“El ataque a la iglesia San Ignacio de Loyola por parte de un grupo de alumnos del colegio Nacional Buenos Aires es un acto grave, repudiable y sancionable. Es también una oportunidad para que en cumplimiento de la ley, las sanciones tengan una fuerte finalidad educativa, que es la única garantía para que no vuelvan a suceder estos episodios”, aseguró la diputada nacional Mara Brawer (FPV), autora de la ley de “Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”, recientemente aprobada.

“En el sentido de lo que expresa la ley”, sostuvo la diputada kirchnerista, “destaco que se escuchen todas las voces de la comunidad educativa. En este caso, es importante poner la mirada en lo que dijeron los propios alumnos, quienes aclararon que desconocían que un grupo de sus compañeros planeaba este ataque, repudiaron el acto de vandalismo y se comprometieron públicamente a colaborar en la reparación de los daños”.

Brawer sostuvo que “las autoridades del colegio deben sancionar a los alumnos, respetando su derecho a ser escuchados”.

“En caso de que luego de su descargo, decidan que la sanción a aplicar es la expulsión del colegio al que ahora pertenecen, se debe asegurar la permanencia de los chicos en el sistema educativo y el posterior trabajo pedagógico para que estos alumnos asuman la responsabilidad de sus actos y comprendan el daño que provocaron. Como expresa la ley de convivencia escolar, las sanciones siempre deben tener una finalidad educativa”, finalizó la diputada.