Por Carolina Ramos

Convencido de que “la Ley de Medios es un paso adelante para ser una sociedad más pluralista, integrada, democrática e igualitaria”, el diputado Mario Oporto (Frente para la Victoria), apuesta a la plena vigencia de la norma tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En una charla a fondo con Semanario Parlamentario, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática garantiza que “la libertad de expresión no está en juego”. “De lo que estuvimos hablando con el Grupo Clarín todo este tiempo fue de poder y de dinero”, asegura, aunque pronostica que el multimedios “presentará batalla judicial en cada paso de la adecuación”.

Por otra parte, el exministro de Educación bonaerense afirma que el Gobierno “tiene derecho, como lo tienen otros, a expresarse en los medios públicos” y se presta al debate sobre la publicidad en los medios. Asimismo, opina que las denuncias sobre un supuesto “pacto” entre el titular de la Corte y el Gobierno “rozan lo absurdo, lo antidemocrático y lo irrespetuoso”.

– ¿Qué reflexión hace sobre el fallo de la Corte a favor de la Ley de Medios? ¿Qué significa en relación a los 30 años de democracia?

– El fallo de la Corte fue largamente esperado, tal vez con exceso de tiempo. Este juego de las cautelares logró que una ley que tenía como objetivo la desmonopolización y la desconcentración de los medios audiovisuales en la Argentina se extendiera durante cuatro años. De todas maneras, fue muy bienvenido que finalmente la Corte dictara su parecer. Yo estoy muy feliz de que la Corte haya decidido que lo que el pueblo hizo a través de sus representantes en el Congreso no se haya alejado de lo que plantea la Constitución. Si lo conecto con los 30 años de democracia, hay algo que caracteriza institucionalmente a las dictaduras, que es actuar fuera de la ley –además de las crueldades, los asesinatos, la represión, la censura y la falta de libertad-, o sea, que no esté en vigencia la Constitución ni el Parlamento, aún cuando funcionen el Poder Ejecutivo y el Judicial. Por lo tanto, que la democracia pueda ser festejada en sus 30 años con el funcionamiento de los tres poderes, y que lo que decide el Poder Legislativo esté acorde a lo que la Constitución manda es una gran satisfacción para todos. La Ley de Medios es un paso adelante para ser una sociedad mejor, más pluralista, más integrada, más democrática, más igualitaria. Además, le ley plantea una nueva concepción del Estado, que no es el Estado liberal que tiene que evitar la censura del que habla, sino un Estado social y popular que interviene no sólo para que se ejerza el derecho individual de no ser censurado, sino el derecho colectivo de tener pluralidad de información a la hora de escuchar o de ver un medio masivo. Por lo tanto, también es una nueva concepción del derecho a la información, como un derecho social.

– ¿Qué opina del argumento de los multimedios acerca de que estaría en juego la libertad de expresión?

– Desde un primer momento la Justicia dijo que la libertad de expresión no estaba en juego, la discusión estuvo más vinculada al derecho de propiedad y a los patrimonios que a la libertad de expresión. En realidad, de lo que estuvimos hablando con el Grupo Clarín todo este tiempo fue de poder y de dinero, en ese orden. Les interesa más el poder que el dinero, pero el dinero hace al poder. Ellos se desenmascararon en la extraordinaria audiencia que desarrolló la Corte durante dos días, porque plantearon que sólo un poder económico poderoso que mantenga una corporación mediática de grandes dimensiones puede garantizar la libertad de expresión. Tienen una visión de la libertad de expresión muy vinculada al capitalismo concentrado. Esta es una ley para garantizar la libertad de expresión de múltiples medios, y no la libertad de uno solo.

– ¿Cómo les cayó el plan de adecuación que presentó ahora el Grupo Clarín?

– Yo lo recibo con mucho beneplácito. Creo que por fin el Grupo Clarín ha aceptado la voluntad mayoritaria. Esta era una puja entre voluntad popular y corporaciones. Creo que no lo presentaron antes porque creían que podían tener el poder suficiente como para no acatar la ley que el Parlamento votó. El fallo de la Corte dio por finalizado el pleito. Es muy bueno que el Grupo Clarín acepte la democracia. Seguramente esto tendrá una parte fina que deberá ser estudiada, por eso los 120 días, pero ojalá que sea una propuesta adecuada y aceptable que se cumpla. Esta no es una ley contra el Grupo Clarín; el Grupo Clarín la hizo contra él porque tomó el camino judicial para no acatarla. Es una ley para distribuir con más justicia las señales audiovisuales y para ampliar la democracia en los medios. Es una lucha que viene realizando el colectivo profesional desde mucho antes que llegara este Gobierno. Es una ley que este Gobierno hizo suya escuchando una larga trayectoria de todos los actores y sectores de los medios de comunicación.

– De todos modos, el grupo dejó abierta la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales, ¿qué opina?

– En la semana tuvimos la ya rechazada impugnación de algunos diputados opositores, y por otro lado el Grupo Clarín diciendo que va a recurrir a tribunales internacionales, lo cual es inadmisible, no va a ocurrir. Lo que ocurra probablemente es que el grupo presente batalla judicial en cada paso de la adecuación.

– En ese sentido, ¿no cree que el fallo de la Corte cierra una etapa, pero a la vez abre otra?

– Sí, por supuesto. Se abre otra etapa y quizás el Grupo Clarín en algún momento y en alguna circunstancia recurra de nuevo a la Justicia, pero no hay que anticipar eso. Para los legisladores está la satisfacción de haber hecho una ley que no está a contramano de la letra constitucional. Ahora tenemos que mirar la ley en su globalidad y ejecutarla, no en perjuicio del Grupo Clarín, sino en beneficio de la multiplicidad democrática.

– El grupo sostiene que no hubo un trato igualitario con respecto a otros medios “afines” al Gobierno, ¿fue así?

– El grupo y sus voceros políticos de la oposición han sido un rosario de quejas. Lo que tienen que hacer es acatar la ley, y cuando vean irregularidades, denunciarlas. Desde ya que va a haber miles de quejas. La Corte tampoco tiene que entrar en eso, porque la Corte no juzga la calidad o la justicia política de una ley, sino su constitucionalidad. Eso ya fue dirimido hace cuatro años cuando la mayoría de los representantes del pueblo la votó, es un debate concluido. Ahora viene una tercera etapa que es la ejecución, donde seguramente habrá debates.

– En el fallo, la Corte hace una serie de recomendaciones, entre ellas exige políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial, ¿es equitativo el reparto?

– El porcentaje de publicidad oficial es muy ínfimo en relación al paquete de publicidad que reciben los medios de comunicación. A mi me gustaría discutir todo el tema de publicidad, no sólo la oficial. Sino uno siempre parte de creer que lo privado es neutral o ingenuo, y que lo estatal es tendencioso o comprometido políticamente. Nosotros tenemos que fomentar que todos los medios, fundamentalmente aquellos independientes, aquellos que tengan dificultades en su sustentabilidad, puedan tener continuidad. Cuando hay un grupo que monopoliza el papel, monopoliza los medios audiovisuales o tiene posiciones extremadamente ventajosas, controla la circulación de las publicaciones o los contenidos, y quiere tener los mayores beneficios de publicidad, las desigualdades se acrecientan. Creo que más que denunciar el uso de la publicidad oficial, sería interesante discutir todo el conjunto que hace sustentable a una comunicación democrática.

– ¿Entonces cree que habría que discutir la regulación de la publicidad privada?

– Acá hay que discutir cuál es el rol del Estado. Hay que discutir si el hecho de que uno dé publicidad a los medios que más difusión tienen, en realidad está acrecentando las desigualdades: qué pasa con los medios que tienen pocas posibilidades de ser sustentables. Sabemos que ningún medio se mantiene con las ventas, los medios se mantienen con las publicidades. Es un debate interesante ver toda la cadena de costos, y no solamente la de la publicidad oficial.

– Sobre los medios públicos, ¿no cree demasiado dependientes del poder político? Se supone que siendo medios estatales no deberían responder al Gobierno de turno, sino fomentar la pluralidad de voces…

– Este Gobierno le ha dado mucha calidad a los medios públicos, ha tenido una profesionalidad que los ha puesto en un lugar importante, fundamentalmente al televisivo. Con respecto a la orientación, toda la conducción pública de un Gobierno tiene el sesgo de su Gobierno, porque para eso fue elegido. Es inevitable que uno le dé una orientación a la gestión, si se quiere de base filosófica, porque para a eso a uno lo han elegido. Por supuesto que lo público tiene que ser pluralista, pero el pluralismo no significa que no haya voces que puedan estar de acuerdo con lo que el Gobierno hace. A veces se compara con un programa de una hora, cuatro o cinco veces a la semana que tiene el canal público, que parecería que tiene más fuerza que múltiples programas en múltiples canales en forma permanente que son oposición al Gobierno. Las voces opositoras sobreabundan en la pantalla y en la radio.

– ¿Entonces el Gobierno tendría derecho a utilizar los medios públicos para expresar su voz?

– Tiene derecho, como lo tienen otros, a expresarse en los medios públicos, al igual que todos los partidos políticos tienen derecho a emitir sus propagandas cada vez que hay elecciones. Lo que no se puede pensar es que si hay un periodista, público o privado, que piensa que las cosas que está haciendo el Gobierno están bien, sea sospechado de “empleado del Gobierno”. Parecería ser que nadie puede estar a favor del Gobierno teniendo su libertad individual de opinión y de conciencia. Eso es injusto. Yo soy extremadamente respetuoso del periodismo de cualquier tono, y aparte leo con atención al periodismo opositor porque me parece que cuando un opositor lo critica a uno, siempre está tocando un lugar débil, y es bueno repasar cuáles son sus lugares débiles. Nadie va a criticar a ninguno por su fortaleza. Cuando uno es funcionario es bueno escuchar sus debilidades. También es bueno, si la crítica periodística es política, que uno -con respeto de la profesión periodística- debata políticamente, porque hay derecho a esa réplica política. Yo no pienso que todo periodismo opositor sea empleado de intereses extraperiodísticos. Pero de la misma manera, tampoco pienso que un periodista que apoya circunstancial o más continuamente al Gobierno sea su empleado.

– Hay otros puntos importantes de la Ley de Medios que no están plenamente aplicados, por ejemplo la porción del espectro radioeléctrico destinada a las emisoras comunitarias…

– Hay mucho y vamos a tener que trabajar. Pero por ejemplo, hay avances en el tema de las radios y la televisión universitarias, eso va a ser un hecho importante. Tampoco nada va a cambiar tanto. Los medios gráficos y audiovisuales del Grupo Clarín van a seguir al tope de la audiencia y de la compra de diarios. Acá hay una inmensa confusión al respecto. Me parece que los topes que se han puesto al espectro son moderados, son sensatos, son comparables con cualquier lugar del mundo. La Argentina no ha hecho otra cosa que adecuarse a lo que la modernidad reclama, y en algunos casos nos hemos puesto a la vanguardia en la región. Una de las características políticas del mundo contemporáneo es el enfrentamiento entre el poder popular y los poderes corporativos, y los medios hoy son parte de los poderes corporativos. Pero hay muchas cosas que están funcionando, y bien. La Defensoría del Público, a cargo de Cynthia Ottaviano, ha desarrollado una tarea muy intensa este primer año. Las leyes no transforman la realidad en 24 horas.

– ¿Qué opina de la denuncia de un supuesto “pacto” entre el titular de la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno?

– Me parece que rozan lo absurdo, lo antidemocrático y lo irrespetuoso. Uno puede estar en contra del fallo de la Corte y tiene todo el derecho al debate político, pero rozar la dignidad, el honor de las personas, y hacer de la denuncia una actuación política permanente me parece absurdo. Es la misma Corte que declaró inconstitucional la reforma del Poder Judicial. Yo estoy de acuerdo con el voto popular del Consejo de la Magistratura; la Corte hizo una lectura de la Constitución diferente a la que yo pienso, y no por eso dije que hubo un pacto entre la Corte y la oposición. O sea, ¿cada vez que un fallo sale bien, la Corte es prestigiosa e independiente, y cada vez que un fallo de la Corte no sale como uno quiere, debe ser denunciada? Creo que quienes denunciaron un pacto entre el presidente de la Corte y el Gobierno abusan de su responsabilidad política, dañan a esa democracia que con “tono republicano” quieren defender.