes iban a ser las que más iban a abortar por la falta de educación sexual y ‘por no saberse reprimir’. Esto es falso. Las jovencitas no solo son las que menos abortan sino que además en muchos casos tienen más educación sexual que las adultas de cierta edad”, comentó.
María Consuelo Mejía también se refirió a toda otra serie de pronósticos: “No han habido multitudes paradas en las esquinas de las clínicas esperando para practicarse un aborto, más allá de los que se oponen y van para engañar a las mujeres. No son las adolescentes las que más abortan. No ha habido un aumento de la mortalidad materna por abortos. Estos siete años (de vigencia de la ley) muestran que todo esto que se ha dicho es falso. Y lo más importante: la ley no obliga a nadie a abortar; permite, abre posibilidades”.
Los mitos y realidades en torno al aborto no escapan de la experiencia en nuestro país. De acuerdo con nuestro Código Penal, que data de 1921, debería penarse con reclusión o prisión tanto a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare, como a aquel al que lo practicase. Sin embargo, María Elena Barbagelata indicó que “las pocas condenas que hay demuestra que la ley es ineficaz porque no conduce a evitar abortos y a penalizar”.
“Hay aproximadamente cuatro causas (judiciales) por año. Pero de acuerdo con los abortos que se practican en el país deberían haber 500.00 causas. Y más los partícipes serían un millón de imputados por año: un disparate”, señaló la jurista, integrante de integrante de la Comisión de Reforma del Código Penal.
El máximo desafío
De todas maneras, Barbagelata admitió que “ninguna norma en materia de género garantiza la efectividad” de un derecho aunque “es la herramienta indispensable” para su cumplimiento.
“Hace poco en una reunión de la CEPAL se concluyó que en América cada vez tenemos más y mejores leyes pero la brecha en la ejecución es tremenda. Este es otro desafío. Una vez que tengamos la ley no nos podemos quedar sentados. La realidad es distinta en cada una de las provincias y lo que sucede con la aplicación de la ley de Educación Sexual es el caso más paradigmático”, advirtió la militante socialista.
Precisamente sobre este punto, la diputada kirchnerista Adela Segarra sostuvo a Semanario Parlamentario que “habría que reformar la Constitución” ya que “el Gobierno nacional no puede interferir en las cuestiones provinciales”; pues recordemos que la educación es gestionada por los gobiernos provinciales.
La Casa Rosada “debería ser garante de determinadas políticas públicas porque cuando las provincias son las responsables de aplicar las leyes nacionales hay menos injerencia para intervenir”, sostuvo Segarra, que encabeza el proyecto de despenalización del aborto en el Congreso.
Pero Barbagelata toma distancia de su colega feminista. Si bien reconoció que las administraciones provinciales “llevan a una gran heterogeneidad” en materia de educación, aseguró que “no necesitamos una reforma de la Constitución porque la misma Constitución y los pactos internacionales que forman parte de ella ya dicen lo que hay que hacer”.
“Hay un plexo normativo importante. Y si hay trabas para articular políticas públicas entre las provincias, lo que falta es voluntad política. Algunas ya sabemos que son reacias a estos temas: la religión está en las constituciones de Salta y Tucumán y ambas son oficialistas. Pero la Constitución nacional no tiene nada que ver; pongamos las cosas sobre la mesa…”, enfatizó la exdiputada socialista a Semanario Parlamentario.
Ante la consulta puntual de este medio, tanto Barbagelata como la doctora Bonifaz Alfonso también descartaron que sea necesario reformar las cartas magnas de México y Argentina para consagrar la IVE como un derecho constitucional, a los efectos de evitar eventuales normas o resoluciones judiciales que a la postre la prohíban.
Como fuera, Barbagelata se mostró optimista sobre el futuro judicial de una eventual ley que despenalice el aborto en Argentina. “Creo que tenemos muchas posibilidades porque tenemos una Corte comprometida con los derechos humanos de las mujeres (…) Le veo un muy buen pronóstico, no exento de vías recursivas y debate”, pronosticó la jurista, que también destacó: “Incluso en la comunidad médica hay más reconocimiento de lo que parece. Algunos son aliados nuestros. El tema del aborto se ha instalado en los temarios de las reuniones nacionales”.
Derecho a decidir
Más allá de las cuestiones jurídicas, las feministas remarcaron a Semanario Parlamentario que lo que está en juego es “el derecho fundamental a decidir sobre la maternidad”. “Esa cantidad de recursos y factores que te han querido meter en esa decisión es inaudita. No puedes obligar a una mujer a ser madre. La libertad de conciencia es un valor fundamental”, insistió María Consuelo Mejía.
En el mismo sentido Leticia Bonifaz Alfonzo sostuvo que “la maternidad no debe ser un castigo”, pese a que “muchos lo consideran como una consecuencia de ‘no haberse cuidado’”.
Su colega agregó: “No estamos hablando solo del derecho a decidir sobre la maternidad sino también sobre el desarrollo futuro de la criatura. Quienes se oponen al aborto y hablan de los embriones nunca van a las calles a ver qué hacen los niños y niñas que nacieron en condiciones de absoluta falta de deseo; no digamos de pobreza porque ahí hay que tener mucho cuidado. Yo no le voy a decir a las indígenas de Chiapas qué deben hacer; las voy a aconsejar en base a mi experiencia; pero es su decisión”.
“La ley permite a la mujer a decidir sobre su embarazo pero no la obliga a nada; abre una puerta, una posibilidad; la experiencia de libertad. La autonomía sexual es otro aspecto del tema. Muchísimas mujeres no han vivido la sexualidad más allá de la obligación o la enfermedad”, concluyó Mejía.
