El oficialismo en el Senado logró aprobar, junto con el Presupuesto 2014, los proyectos que extienden el vencimiento de cuatro impuestos y de la norma que amplía facultades al Poder Ejecutivo.
En el marco del plenario de las comisiones de Presupuesto y Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, el Frente para la Victoria consiguió este miércoles el dictamen sobre la serie de prórrogas que el Ejecutivo envió al Congreso junto con el Presupuesto.
El oficialismo logró aprobar la extensión de la vigencia de las leyes de Emergencia Económica y de cuatro impuestos: al Cheque, el Adicional sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos, el de Capital sobre las Cooperativas, y del Monotributo.
Al igual que en la Cámara de Diputados, el radicalismo volvió a cuestionar la prórroga de la Emergencia Económica en “contradicción” con la situación económica que describe el Gobierno: “Estarán haciendo un acto de sinceramiento de que en verdad la cosa no está tan bien”, deslizó Laura Montero.
Por otra parte, la UCR acompañó la prórroga del Impuesto al Cheque, pero volvió a exigir que se coparticipe entre las provincias al cien por cien, ya que hoy sólo reciben el 15 por ciento de lo que recauda el Estado con este tributo. “Ponen a los gobernadores en condición de ir a mendigar”, se quejó Gerardo Morales.
El Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios se implementó tras la crisis de 2001 junto con la Emergencia Económica.
A través de este tributo, el Estado nacional recauda el 0,6 por ciento de cada cheque que se deposita y el mismo porcentaje del que se cobra, de manera que el cliente no puede evadir el pago.
Con el esquema actual, el Gobierno nacional se queda con el 80,3 por ciento del dinero presupuestado. La ANSES recibe el 4,5 por ciento y los fondos de A.T.N. un 0,2, mientras que las provincias receptan el 15 por ciento.
Por otra parte, la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario fue sancionada en enero de 2002, con el país en plena crisis que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
La norma declaró entonces “la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria”, con el fin de reactivar el funcionamiento de la economía.
En ese sentido, delegó al Poder Ejecutivo la facultad de “reordenar” el sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; de establecer el sistema para determinar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.
De sancionarse el proyecto impulsado por la Casa Rosada, los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.
