La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó con 40 votos positivos un proyecto de ley que plantea realizar cambios en el Código Contravencional porteño y de esa manera otorgar penas a quienes afecten intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos.

La iniciativa propuesta por la diputada del Pro Carmen Polledo indica que las sanciones se ejecutarán para aquellas personas que atenten contra el normal funcionamiento de servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos.

Todo aquel que afecte contra esos servicios deberá ser sancionado con multas que van desde mil a cinco mil pesos o recibirá penas de arresto de entre dos a diez días. La misma sanción se aplica a quien abra, remueva o afecte bocas de incendio, tapas de desagües o sumideros.

Por último, se establece que la sanción se eleva al doble cuando se afectare intencionalmente los servicios sanitarios y hospitalarios dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.