Diputados del macrismo presentaron una denuncia por supuesta incompatibilidad de funciones que afecta a Lorenzino y Daura ante la Oficina Anticorrupción.
Bien temprano este miércoles, diputados opositores presentaron una denuncia por la incompatibilidad de funciones que afecta al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino y a la presidenta de la Sociedad del Estado Casa de Moneda, Katya Soledad Daura, debido a sus designaciones en los cargos de interventor y sub interventor, respectivamente, en la Compañía de Valores Sudamericana SA (exCiccone), a partir de la intervención dispuesta mediante decreto 1338/2012.
La denuncia fue formulada por el diputado Pablo Tonelli (Pro) y acompañada por los diputados Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Silvia Majdalani, Laura Alonso, Cornelia Schmidt Liermann y Julián Obiglio. En la presentación se denuncia la violación de la ley 25.188 de ética en la función pública y el Código de Ética de la Función Pública (decreto 41/99), entre otras normas.
El 27 de septiembre de este año, el juez Comercial Javier J. Cosentino resolvió “la pérdida de legitimación del interventor designado por decreto 1338/12 a los fines de la percepción de la indemnización derivada del trámite de expropiación de Compañía Sudamericana de Valores S.A., exCiccone SA”. El magistrado fundó su decisión para apartar a Hernán Lorenzino del cargo de interventor, en la incompatibilidad que afecta al funcionario.
Según los firmantes, dicha sentencia despeja toda duda en cuanto a la imposibilidad del ministro de Economía de ejercer el cargo de interventor ya que, tal como fundamenta Consentino en dicho fallo “al tratarse de intereses privados en conflicto con el interés del Estado, no es factible que el representante de la sociedad titular de aquellos intereses sea un funcionario de la Administración Pública”.
Esta incompatibilidad tiene como consecuencia la nulidad absoluta de los actos y decisiones que realizaron tanto Lorenzino como Daura al frente de la Compañía de Valores Sudamericana S.A., por lo que solicitaron al Poder Ejecutivo que tome las medidas que correspondan, en el ámbito de sus competencias y deberes, para subsanar esta situación.
Cabe recordar que en mayo de 2012, el diputado Pablo Tonelli presentó una denuncia de incompatibilidad de funciones contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y todos los funcionarios públicos que fueron designados para ocupar cargos jerárquicos en la empresa YPF S.A., a partir de la intervención de la misma dispuesta mediante el decreto 530/2012. En aquélla oportunidad, también se denunció la manifiesta violación de la ley de ética pública. Sin embargo, Tonelli manifestó que a más de un año de presentarse dicha denuncia, la Oficina Anticorrupción informa que, pronto a vencerse el plazo establecido, todavía no realizaron su descargo todas las partes denunciadas.
