Así como en sus tiempos de jefe de Gabinete y ministro, el hoy senador nacional Aníbal Fernández rechazó enfáticamente la implementación de una ley de Derribo, para utilizar en el marco de la lucha contra el narcotráfico, ahora los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y de Seguridad, Arturo Puricelli, se expresaron en el mismo sentido. Desde la oposición, salieron a retrucarles.

El diputado nacional Francisco de Narváez recordó que su sector tiene un proyecto en ese sentido y explicó que el mismo establece que si una aeronave que se niega a identificarse y no acata órdenes, es considerada una amenaza a la soberanía.

De Narváez aclaró que el derribo “es la última opción y una excepción solo aplicable tras agotarse las seis instancias previas de advertencia”, y recordó que en 2005, cuando se celebró en Mar del Plata la Cumbre de las Américas, con la presencia del presidente norteamericano, habilitó esa norma por la vía del decreto.

En el mismo sentido, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, se pronunció a favor de la radarización y reclamó una ley de derribo, declarando que “las fronteras son un colador. Radarizar ya y ley de derribo. ¡Basta de discursos políticos!”.

“Hace dos años redacté y presenté junto con otros quince diputados un proyecto de Ley que establece la completa radarización de la frontera norte y la implementación del protocolo de intercepción y derribo de aeronaves. Por eso celebro que el gobernador De la Sota se haya sumado a estas propuestas”, dijo el diputado nacional del Pro Julián Obiglio, en referencia a la polémica entre el gobernador cordobés y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, por el avance del narcotráfico en el país. En esa línea, Obiglio manifestó: “el narcotráfico está instalado en nuestro país y no podemos pretender que lo combatan las provincias sin apoyo del Estado Nacional. El Ministerio de Defensa debe tener al menos tres aviones en condiciones de volar e interceptar los vuelos clandestinos. Con este tipo de delitos no puede haber medias tintas; o se lo combate o se es cómplice y si el Gobierno Nacional no lo ataca seriamente se convierte en cómplice de los narcos”.

“La ley de intercepción y derribo, o la radarización, no tienen ideologías ni responden a posiciones doctrinarias. Son aplicadas con éxito por nuestros vecinos y deben convertirse en una política de Estado en materia de seguridad. No alcanzan tres o cuatro radares funcionando en horario de oficina. Debemos tener entre veintitrés y veinticuatro radares 3D, funcionando las veinticuatro horas. Si no tomamos estas medidas en poco tiempo más vamos a estar como Colombia en sus peores épocas”, puntualizó el diputado.