Cuando se habla de Régimen Penal Juvenil hay que saber que entramos en un debate que trasciende la cuestión de la imputabilidad penal. Se trata de una discusión sobre derechos humanos, sobre educación, infancia y adolescencia, sobre sociedades inclusivas. No podemos instalar este tema persiguiendo solamente el “castigo” sino que debemos proponernos trabajar en pos del mejoramiento de los mecanismos de integración social que puedan evitar la reproducción de las conductas delictivas en los jóvenes. La imputabilidad tiene que ver con la capacidad psíquica que tiene una persona para comprender que realizó algo en contra de la ley. A partir de la edad en que se considera que se adquiere esa capacidad psíquica, es cuando el sujeto, para la ley, puede ser sancionado con una pena.

La legislación tutelar vigente encierra graves problemas de legalidad ya que, bajo la excusa de aplicar un régimen de protección, se deja a los chicos sin la posibilidad de contar con un proceso justo que respete su derecho a la defensa y a ser oído, y en muchos casos se los priva de su libertad por delitos que a un adulto se lo dejaría libre. Esta situación se observa sobre todo con los menores de 16 años.

La Argentina tiene una asignatura pendiente, la de instalar un debate serio y responsable respecto de los menores en conflicto con la Ley, es decir: la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil. Hasta el momento, el debate en nuestro país siempre surgió como consecuencia de un hecho puntual o bien como medida efectista/oportunista producto de un año electoral.

La seguridad no está exenta de los cambios producidos a nivel mundial en torno al contexto económico-social y cultural. La desestructuración del mundo laboral y del espacio familiar son dos situaciones repetidas en la vida de la mayoría de los menores que delinquen. Asimismo, el lugar que ocupa la droga es fundamental ya que el narcotráfico suele encontrar en los más jóvenes un terreno fértil donde operar.

Sin duda alguna, la inseguridad es el hecho que ocupa y preocupa a la sociedad, es lo que atraviesa a todas las clases sociales, es la verdadera “agenda” de la gente. Pero ocuparnos de dar respuestas efectivas a esta demanda social no puede significar, de ninguna manera, decirle a la gente que encerrando a los menores se terminan los delitos, lo que es lo mismo que criminalizarlos, ese es el mensaje que está detrás de un título liviano e irresponsable, vacío de contenido, que pone el acento equivocado en lo que no es prioridad, al solo efecto de causar un impacto electoral que los muestre preocupados por un tema que hasta hoy era solo una sensación.

El debate de fondo que debemos dar no pasa por “bajar o no bajar la edad” de imputabilidad. La discusión empieza por diseñar un régimen penal juvenil especial en absoluta sintonía con la ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y los tratados internacionales con jerarquía constitucional a los que adhirió nuestro país. Un sistema que contemple las características distintivas que tienen los menores respecto de los adultos, que tenga en cuenta su grado de maduración, que establezca procesos cortos y penas alternativas, mecanismos de mediación y restauración del daño que causen, donde la privación de la libertad sea el último recurso, pero se pueda trabajar con el menor para que asuma la responsabilidad de sus actos, cumpla la sanción y tenga la oportunidad de adquirir las reglas de convivencia que evidentemente no pudo aprender, y que son necesarias para vivir en sociedad lejos del delito. Se trata entonces, no solo de garantías sino también de medidas sociales y educativas. Diseñar este sistema, sancionar una ley en consecuencia nos exige un segundo debate, y es si el Estado, si los gobiernos, están en condiciones o tienen la voluntad política de crear la infraestructura necesaria y de disponer de los recursos para hacerla efectiva.

Por eso, cuando algún Ministro del gobierno nacional habla de la valentía del candidato a primer diputado nacional del Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires, al plantear el tema de la baja en la edad de imputabilidad, me pregunto ¿qué significará la valentía para él? Si por valentía entendemos coraje moral para actuar correctamente a pesar de los obstáculos, lejos está su planteo de lo correcto, de lo valiente, mucho más cerca está de su opuesto, de la cobardía de no hacerse cargo de los demandas reales de la gente, superando los discursos efectistas y los falsos debates, con la voluntad política necesaria para reconocer un problema, y darle solución.

Gladys González es diputada nacional del Pro