A raíz de la polémica desatada por el fallo sobre la Ley de Medios, los siete magistrados advirtieron que las reuniones con otros poderes del Estado “forman parte de la actividad normal de la República”.
A través de un comunicado con la firma de todos sus miembros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a los cuestionamientos que recibió en los últimos días luego de que su titular, Ricardo Lorenzetti, reconociera reuniones y conversaciones con miembros del Gobierno nacional.
“Las reuniones entre representantes de poderes del Estado forman parte de la actividad normal de la República, y no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el Tribunal en las causas sometidas a su jurisdicción”, apuntaron los siete jueces del máximo tribunal.
La polémica se desató luego de que la Corte fallara a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios y la diputada Elisa Carrió y el Grupo Clarín reactivaran sus sospechas sobre un supuesto “pacto” entre Lorenzetti y la Casa Rosada.
En ese sentido, la Corte advirtió que “en nada contribuyen a este debate, ni al aludido fortalecimiento institucional los ataques dirigidos a los miembros del Tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública”.
“La elaboración de las sentencias y las deliberaciones internas de este Tribunal se ajustan estrictamente a los procedimientos legales establecidos al efecto, y su contenido es el resultado de la interpretación de las leyes y la Constitución Nacional que a él le compete”, alegaron en el escrito que lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Eugenio Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco.
“Esta Corte, desde que se consolidara en su actual composición, realizó ingentes esfuerzos para fortalecer las instituciones de esta República. Así, ha sostenido la independencia del Poder Judicial con firmeza, tanto en sus sentencias como en su posición institucional”, argumentaron.
Por último, los integrantes de la Corte Suprema consideraron que “la democracia necesita de un debate robusto de los actos estatales, lo que por cierto incluye a las sentencias judiciales, que pueden ser ampliamente criticadas por la opinión pública y los medios de comunicación”.
