“Esta fiscalía está convencida de que el hecho existió y por eso va a acusar sin ninguna duda”, se aseguró en las instancias finales del juicio que tiene como principal acusado al ex presidente Fernando de la Rúa.
El juicio por las coimas en el Senado está llegando a una conclusión, por lo que empezó el alegato final en la voz de la fiscal Sabrina Namer, quien fue contundente al asegurar que “esta fiscalía está convencida de que el hecho existió y por eso va a acusar sin ninguna duda”.
El Tribunal Oral Federal 3 es el que lleva adelante la causa que juzga al ex presidente Fernando de la Rúa por el pago de sobornos a funcionarios de la Cámara alta para conseguir la aprobación de la ley de reforma laboral. Al respecto la fiscalía sostuvo que en abril de 2000 el ex mandatario “prometió” el dinero a referentes del PJ y dio instrucciones para concretar el cohecho a sus funcionarios.
En referencia a los cinco millones de pesos que salieron de la SIDE con rumbo al Congreso, Namer afirmó que existe un “cuadro probatorio que permitirá sostener con creces la acusación”, porque “se encuentra acreditado que el doctor Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen”.
Según la acusación, es por eso que el ex titular de la SIDE y también procesado en la causa Fernando Santibañes siguió “instrucciones directas” del presidente y se reunió con el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, para dar directivas “sobre el modo de entrega”.
Por otra parte, la fiscalía desestimó las declaraciones de los ex senadores que se presentaron como testigos a lo largo del juicio y dijeron no haber sabido del pago de sobornos, a lo que se respondió que es por eso que “varios de esos testimonios no pueden ser considerados objetivos e imparciales”.
Además, recordó el “pedido de ‘que se vayan todos”, y explicó que fue “un descrédito que no dejaba afuera ningún poder, porque la gente estaba harta y lo demostraba de maneras impensables, como el histórico cacerolazo. Por eso la palabra que sintetiza todo este juicio es instituciones, la gravedad en que quedaron las instituciones como consecuencia del hecho”, opinó.
El alegato de la fiscalía se extenderá hasta el viernes. La semana pasada la Oficina Anticorrupción reclamó seis años y seis meses de prisión para el ex presidente y para De Santibañes, y cinco años y seis meses para los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino y Ricardo Branda. Para el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique se pidió la absolución y un año de prisión para el arrepentido Pontaquarto.
