Muchos se preguntan hoy cómo fue que el kirchnerismo perdió en el término de dos años la mitad de sus votos. De aquel emblemático 54% de 2011, al 32 del 27 de octubre, es toda una proeza negativa… Más allá de comparar presidenciales con legislativas, el desnivel es enorme, sobre todo tratándose de una fuerza como la que gobierna desde hace una década.

Pero no es menor un fenómeno que se dio en el Parlamento, fundamentalmente en la Cámara baja, donde después de las elecciones de 2011 el kirchnerismo pasó a contar con una mayoría que se hizo notar fuertemente en las votaciones siguientes. Recordemos sino la demostración de fuerza que hizo el Gobierno en el Congreso pasados esos comicios. Nadie dudaba entonces de que tras semejante elección el Presupuesto sería aprobado en tiempo y forma y -como le gusta al kirchnerismo- sin modificaciones. Pero aun así, la orden fue tajante: ese y todos los proyectos que deseaba entonces la Casa Rosada fueron reservados para después del recambio legislativo. Así, se convocó a extraordinarias con un amplio temario que incluía precisamente el Presupuesto. Cuestión de dar señales contundentes a la oposición y la sociedad de la magnitud de la mayoría alcanzada y de los tiempos que debían esperarse.

Pruebas al tanto, el Presupuesto 2012 se convirtió en ley por 44 votos a favor y 26 negativos en el Senado, pero esa es una Cámara donde no hubo cambios significativos en la correlación de fuerzas. En Diputados, ese proyecto se aprobó con 141 votos a favor y 104 en contra, insumiendo casi siete horas de debate. Por entonces el kirchnerismo contaba con los votos habituales, más los de los representantes de Córdoba Federal y Unión Peronista.

A continuación, los diputados aprobaron las prórrogas de la ley de Emergencia Económica por dos años; del impuesto a los cigarrillos y del cheque -ambos por un año-, y a la exportación de hidrocarburos (5 años). La emergencia salió con 138 votos a favor, 100 en contra y una abstención, en tanto que los impuestos al cheque y al cigarrillo obtuvieron 178 adhesiones y sólo 58 votos negativos. El gravamen a los hidrocarburos se alcanzó con 182 votos a favor.

Otra iniciativa votada entonces, para modificar la ley de impuesto a las Ganancias, facultando al PEN a fijar el mínimo no imponible y la ratificación de ese tope implementado por resoluciones de la AFIP, salió con 169 votos a favor, 46 en contra y 22 abstenciones.

En esa misma maratónica sesión dividida en dos jornadas, se aprobó con 165 votos positivos un proyecto que aumentaba las penas contra el delito de lavado de dinero.

Más ajustado estuvo en cambio el resultado de la Ley Antiterrorista, que contó con 134 votos a favor, 90 en contra y dos abstenciones, como así también la aprobación del proyecto sobre Papel Prensa, que tuvo 135 votos positivos, 92 negativos y 13 abstenciones.

Por esos días también se aprobó la reforma del Régimen Penal Tributario, con nada menos que 215 votos a favor. Diputados también aprobó en el marco de esa catarata de proyectos la ley que limita la extranjerización de tierras rurales con 153 votos positivos. Consiguió también la creación de un nuevo estatuto del peón rural con 174 votos afirmativos y sólo 4 en contra.

Toda una muestra del poderío con el que contaba el kirchnerismo, exteriorizado por la propia presidenta de la Nación cuando en sus labios pudo leerse la recordada frase “vamos por todo”, durante un acto en Rosario.

En 2012 el poderío K en la Cámara baja siguió haciéndose sentir. La aprobación del Presupuesto contó con 142 votos a favor, uno más que el año anterior, aunque el debate insumió casi el doble de tiempo.

También el año pasado el Cuerpo aprobó con 140 votos positivos la Ley de ART (contó ahí con el apoyo del Pro), pero volvió a tener números ajustados a la hora de votar la reglamentación del per saltum, proyecto en el que reunió 135 votos a favor y 95 en contra.

La hora del quiebre

Expuestos esos números, es tiempo de volver a la pregunta del principio, en cuanto a las razones que han llevado en apenas dos años y sin haber mediado un recambio legislativo intermedio, ya no a la pérdida de la mayoría, pero sí a estar ajustadísimo en los números.

Después de haber visto la gran cantidad de proyectos que remitió el Ejecutivo en esas extraordinarias en las que estrenó su nueva y poderosa mayoría, la presidenta volvió a llamar a extraordinarias. Esta vez por imperio de las circunstancias y como señal hacia Susana Trimarco -incorporada entonces a la vitrina kirchnerista y en la que el oficialismo tenía depositadas expectativas incluso electorales- convocó a sesionar en diciembre para aprobar la reforma de la Ley de Trata, que obviamente contó con una adhesión mayoritaria. Pero también tuvo que hacerlo en febrero y ahí comenzaron los apremios.

Fue cuando sorpresivamente se presentó el controvertido “memorando de entendimiento” con Irán. Lo hizo la presidenta Cristina Fernández a través de una cadena nacional en la que aseguró que “la Justicia no va a ser obstruida”, y anunció el envío del mismo al Parlamento para ser ratificado. “No hay pérdida de soberanía cuando un juez se traslada a otro territorio”, aseguró la mandataria que inmediatamente después llamó a extraordinarias para tratar ese tema.

Ante las primeras dudas respecto de lo que podría suceder en el Parlamento, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Daniel Filmus, aseguró que el Congreso avalaría el acuerdo “para que no quede sólo en espaldas del Ejecutivo y sea el Parlamento el que brinde la posibilidad de avanzar”. El proyecto ingresó precisamente por el Senado, y para defenderlo participó del plenario de comisiones el canciller Héctor Timerman, quien sostuvo que mientras antes “Irán no cooperaba”, ahora se manifestaba “por primera vez dispuesta a hacerlo, reconociendo la competencia de los jueces argentinos”.

Podrá fijarse a ese tema como el punto de quiebre en el ámbito parlamentario, pues a partir de ahí estallaron las grandes dificultades para conseguir el quórum y los votos necesarios para apoyar las cuestiones controvertidas que el Ejecutivo remitía. Hasta en el Senado se complicaron las cosas, pues el acuerdo con Irán insumió casi once horas de debate y se aprobó el 21 de febrero por 39 votos a favor y 31 en contra. Con lo justo.

Las cosas estaban más difíciles en Diputados, donde fue necesario para garantizar el quórum que la flamante ministra de Desarrollo Social de Tucumán, Beatriz Mirkin, renunciara a su cargo para retomar su banca, igual que Carlos Eliceche tuvo que dejar fugazmente el cargo de ministro coordinador de la gobernación chubutense, para volver a sentarse en su escaño. En ambos casos no habían alcanzado a asumir sus remplazantes, por lo que el kirchnerismo necesitaba de ellos, e incluso tenía a Martín Sabbatella a mano para hacer lo propio, en caso de ser necesario. No lo fue, pues el kirchnerismo reclutó 132 legisladores a través de sus diputados propios, aliados tradicionales y hasta el diputado opositor sanjuanino Mauricio Ibarra. Al FpV le faltaron en cambio Jorge Yoma, Facundo Moyano y Omar Plaini, aunque sí estuvo Blanca Blanco de Peralta, la esposa del gobernador santacruceño, distanciado del oficialismo. A la hora de votar, el memorando fue avalado con 131 votos contra 113. Lo votaron los que dieron el quórum, menos Ibarra.

A la hora de los discursos, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, sostuvo que “si no tenemos la declaración indagatoria ni siquiera los podemos procesar (a los acusados)!, y también aclaró que !sacar las alertas rojas no es posible sin la consulta al juez, no hay ningún riesgo en este sentido”. Aseguró que “el camino que estamos dando nos acerca a la justicia. No miramos hacia el costado. Vamos por la búsqueda de justicia en la causa AMIA”, para preguntarse luego al refutar las críticas:”¿Por qué un país va a firmar un tratado para después no cumplirlo”.

Precisamente uno de los argumentos del canciller Timerman para aprobar el memorando cuanto antes, era dar una señal contundente hacia Irán de nuestra predisposición para avanzar con ese acuerdo, antes de que lo tratara el Parlamento iraní. El tiempo y la realidad lo dejaron mal parado, pues los legisladores de esa Nación jamás trataron el acuerdo. Recién en septiembre pasado las nuevas autoridades de irán dijeron que el memorando había sido aprobado, pero no hay constancias de que haya pasado por el Parlamento. Habrá sido aprobado en alguna instancia oficial, pero se desconocen los detalles.

Todavía no hay novedades sobre la puesta en marcha del mismo.

La reforma judicial

El Gobierno se enfrascó luego en una fuerte pelea con el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular, que derivó en el anuncio de la presidenta Cristina Kirchner -el 8 de abril pasado- del envío al Congreso de seis proyectos de ley para reformar el sistema judicial. Entre esas iniciativas se destacaba la reforma del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de integrantes del Consejo de 13 a 19. También proponía limitar las medidas cautelares a un plazo máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo y “democratizar” el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público.

También planteaba el aumento en la cantidad de cámaras de casación para descongestionar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia.

La pelea se trasladó al Congreso, adonde se enviaron los proyectos por mitades, para ser tratados de manera simultánea. La oposición unificó posturas en contra y anunció que, en caso de ser aprobadas, las normas serían judicializadas. Los resultados de las votaciones en Diputados mostraron la consolidación de un cuadro ajustado para el oficialismo en los temas controvertidos. El ingreso al Poder Judicial tuvo 133 votos a favor y 109 en contra; lo de las declaraciones juradas 136 votos positivos y 106 negativos, la publicación de fallos judiciales 140 votos afirmativos y 101 negativos.

En el Senado, la creación de tres cámaras de casación contó con 39 votos afirmativos y 26 negativos, mientras que la reforma del Consejo de la Magistratura tuvo la misma cantidad de aprobaciones y 31 en contra. Con los mismos 39 votos el kirchnerismo avaló la modificación para las cautelares.

En Diputados, la reforma del Consejo de la Magistratura fue aprobada el 24 de abril, con apenas 130 votos a favor, apenas uno más del número exigido por la Constitución para modificar la Ley 24.937. Votaron en contra 123 diputados, entre los que estaban los del FpV Facundo Moyano, Omar Plaini, Jorge Yoma, Mabel Müller y Blanca Blanco de Peralta, más los habitualmente aliados Alfredo Olmedo, Julio Ledesma, Jorge Garramuño y Mariana Veaute.

La creación de tres nuevas cámaras de casación se alcanzó aun con menos votos: 126. Con la misma cantidad de notas, tras casi 21 horas de debate y sin la presencia de la mayoría del arco opositor, se aprobó el proyecto que limita las medidas cautelares contra el Estado.

Tras las modificaciones efectuadas en Diputados, la Cámara alta convirtió en ley la reforma del Consejo de la Magistratura el 8 de mayo, con 38 votos a favor y 30 en contra. Uno menos de ambos respecto de la votación anterior, el 17 de abril.

Semejante esfuerzo una vez más no le valió al oficialismo. Tal cual se había anticipado, la pelea siguió en el marco del Poder Judicial, donde se desarmó la parte más sustancial de las reformas impulsadas por el kirchnerismo. Sobre todo la central, correspondiente al Consejo de la Magistratura. El 18 de junio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855, especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, abogados y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de serlo por sus pares. Además, con el único voto en contra de Raúl Zaffaroni, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la Magistratura que preveía la reforma. La inconstitucionalidad alcanzó a los artículos 2º, 4º, 18° y 30° de la Ley 26.855, y al decreto 577/13. También declaró inaplicables las modificaciones de la Ley 26.855 con relación al quorum previsto en el artículo 7º, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de dicha ley, y dejó sin efecto la convocatoria a elección de consejeros.

Se abortó así la embestida oficialista contra el Poder Judicial y también el objetivo de “nacionalizar” los comicios del 11 de agosto con la elección de consejeros a través de una lista única.

¿Dónde hay un CEDIN?

Sin solución de continuidad, el kirchnerismo se despachó un día con la propuesta del blanqueo de capitales. Como siempre, contrarreloj. El 14 de mayo se comenzó a debatir en comisiones del Senado y una semana después en el recinto, donde consiguió su aprobación por 39 votos contra 28. El 29 de mayo los diputados lo convertían en ley, una vez más con lo justo: 130 votos a favor y 107 en contra.

La ley creó el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico para financiar proyectos energéticos y de infraestructura, y el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) para la compra de inmuebles. Además, establecía que no podrían exteriorizar sus divisas los imputados por delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, así como sus familiares.

“No es una ley que busca recaudación fiscal ni que aumenten las reservas”, aclaró el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que inmediatamente después de librada esa batalla legislativa dejaría su cargo para pasar a ser ministro de Defensa.

Desde el oficialismo aseguraron que la norma permitiría volcar el ahorro a la reactivación del sector energético y sobre todo al inmobiliario, uno de los más resentidos en los últimos tiempos. “Se busca generar la posibilidad y las condiciones para que una parte de ese dinero que se fue pueda volver y ponerse al servicio de proyectos productivos”, explicó el titular de Finanzas, Carlos Heller, quien recordó que “el modelo tiene como pilar que el financiamiento del crecimiento se base en el ahorro interno y no en el endeudamiento externo”.

Para imaginar lo que podría suceder con la propuesta oficial, se apeló a los antecedentes, recordando que en 2009, este mismo gobierno encaró otro blanqueo de capitales como consecuencia del cual se declararon alrededor de 4.000 millones, según reveló Ricardo Echegaray. Hubo 3.200 presentaciones de personas físicas, unas 8.000 de personas jurídicas y 38.000 contribuyentes que blanquearon los dólares que tenían bajo el colchón o en cajas de seguridad.

Sin embargo, los resultados estuvieron bien lejos de esos 4.000 millones citados. El propio titular de la AFIP fue el que al cabo del plazo previsto reconoció que el plan “no tuvo el resultado que esperábamos”: se suscribieron en los CEDIN sólo 260 millones de dólares.

Sobre el blanqueo de capitales, evaluó que la poca adhesión a la medida, se debe, entre otras causas, a que no tuvo el apoyo del sector bancario. Apenas poco más de 1.800 CUIT exteriorizaron capitales, cuando el anterior plan de regularización había conseguido unos 37.000. El propio Echegaray terminó sugiriendo a la presidenta no extender el plazo de adhesión, pero probablemente Guillermo Moreno pesó más y se impuso la sugerencia de extenderlo. El último racconto estableció que los Certificados de Depósitos de Inversión (CEDIN) suscriptos desde el pasado 3 de julio llegaron a 397.292.055 dólares, en tanto que los CEDIN presentados al cobro entre el lunes 25 de octubre y la primera semana de noviembre totalizaron 23.228.175 dólares, mientras que los papeles suscriptos durante el mismo período alcanzaron 9.096.980 dólares.

Los inmobiliarios, que se habían ilusionado con el sistema, terminaron frustrados. Se suscribieron menos de dos mil certificados y de ellos se pagaron apenas 353.

Está dicho: las grandes apuestas legislativas del Gobierno terminaron insumiendo esfuerzos notables, desnudando falencias impensadas en cuanto a adhesiones y, sobre todo y lo que es peor, sin colmar las expectativas.