Legisladores nacionales receptaron un amplio abanico de dudas y sospechas de organizaciones de derechos humanos en torno al traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), de su actual sede, en el Hospital Durand, hasta el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La audiencia fue organizada por la senadora Norma Morandini (Córdoba-FAP), luego de que el juez Ernesto Marinelli frenara al traslado del organismo al hacer lugar al amparo presentado por familiares de desaparecidos durante la última dictadura.

En el marco del encuentro en el Salón Azul del Senado, representantes de organismos de derechos humanos, abogados y trabajadores del BNDG manifestaron sus inquietudes por el “resguardo” y la “confidencialidad” de los datos genéticos, así como por su posible uso para fines comerciales.

Morandini señaló que si bien no se opone “al avance científico-tecnológico” que podría implicar el traslado del Banco, planteó sus “dudas” por el protagonismo de “científicos vinculados a laboratorios privados” en la medida impulsada por el Gobierno, en desmedro de la consideración de organismos de derechos humanos.

“Chicha” Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo e impulsora de la creación del BNGD, ponderó el desarrollo del organismo, del cual dijo “hoy es una maravilla” y su sede en el Durand “pasó a ser un lugar casi sagrado”.

“Toda esa historia tan dura, tan vivida que nos costó tanto armar (…) ¿Puedo estar yo segura de que no va a pasar nada (con el traslado)? ¿Qué hacemos después? ¿Y si pasa algo, si falta algo de lo mucho que han atesorado en el Banco?”, se preguntó.

María Teresa Fernández, de Memoria Militante, afirmó que “no fuimos notificados de la situación en que van a quedar las muestras” y “cómo se va a tratar el grado de confidencialidad (de los datos)”. “No queremos sospechar absolutamente de nada, pero queremos saber cómo va a ser el traslado de las muestras y si es compatible para ver si es posible funcionar un banco con otro”, expresó Fernández, y pidió saber si el traslado del Banco “es decisión política que no tiene vuelta atrás o si vamos a poder ser parte de una mesa de discusión” sobre el asunto.

Además, la militante de derechos humanos se preguntó si en verdad el BNDG “se va a convertir en el Instituto de Genómica Humana”.

Liliana Alaniz (Apel) sugirió que así sería y planteó que el interés del Gobierno sería transformar el Banco en la plataforma de un acuerdo con laboratorios y capitales privados: “El miedo es qué va a pasar con el Banco, tenemos un ministerio que es casi una agencia de Monsanto, que permite usos de agroquímicos”, planteó en alusión a la cartera de Ciencia y Tecnología que conduce Lino Barañao.

Del encuentro también participaron la diputada Cornelia Schmidt-Liermann (Pro) y los senadores Alfredo Martínez (UCR) y María Eugenia Estenssoro (CC ARI), entre otros.

Schmidt-Liermann declaró que “debemos proteger el Banco porque sin identidad no hay Nación”. En este sentido, la referente del Pro en la Cámara baja explicó que “la Ley 26.548 es regresiva de los derechos humanos porque determinó que el banco de datos genéticos sólo podrá ser usado para averiguar la identidad de víctimas de delitos de lesa humanidad, e incluso lo restringe a aquellos que se hayan registrado hasta 1983, dejando de lado a todas las demás personas que buscan su identidad”, para luego señalar que “de esta manera casos como el de Julio López quedarían afuera”.