El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra y el cordobés Oscar Aguad se refirieron al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de la Ley de Medios. “La Corte Suprema se ha pronunciado y su decisión debe ser respetada. Ella es la última intérprete de la Constitución y su decisión es final”, señaló el diputado porteño.

Gil Lavedra destacó que “el fallo reconoce y respeta el margen político y democrático de actuación del Poder Legislativo. Lo que no quiere decir que la ley no sea objetable desde un punto de vista de técnica legislativa”. Luego explicó que “esta decisión de la Corte no significa que la Ley de Medios sea una buena ley. Es declarada constitucional porque se reconoce el interés democrático del Estado de regular algo tan importante como el acceso a la libertad de expresión y a la circulación de ideas, algo que se ha manifestado desde la restauración democrática. Pero que una ley sea constitucional no quiere decir que sea buena. Esta Ley de Medios es mala, además de sumamente controvertida, y desde el Congreso tiene que ser modificada en un futuro”.

“Además, hay que resaltar algo importantísimo que reconoce en este fallo la Corte: el problema no es la ley sancionada por el Congreso, el problema es la aplicación que pueda hacerse de ella”, apuntó el Gil Lavedra. “Una mala aplicación puede subvertir por completo un fin loable y legítimo, cuando se hace sin respetar determinados principios constitucionales básicos. Uno de estos es el derecho de propiedad, que la Corte establece que debe ser defendido mediante el pago de una indemnización por la revocación de licencias”.

“En este mismo sentido, el fin de garantizar la libertad de expresión y el principio de igualdad se contraría ante la entrega discrecional de licencias y la aplicación desigual de las leyes. Es por ello que la Corte difiere el control de constitucionalidad al momento de su aplicación. No por nada el fallo toma su tiempo en destacar la importancia de que el Poder Ejecutivo no sea capaz de utilizar mecanismos estatales como la distribución arbitraria y poco transparente de los subsidios y la publicidad oficial como una herramienta para la censura indirecta”, concluyó Gil Lavedra.

A su vez, el diputado nacional Oscar Aguad dijo que “la Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad y la libertad de expresión y todos los poderes del estado deben vigilar su cumplimiento. Tras el fallo de la Corte, su acatamiento no inhibe al grupo Clarín a hacer uso las vías recursivas que habilitan los tratados internacionales”.

Agregó que “más allá de ello, sostengo que queda lesionada la libertad de expresión en el país teniendo en cuenta la discrecionalidad del gobierno en el uso de la pauta oficial que desconoce fallos de la misma Corte que hoy declara la constitucionalidad de la ley de medios. Además el gobierno no da igualdad de trato en la adjudicación y/o revocación de licencias y el AFSCA no es un organismo técnico e independiente, es un apéndice del gobierno al servicio de la propaganda oficial”.

“Si los medios autónomos e independientes del gobierno no son sustentables, si no hay transparencia en la adjudicación de la pauta, si se utiliza el poder del Estado para amedrentar a sectores económicos a no pautar en medios independientes, si existen subsidios encubiertos y si se han adjudicado licencias prohibidas por la ley que hoy se defiende, hay dos caminos a seguir: revisar la ley en el Congreso Nacional e investigar a la autoridad de aplicación por la posible comisión de delitos que afectan el derecho de la sociedad a estar informada de manera libre e independiente”, concluyó Aguad.