El coágulo de Cristina modificó sustancialmente la campaña electoral y devolvió protagonismo al vicepresidente Amado Boudou, como así también lo puso en el centro de las críticas opositoras. La norma que siempre quiso cambiar CFK.
Sin lugar a dudas la intervención quirúrgica a la que debió ser sometida la presidenta de la Nación alteró todo el clima de campaña, a tres semanas de las elecciones. De hecho, la primera reflexión que mereció el anuncio oficial hecho por el vocero Alfredo Scoccimarro el sábado 5 de octubre, respecto a que Cristina Kirchner debería hacer reposo durante un mes, fue que la presidenta quedaba excluida de la campaña.
La vertiginosidad informativa dejó rápidamente de lado el reposo, al confirmarse la operación -llevada a cabo tres días después del primer anuncio-, y algunas versiones deslizaron la posibilidad de que Cristina pudiera volver al ruedo en dos semanas. Esto es, en los días previos a las elecciones.
Después, las informaciones médicas dieron cuenta de la necesidad de un descanso más prolongado, que debería extenderse por lo menos hasta la semana siguiente de las elecciones. Claro que, como buena Kirchner, ella podría atender su olfato político antes que a su salud, pero difícilmente eso suceda, después de lo que sucedió con su esposo. De hecho, el mismo día en el que era sometida a estudios en la Fundación Favaloro, Cristina señalaba en la segunda parte del reportaje concedido a Jorge Rial en el ciclo “Del otro lado”, que Néstor Kirchner se había poco menos que inmolado al concurrir al acto organizado por la juventud kirchnerista en el Luna Park a pocos días de haber sido sometido a una angioplastía con la colocación de un stent en una de las arterias coronarias que se encontraba obstruida.
Es impensable entonces que la presidenta pueda llegar a desafiar de tal manera la voluntad de los médicos que la atienden. Sobre todo si se tiene en cuenta la opinión de sus hijos, las únicas personas en el mundo en quienes ella dice confiar.
La situación planteó al oficialismo el inconveniente de tener que poner en el primer plano al vicepresidente Amado Boudou, cuya participación en la campaña se había suspendido oportunamente a sugerencia de los encuestadores. El presidente del Senado tiene la cualidad de estar en el momento justo, en el lugar indicado, según ha dicho su biógrafo Federico Mayol. Resultó cuando fue elegido por CFK como su compañero de fórmula, y a las pocas semanas de haber asumido ya quedó a cargo del Ejecutivo cuando la presidenta fue sometida a su operación de tiroides.
Ahora es diferente, pues en el ínterin surgieron las complicaciones judiciales y la situación de Boudou se complicó dramáticamente. Algunos habían llegado a sugerir incluso que en las próximas semanas habría novedades en la causa que lleva adelante el juez Lijo. Novedades no positivas para el vice, por cierto.
Pero tal vez Boudou haya estado una vez más en el lugar indicado, en el momento justo. De hecho, se descuenta que ninguna novedad habrá en la causa Ciccone en el marco de la actual coyuntura. Y el propio vicepresidente debe estar pensando íntimamente que esta es una nueva oportunidad que se le plantea para limpiar su imagen. De hecho, los medios oficialistas salieron a ensayar una encendida defensa del titular del Senado, lo mismo que varios destacados miembros del oficialismo.
No obstante ello, Amado Boudou pudo comprobar que su presencia sigue generando “ruido” al suspenderse actos que lo tenían como participante. Desde su entorno salieron a aclarar a los medios que eso no había sido a pedido del kirchnerismo, sino como consecuencia de cuestiones de agenda, destacando las múltiples reuniones que mantuvo y mantiene desde que está a cargo del Ejecutivo, al menos de manera formal.
Y ya que estamos en ese punto, generó una controversia la falta de publicación del acta notarial por la cual se deja constancia de que el vicepresidente se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por razones de salud de la presidenta Cristina Kirchner. Al respecto, los diputados nacionales Gerardo Milman (GEN) y Juan Pedro Tunessi (UCR) solicitaron a la Casa Rosada que remita a la Cámara de Diputados la copia de la misma. “Sabemos lo que dice el artículo 88 de la Constitución Nacional, pero cuestiones que aparentemente son claras, han sido distorsionadas por la confusa comunicación del Gobierno nacional y las declaraciones altisonantes, entre otros, del jefe de Gabinete de Ministros (Juan Manuel Abal Medina) haciendo de cuenta que aquí no ha pasado nada y sosteniendo que las decisiones las toma la presidenta y es ella la que se encarga de dar instrucciones, cuando es claro que el vicepresidente asume todas las funciones”, cuestionó Milman, quien se preguntó “¿por qué se empeñan en sostener esta postura? Seguramente porque es admitir que todas las funciones de la máxima autoridad del Estado están en cabeza de un ciudadano cuya conducta, moral y escala de valores se encuentran en discusión. Entonces, creemos que es relevante tomar conocimiento del acta a fin de evaluar sus extremos”.
La Ley de Acefalía
En el marco de esta situación planteada, el constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó que no se haya modificado la Ley de Acefalía. Dijo que no todas las cosas deben estar establecidas en la Constitución y que las leyes sirven para ordenar situaciones como la que se está dando. Así las cosas, señaló que la Ley de Acefalía actual rige desde los tiempos de Isabel Perón, y culpó a los políticos por no haberla modificado.
¿Quién fue la última persona que planteó en el Congreso su modificación? Cristina Fernández de Kirchner, en 2001. La entonces senadora nacional impulsaba entonces la modificación de la Ley de Acefalía, lo que era tomado por el radicalismo como un embate por la cabeza misma del poder. En esas mismas circunstancias y en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, emitió un dictamen para que el Congreso autoprorrogara las sesiones ordinarias hasta el 28 de febrero, en una medida que representaba una nueva estocada contra el Gobierno, ya que pretendía en ese tiempo dejarle las manos libres al PJ para votar la derogación de las facultades especiales de Domingo Cavallo, así como la citada reforma a la ley de Acefalía.
No hubo tiempo para ver cómo podría resolverse el conflicto institucional que se planteaba, ya que menos de una semana más tarde comenzarían los saqueos, la gente inundaría la Plaza de Mayo y caería el gobierno de Fernando de la Rúa.
Horas antes de que pasara esto, Cristina Kirchner había pedido públicamente la renuncia de De la Rúa y comicios no más allá de 90 días, acorde con los deseos de su esposo, que pretendía ser consagrado candidato por el Frente Federal, tal cual se había hablado las últimas semanas. Y que hasta entonces asumiera Ramón Puerta.
Después vino Eduardo Duhalde y los Kirchner no tardaron en plantársele al flamante presidente provisional. Y cuando ese presidente impulsó la Ley de Emergencia Pública, Cristina votó en contra. De hecho, la suya no fue una actitud aislada. Pero fue la única que quedó en el ojo de la tormenta. Los reproches para el resto de los díscolos fueron menguados y hasta en algunos casos, como en el de Liliana Negre de Alonso, se le justificó la actitud por la reciente caída de Adolfo Rodríguez Saá. En cambio, la actitud de la santacruceña motivó por ejemplo que el entrerriano Jorge Busti le enrostrara al presidente Duhalde el comportamiento de “tus amigos los Kirchner”.
Fue la génesis de lo que se dio en llamar el nuevo Grupo de los 8, compuesto en el Senado por legisladores que no se alineaban para votar lo que Duhalde pedía. Lo integraban Cristina, Nicolás Fernández, Jorge Yoma, los entrerrianos Jorge Busti y Graciela Bar, el chubutense Marcelo Guinle y los puntanos Liliana Negre y Raúl Ochoa.
Cuando los ocho rebeldes del Senado comenzaron a funcionar en bloque, confirmando las prevenciones del duhaldismo, convocaron incluso a una reunión conjunta en la que se juramentaron resistir los embates oficialistas para desmembrarlos. Allí hicieron saber que los únicos que podían decidir la remoción de la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales -o sea Cristina- eran los integrantes de la misma y cinco miembros del G-8 la integraban. Así las cosas, fueron por más: comenzaron a trabajar en la modificación de la Ley de Acefalía, con el objeto de lograr la caducidad de mandatos de todos los legisladores nacionales, a partir de la declaración de la emergencia institucional por parte de la Asamblea Legislativa.
Duhalde les respondió diciendo que “ninguna ley puede terminar con los mandatos de los legisladores”, mientras el resto de los senadores coincidía, advirtiendo que sostener la caducidad de mandatos y llamar a elecciones para todos los cargos sería entonces un verdadero salto al vacío.
Una semana más tarde, cinco de los disidentes -Yoma, Busti, Bar, Negre y Kirchner- volvieron a exhibirse juntos, esta vez para concurrir al Episcopado, donde presentaron su propuesta de Ley de Acefalía, que contemplaba el adelantamiento de elecciones para todos los cargos, en consonancia con lo que la Iglesia estaba demandando en la Mesa del Diálogo.
Obviamente la propuesta no prosperó y obedeció a un juego político que tenía a los Kirchner en el centro del ring, con la senadora pegando y su esposo allá en el sur, preparando su campaña presidencial.
