La Cámara alta introdujo un cambio al régimen reparatorio para quienes hayan sido privados de su libertad: regiría hasta el 10 de diciembre de 1983, sin fecha de inicio.
El Senado devolvió a la Cámara de Diputados este miércoles, por votación unánime, el proyecto de ley que propone un régimen reparatorio para ex presos políticos durante la última dictadura.
El proyecto estuvo a punto de regresar a la Cámara baja en julio pasado, cuando el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá (peronismo opositor) advirtió sobre supuestas diferencias entre lo aprobado en la Cámara baja y el texto que iba a tratarse.
La duda recaía en la fecha de vigencia: mientras lo que se disponía a votar el Senado ordenaba que la ley rigiera a partir del 6 de noviembre de 1974, Rodríguez Saá advirtió que la media sanción de Diputados se refería al 24 de marzo de 1976.
Finalmente, la Cámara alta decidió introducir un cambio para no especificar fecha de inicio de vigencia de la norma.
El proyecto otorga un resarcimiento a quienes “hayan sido privados de su libertad en condición de civiles o militares, condenados por un Consejo de Guerra o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
El beneficio sería igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D -que cuenta con un total de 470 unidades retributivas- del escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional.
Según el texto, impulsado por el diputado Juan Carlos Díaz Roig (FpV), “la pensión graciable sería de carácter independiente de cualquier otra reparación, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada le correspondiera, por daño moral, físico o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida”.
Asimismo, “no serían comprendidas las personas que resultasen beneficiarias de una prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por una u otra pensión”.
Este proyecto, largamente debatido, otorga una pensión graciable a quienes hayan sido privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983. Con ello, se equipara el beneficio otorgado, al que ya se encuentra vigente en varias provincias argentinas.
Según lo explica el proyecto, la pensión graciable sería de carácter independiente de cualquier otra reparación, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada le correspondiera, por daño moral, físico o psicológico, a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada a la que haya sido sometida.
Sin embargo, no serían comprendidas las personas que resultasen beneficiarias de una prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por una u otra pensión.
