La reciente reunión del G20 reiteró la figura de la presidenta argentina quejándose amargamente de los llamados “fondos buitre”. El “relato”, sin embargo, volvió a marchar por carriles muy diferentes a la realidad. Apenas unas horas antes, y por inspiración del oficialismo, el Senado aprobaba la derogación de la ley “cerrojo”. De ese modo, el gobierno reabría el canje de deuda en beneficio de los consabidos buitres. La ya pesada carga de la deuda externa añade otra mochila sobre las espaldas del país. Los voceros oficiales aseguran que quienes adhieran al canje no recibirán “ninguna ventaja” respecto de quienes lo hicieron en 2005 y 2010. En buen español: nos dicen que recibirán todas las ventajas de aquéllos. Entre ellas, los pagos asociados al crecimiento de la economía nacional (cupón del PBI), el cual, según algunos cálculos, terminará neutralizando en el tiempo la quita establecida sobre la deuda original. La hipoteca adicional de este nuevo canje se asume después que el país ha pagado –según lo reconoce la propia presidenta- 175.000 millones de u$s en todos estos años. Pero tampoco es cierta la especie oficial de que ello nos ha conducido al “desendeudamiento”: la contrapartida de esos pagos ha sido el endeudamiento creciente con el Banco Central y el Anses, a quienes se le entregaron títulos de renovación indefinida y pago incierto.

Volviendo al G20, la queja presidencial apuntó a que el gobierno de Obama rechazó cualquier censura a los mentados “buitres”. En la misma línea –y según señalan algunos observadores- el gobierno norteamericano se abstuvo de avalar los planteos del gobierno argentino ante la corte de apelaciones neoyorquina, e incluso habría inducido al FMI a hacer lo propio. Pero al mismo tiempo, el gobierno de Obama avaló la decisión de esa misma Cámara de dejar en suspenso la ejecución de la sentencia contra el país. Una estrategia que parece apuntar a apretar a la Argentina, pero sin afectar con embargos a los bonistas que adhirieron al canje. Con esta extorsión, la administración norteamericana no sólo le arrancó al kirchnerismo la derogación de la ley “cerrojo”: en las últimas horas, trascendió que el gobierno inició negociaciones para pagar los juicios pendientes en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI). Se trata de las demandas entabladas por empresas privatizadas que, en verdad, deberían ser ellas enjuiciadas por el estado calamitoso en que dejaron los servicios que brindaron. Para colmo, sus demandas contra el país fueron compradas por otros fondos buitres, que son quienes litigan hoy contra Argentina. En materia de pago de deudas fraudulentas y usurarias, al kirchnerismo sólo le falta (¿falta?) la del Club de París, contraída mayoritariamente bajo la dictadura militar.

Digamos, finalmente, que la derogación del cerrojo en favor de los buitres fue generosamente apoyada por casi toda la oposición en el Senado. Los cruces de la campaña electoral serán muy ruidosos. Pero la coincidencia de oficialistas y de la oposición tradicional en esta nueva hipoteca contra el país asume un carácter estratégico.

Marcelo Ramal es primer candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda