El diputado y senador electo por Unen Fernando “Pino” Solanas presentó este jueves una ampliación de la denuncia contra el vicepresidente Amado Boudou por “tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por el canje de la deuda de 2010.

Solanas debía entrevistarse con el juez Noberto Oyarbide, pero al llegar al juzgado lo esperaba un escrito donde el magistrado se excusaba de la causa, que pasó nuevamente a manos del juez Ariel Lijo.

“Esta causa viene de lejos. En algún momento inventaron el pase de la causa del juez Lijo al juez Oyarbide, por eso fuimos para ampliar la denuncia, pero nos encontramos con que Oyarbide se excusó. Esto es un entuerto de fondos que compran por el 10 por ciento del valor de los bonos y terminan en un nuevo fondo buitre vinculados a empresas que explotan petróleo en Malvinas”, dijo “Pino”.

El senador electo solicitó que la Justicia investigue a Gramercy Funds Management, un fondo buitre con el que el Gobierno negoció en 2010 y en asociación con la consultora Arcadia, el canje de deuda. Ambas consultoras se asociaron con bancos extranjeros, quienes compraron títulos de la deuda externa a precios “de remate”.

Según el representante de Unen, el Grupo Gramercy, tiene como accionista a Black Rock, que es a su vez accionista de compañías petroleras que operan en las islas Malvinas, como Rockhopper, Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas, lo que supone la violación de lo establecido por la ley 26659.

“El canje fue una verdadera estafa para la Nación”, explicó Solanas, ya que los bonos que quedaron fuera del canje del 2005 no valían nada porque según habían afirmado el expresidente Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna, no podrían canjearse en el futuro.

Esos bonos fueron recuperados por los bancos y fondos de inversión y a través de Arcadia impulsaron una nueva operación de canje. En este sentido, advirtió el futuro senador, “la violación constitucional se produce porque se soslayó al Congreso en la negociación, cuando es el único autorizado para arreglar la deuda pública de la Nación”.

En mayo de 2013, el fiscal Jorge Di Lello imputó al vicepresidente Amado Boudou por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su presunta vinculación con la consultora Arcadia, que intervino en la operación de canje de la deuda en default de 2010.

Un mes más tarde, Solanas se presentó ante el juzgado del doctor Ariel Lijo, para ampliar la denuncia. Según planteó el diputado, la consultora Arcadia, propiedad del economista Emilio Ocampo y el abogado Marcelo Etchebarne Mihanovich, fue constituida con un capital exiguo y al sólo efecto del canje de deuda de 2010, y con sólo estas personas como parte integrante.

Boudou está imputado en la causa judicial en la que se investiga si cometió el delito de tráfico de influencias para beneficiar a los propietarios de los títulos de la deuda: la sospecha se basa en el rol que tuvo en esta operatoria la consultora Arcadia y sus vínculos con Boudou y otros funcionarios del Gobierno.