Se ha instalado, como en otras oportunidades, el debate sobre la baja de la edad de la imputabilidad de los menores. Y como en tantas otras oportunidades el debate se da mal, intencionadamente. Alguna vez se dio ante un hecho dramático, hoy se dispara por necesidades electorales de candidatos para congraciarse con la opinión pública y subir algún punto en las encuestas.

El socialismo se opone a la baja de la edad de imputabilidad, porque los menores, precisamente por serlo, necesitan un tratamiento diferenciado de los mayores. El socialismo impulsa un Régimen Especial Juvenil de tratamiento del delito que no los exime de responsabilidad y sí establece jueces y fiscales especiales, institutos especiales y penas acordes a su realidad, como lo aprobamos en el Senado y nunca quiso tratarlo el oficialismo en la Cámara de Diputados. Llama la atención que sea el mismo oficialismo el que hoy dispara el debate.

Nuestro país se comprometió, por ser firmante de la Convención de los Derechos del Niño, a sancionar un Régimen Especial Juvenil y a designar al Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; además de este incumplimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por tener a dos jóvenes de 16 años en cadena perpetua con un régimen vigente de la época de la dictadura.

Argentina padece un profundo problema de exclusión social que se refleja en millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, y viven en condiciones de marginalidad, privados absolutamente de todo. El verdadero problema se asume atacando sus causas. Para ser duros con las causas del problema debe haber un fuerte y mayor compromiso en el desarrollo de políticas de estado nacionales, provinciales y municipales hacia la adolescencia y la juventud a través de la educación, la cultura la salud y el trabajo.

Ningún pibe nace chorro, como dice la canción, “un mimo y un libro a tiempo puede más que tu temor”