Los diputados nacionales Manuel Garrido y Graciela Ocaña realizaron una presentación ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional en la causa en la que se investiga la presunta comisión del delito de lavado de activos por parte del Ministro de Planificación Julio De Vido, Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, entre otros y Fabián Rossi.

En la misma, acompañan información relativa a las posibles irregularidades en los procedimientos de solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal por parte de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y/o de la Unidad de Información Financiera y/o de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Al respecto, en una nota periodística publicada en el diario El País, de Uruguay, de fecha 11 de septiembre de 2013 se expone que “la causa en Uruguay está ‘congelada’ desde mediados de junio y no puede avanzar hasta tanto llegue información solicitada por exhorto a la justicia argentina. Pero a la sede judicial que sigue el caso no llegó el exhorto tramitado por la jueza De los Santos”.

Asimismo, según la información periodística que acompañaron se cita que “el fiscal argentino Guillermo Marijuán, quien tiene a su cargo la causa, confirmó a (…) El País que desde Uruguay no llegó ningún exhorto de cooperación vinculado a ese expediente”.

De acuerdo con la información que recabaron los diputados, la justicia uruguaya realizó, con fecha 31 de mayo de 2013, tres pedidos de colaboración a la justicia de nuestro país. En este marco, con fecha 15 de agosto, es decir, dos meses y medio después del pedido de colaboración, la embajada argentina en Uruguay solicitó la denuncia realizada ante la justicia uruguaya por parte de Garrido y Ocaña. En el escrito judicial, los legisladores nacionales afirman que se habría dado cumplimiento con el requerimiento, pero el exhorto aún no habría llegado a la justicia argentina.

Por otra parte el juzgado a cargo del doctor Casanello habría enviado un expediente a la Cancillería argentina, a efectos de que, por su intermedio, se lo hiciera llegar a las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay. La Cancillería habría enviado el expediente a un “Área del Mercosur” a efectos de tramitar el envío, el que recién se efectivizó con fecha 5 de septiembre, más de dos meses después de su envío.

De esta manera, señalan Garrido y Ocaña, se han configurado dos situaciones irregulares: el exhorto enviado por el doctor Casanello habría llegado a la justicia Uruguaya dos meses después. Y por otro lado, el exhorto enviado por la Justicia uruguaya nunca llegó a nuestro país.

Por estas razones es que los diputados piden que se determinen los pasos seguidos y las razones de las demoras irregulares en que funcionarios de Cancillería y/o de la AFIP habrían incurrido, lo que de hecho obstaculiza que la causa pueda seguir avanzando.