DICTAMEN UCR

La Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación ha considerado el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional N° 884/2012 “Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación” y aconseja su aprobación con las siguientes disidencias parciales:

TITULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1: Fuentes y Aplicación: Los casos que este Código rige deben ser resueltos según sus disposiciones y leyes complementarias, conforme con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que la República Argentina sea parte. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho.

ARTICULO 2: Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, la finalidad del legislador, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Los jueces tendrán en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso. El acceso a la jurisdicción estará garantizado en todo el territorio nacional en todas las instancias.

ARTÍCULO 14. Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:

a) derechos individuales;

b) derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común, según lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1;

c) derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.

ARTÍCULO 17: Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales.

ARTÍCULO 18: Los Pueblos y Comunidades Indígenas: Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen reconocida su preexistencia étnica y cultural al Estado Nacional, como también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan. Tienen derecho a participar y ser consultados en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de incidencia colectiva. La regulación sobre la posesión y propiedad comunitaria de los Pueblos y Comunidades Indígenas estará prevista en una ley especial, conforme a los tratados internacionales sobre Derecho de los Pueblos Indígenas que la República Argentina sea parte.

El Estado, las Provincias y los Municipios, cada cual según las particularidades del caso, deberán obtener de los Pueblos y Comunidades Indígenas un consentimiento previo, informado, pleno y libre cuando se planteen decisiones que les afecten. El procedimiento de consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas estará previsto en una ley especial.

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

ARTÍCULO 24.- Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:

a) la persona por nacer;

b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo;

ARTÍCULO 26.- Los niños, niñas y adolescentes ejercen por si y con asistencia de sus representantes, según el principio de autonomía, sus derechos, personales y personalísimos, con excepción de las limitaciones establecidas expresamente por la ley.

Todo, niña, niño y adolescente, tiene derecho a actuar en calidad de parte y con patrocinio letrado en todo proceso judicial o administrativo que afecte lo afecte. En caso que el niño, niña o adolescente no designe abogado el mismo deberá ser proporcionado por el Estado.

ARTÍCULO 31.- Reglas generales. El ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales:

a) el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial;

b) toda persona humana tiene derecho a solicitar al juez competente los apoyos que estime necesarios para el ejercicio de la capacidad jurídica;

c) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona, en forma parcial y por tiempo determinado, según lo dispuesto en el art. 38. Solo podrán aplicarse una vez agotadas todas las alternativas de sistemas de apoyo.

d) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial;

e) la persona tiene derecho a recibir información necesaria para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica, a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión;

f) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios.

ARTÍCULO 32.- Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica

El juez puede designar un sistema de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica a toda persona que no pueda comprender total o parcialmente la naturaleza, alcance y efectos jurídicos de sus actos por cualquier modo, medio o formato adecuado, siempre que estime que del ejercicio de la capacidad sin los apoyos adecuados puede resultar un daño grave a su persona o a sus bienes.

La designación de un sistema de apoyo en ningún caso determinará la sustitución de la voluntad de la persona en el ejercicio de la capacidad jurídica.

A los efectos de este Código se entiende por “apoyo” toda medida que facilite a la persona la comprensión de la naturaleza, alcance y efectos jurídicos de sus actos y la comunicación, comprensión y/o manifestación de su voluntad para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica.

Estas medidas comprenden el asesoramiento integral a la persona sobre la naturaleza, alcance y efectos jurídicos de sus actos y/o cualquier tipo de colaboración, acompañamiento o asistencia que permita a la persona el pleno ejercicio de la capacidad jurídica. En todos los casos, deberán emplearse modos, medios y/o formatos de comunicación con la persona que sean adecuados y accesibles.

Al evaluar la necesidad de establecer un sistema de apoyo y la naturaleza y alcance de este sistema, el juez deberá contar con el asesoramiento de un equipo interdisciplinario y requerir todos los medios de prueba a su alcance para la mejor evaluación de necesidad de designarle a la persona sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica.

VER PROPUESTA GIL

ARTÍCULO 32.- Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad de una persona cuando ésta no pueda comprender total o parcialmente la naturaleza y consecuencias de determinados actos, siempre que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

En casos excepcionales, cuando la persona se encuentre en situación de falta absoluta de aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes, el juez puede declarar la incapacidad y designarle un curador a la persona.

En ambos casos, según corresponda, el juez debe designar los apoyos que resulten necesarios y fijar sus funciones.

Los designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan las preferencias de la persona protegida.

OPCION PARA CONSENSUAR CON EL PEN:

ARTÍCULO 32.- Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona cuando ésta no pueda comprender total o parcialmente la naturaleza y consecuencias de determinados actos, siempre que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.

El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.

Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.

ARTÍCULO 33: Legitimados. Están legitimados para solicitar apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica:

a) el propio interesado;

b) el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado;

c) los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado;

d) el Ministerio Público.

ARTÍCULO 34: Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. El juez podrá designar provisionalmente una persona o grupo de personas y/o cualquier otra medida de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica.

En caso de designar a una persona o grupo de personas de apoyo, el juez deberá fijar sus funciones, determinar en relación a qué actos deberán prestar su apoyo y establecer su obligación de rendir cuentas periódicamente al juzgado sobre su gestión. Esta designación debe ser revisada en un plazo no mayor a tres meses.

ARTÍCULO 36: Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa.

Interpuesta la solicitud de designación de sistemas de apoyo ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio.

La persona que solicitó la designación puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados.

ARTÍCULO 37: Sentencia. La sentencia que designe sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad debe:

a) reseñar los antecedentes socio-sanitarios completos de la persona

b) describir su situación socio-sanitaria actual y los recursos personales, familiares y sociales a disposición de la persona;

c) designar una persona o un grupo de personas y/o establecer las medidas que facilitarán a la persona la comprensión de la naturaleza y efectos jurídicos de sus actos y la comunicación, la comprensión y/o la manifestación de su voluntad para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica;

d) determinar las funciones, modalidades de actuación y deberes de las personas designadas y/o la naturaleza y alcance de las medidas de apoyo establecidas;

e) establecer los actos que la persona debe realizar con los sistemas de apoyo designados,

f) delimitar la duración del sistema de apoyo, y

g) establecer un régimen de control judicial periódico sobre el desempeño de la persona o el grupo de personas de apoyo en el ejercicio de sus funciones y sobre la necesidad de mantener los sistemas de apoyo designados y/o introducir modificaciones en su naturaleza y alcance.

ARTÍCULO 38: Personas con capacidad restringida. Restricciones excepcionales al ejercicio de la capacidad

Cuando la persona no de ningún signo evidente de conciencia de sí o del ambiente, se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y/o los sistemas de apoyo para el ejercicio de su capacidad hayan resultado insuficientes e ineficaces, el juez podrá designar, además de un sistema de apoyo, un curador que representará a la personas en relación con determinados actos.

En su sentencia, el juez debe:

a) reseñar los antecedentes socio-sanitarios completos de la persona

b) describir su situación socio-sanitaria actual y los recursos personales, familiares y sociales a disposición de la persona;

c) designar a la persona que se desempeñará como curador y determinar sus funciones, modalidades de actuación y deberes;

d) establecer los actos en relación a los cuales el curador deberá representar a la persona, y

e) establecer un régimen de control judicial periódico sobre el desempeño del curador en el ejercicio de sus funciones.

Al evaluar la necesidad de restringir la capacidad de la persona, el juez deberá contar con el asesoramiento de un equipo interdisciplinario y requerir todos los medios de prueba a su alcance para la mejor evaluación de necesidad de la medida.

La obligación principal del curador será resguardar los derechos y los bienes de la persona y promover su autonomía. Las rentas de los bienes de la persona deberán ser destinadas a dicho fin. El curador solo podrá representar a la persona respecto de aquellos actos específicamente señalados en la sentencia que lo designa.

PROPUESTA GIL LAVEDRA:

ARTÍCULO 38.- Alcances de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la incapacidad y designar representantes y apoyos.

Si el juez considera que la persona está en situación de conservar su capacidad con limitaciones o restricciones, declara los límites o restricciones a la capacidad y señala los actos y funciones que debe realizar con apoyos. A fin de que la persona tome su decisión le designará los apoyos necesarios.

Se aplican las reglas de este Código relativas a la tutela, en cuanto sean compatibles, incluidas las reglas de la pluralidad.

PROPUESTA PARA CONSENSUAR CON EL PEN:

ARTÍCULO 38.- Alcances de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo debe designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este Código y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación.

ARTÍCULO 39: Registración de la sentencia. La sentencia que designa sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad y la sentencia que establece restricciones excepcionales al ejercicio de la capacidad debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en este Capítulo producen efectos contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro.

Cesados los sistemas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica y las restricciones excepcionales al ejercicio de las capacidades establecidas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38, se procede a la inmediata cancelación registral.

ARTÍCULO 40: Revisión. La revisión de la sentencia que designa sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad y de la sentencia que establece restricciones excepcionales al ejercicio de la capacidad puede tener lugar en cualquier momento, a instancias del interesado. En el supuesto previsto en el artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a TRES (3) años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado.

ARTÍCULO 41: Internación involuntaria. La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta Sección. En particular:

a) debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a las previsiones de la legislación especial, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad;

b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros;

c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible; debe ser supervisada periódicamente;

d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica;

e) En caso de convalidar la internación, la resolución judicial debe comunicar las previsiones legales respecto de su finalidad, duración y periodicidad de la revisión.

ARTÍCULO 42: Traslado para evaluación. La autoridad pública que tomase contacto con una persona en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros podrá disponer su traslado a un centro de salud para su evaluación por un equipo interdisciplinario.

En caso de ser necesario, las Fuerzas de seguridad deberán prestar auxilio inmediato y colaborar con el sistema sanitario.

En caso de que se efectivice una internación involuntaria, debe cumplirse con los plazos y modalidades establecidos en la legislación especial.

ARTÍCULO 44: Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los actos de la persona que cuenta con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica y los actos de la persona con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia y fueron realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

ARTÍCULO 45: Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia que designa sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad y de la sentencia que establece restricciones excepcionales al ejercicio de la capacidad pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona que cuenta con sistemas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica o a la persona con capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos:

a) la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto;

b) quien contrató con él era de mala fe;

c) el acto es a título gratuito.

ARTÍCULO 46: Persona fallecida. Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la designación de sistemas de apoyo o la restricción a la capacidad, que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe.

ARTÍCULO 47: Procedimiento para el cese. El cese de los sistemas de apoyo o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona.

En el caso de las personas con capacidad restringida, si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí, con un sistema de apoyos o con la asistencia de su curador.

ARTÍCULO 58.- Investigaciones en seres humanos. La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones (tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas) cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, solo puede ser realizada si cumple con los siguientes requisitos:

a) describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación;

b) ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas;

c) contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación;

d) contar con la autorización previa del organismo público correspondiente;

e) estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con los beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y para otras personas afectadas por el tema que se investiga;

f) contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en la investigación a quien se le explican en términos comprensibles los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es libremente revocable;

g) no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera obtener de la investigación;

h) resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal;

i) asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa y que tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la investigación que debe estar disponible cuando sea requerida.

j) asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos que la investigación haya demostrado beneficiosos.

ARTÍCULO 60: Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia necesidad futura de un sistema de apoyos para la toma de decisiones en la materia. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela, en caso de que se le establezcan en el futuro restricciones excepcionales al ejercicio de la capacidad. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas.

Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento por quien la manifestó.

ARTÍCULO 69: Cambio de Nombre. El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez.

Se considera “justo motivo”, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros a:

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;

b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;

c) ser hijo o hija de una pareja de personas del mismo sexo, para la procedencia del pedido de adición de otro apellido, integrando un apellido compuesto;

d) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.

Se considera justo motivo, y no requerirá intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal y/o alteración o supresión del estado civil o la identidad. Este cambio será procedente también en aquellos casos en que hubiere sentencia de adopción simple o plena y aun si la misma no hubiera sido anulada, siempre que se acredite que la adopción tiene como antecedente la separación del adoptado de su familia biológica por medio del terrorismo de Estado.

En ningún caso se podrá convalidar por esta vía los efectos de actos ilícitos o delictivos.

ARTÍCULO 70.- Proceso: Los cambios de prenombre o apellido, excepto aquellos que no requieran intervención judicial, deben tramitar por el proceso más abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el diario del boletín oficial una vez por mes, en el lapso de DOS (2) meses. Puede formularse oposición dentro de los QUINCE (15) días hábiles contados desde la última publicación. Debe requerirse información

sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Comercial de las Personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios.

ARTÍCULO 100: Regla general. Las personas que cuentan con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí.

ARTÍCULO 101: Enumeración. Son representantes:

a) de las personas por nacer, sus padres.

b) de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son personas con capacidad restringida, o están privados de la responsabilidad paterna, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe;

c) de las personas que cuentan con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica o con personas con capacidad restringida en los términos del artículo 38, el curador que se les nombre.

ARTÍCULO 103.- Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio

Público respecto de personas menores de edad, personas con capacidad restringida y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, personas que cuentan con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica y personas con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad relativa del acto.

b) Es principal:

(i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes;

(ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes;

(iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.

ARTÍCULO 109: Tutela especial. Corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos:

a) cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes; si el representado es un adolescente puede actuar por sí, con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor especial;

b) cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad;

c) cuando existe oposición de intereses entre diversas personas que cuentan con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica o personas con capacidad restringida que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador; si las personas que cuentan con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica son adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso a);

d) cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por persona determinada o con la condición de no ser administrados por su tutor;

e) cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de extraña jurisdicción al juez de la tutela y no pueden ser convenientemente administrados por el tutor;

f) cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado ejercicio de la administración por las características propias del bien a administrar;

g) cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del tutor que corresponda.

ARTÍCULO 110: Personas excluidas. No pueden ser tutores las personas:

a) que no tienen domicilio en la República;

b) quebradas no rehabilitadas;

c) que han sido privadas o suspendidas en el ejercicio de la responsabilidad parental, o han sido removidas de la tutela o curatela de otra persona que cuenta con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica o con capacidad restringida, por causa que les era atribuible;

d) que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del país;

e) que no tienen oficio, profesión o modo de vivir conocido, o tienen mala conducta notoria;

f) condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad;

g) deudoras o acreedoras por sumas considerables respecto de la persona sujeta a tutela;

h) que tienen pleitos con quien requiere la designación de un tutor. La prohibición se extiende a su cónyuge, conviviente, padres o hijos;

i) que, estando obligadas, omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la tutela;

j) inhabilitadas, personas que cuentan con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica o personas con capacidad restringida;

k) que hubieran sido expresamente excluidas por el padre o la madre de quien requiere la tutela, excepto que según el criterio del juez resulte beneficioso para el niño, niña o adolescente.

ARTÍCULO 135: Causas de terminación de la tutela. La tutela termina:

a) por la muerte del tutelado, su emancipación o la desaparición de la causa que dio lugar a la tutela;

b) por la muerte, necesidad de contar con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, capacidad restringida, remoción o renuncia aceptada por el juez, de quien ejerce la tutela. En caso de haber sido discernida a dos personas, la causa de terminación de una de ellas no afecta a la otra, que se debe mantener en su cargo, excepto que el juez estime conveniente su cese, por motivos fundados.

En caso de muerte del tutor, el albacea, heredero o el otro tutor si lo hubiera, debe ponerlo en conocimiento inmediato del juez de la tutela. En su caso, debe adoptar las medidas urgentes para la protección de la persona y de los bienes del pupilo.

ARTÍCULO 139: Personas que pueden ser curadores. La persona capaz puede designar, mediante una directiva anticipada, a quien ha de ejercer su curatela.

Los padres pueden nombrar curadores de sus hijos con capacidad restringida, en los casos y con las formas en que pueden designarles tutores.

Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente.

A falta de estas previsiones el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger según quien tenga mayor aptitud. Se debe tener en cuenta la idoneidad moral y económica.

ARTÍCULO 142: Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

ARTÍCULO 144: Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados.

ARTÍCULO 148: Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:

a) las sociedades;

b) las asociaciones civiles;

c) las simples asociaciones;

d) las fundaciones;

e) las mutuales;

f) las cooperativas;

g) el consorcio de propiedad horizontal

h) Las Iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;

i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

ARTÍCULO 169: Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la asociación civil debe ser otorgado por instrumento público o privado con firma certificada y ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación.

ARTÍCULO 170: Contenido. El acto constitutivo debe contener:

a) la identificación de los constituyentes;

b) el nombre de la asociación con el aditamento “Asociación Civil” antepuesto o pospuesto;

c) el objeto;

d) el domicilio social;

e) el plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad;

f) las causales de disolución;

g) las contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor que se les asigna. Los aportes se consideran transferidos en propiedad, si no consta expresamente su aporte de uso y goce;

h) el régimen de administración y representación;

i) la fecha de cierre del ejercicio económico anual;

j) en su caso, las clases o categorías de asociados, y prerrogativas y deberes de cada una;

k) el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de asociados y recursos contra las decisiones;

l) los órganos sociales de gobierno, administración y representación. Deben preverse la comisión directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regulándose su composición, requisitos de integración, duración de sus integrantes, competencias, funciones, atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria, constitución, deliberación, decisiones y documentación;

m) el procedimiento de liquidación;

n) el destino de los bienes después de la liquidación, pudiendo atribuirlos a una entidad de bien común, pública o privada, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República.

ARTÍCULO 171: Administradores. Los integrantes de la comisión directiva deben ser asociados. El derecho de los asociados a participar en la comisión directiva no puede ser restringido abusivamente. El estatuto debe prever los siguientes cargos y, sin perjuicio de la actuación colegiada en el órgano, definir las funciones de cada uno de ellos: presidente, secretario y tesorero. Los demás miembros de la comisión directiva tienen carácter de vocales. A los efectos de esta Sección, se denomina directivos a todos los miembros titulares de la comisión directiva. En el acto constitutivo se debe designar a los integrantes de la primera comisión directiva.

ARTÍCULO 173: Integrantes del órgano de fiscalización. Los integrantes del órgano de fiscalización no pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni certificantes de los estados contables de la asociación. Estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges, convivientes, parientes, aun por afinidad, en línea recta en todos los grados, y colaterales dentro del cuarto grado.

En las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de una profesión u oficio específico para adquirir la calidad de socio, la comisión fiscalizadora deberá contratar profesionales independientes para su asesoramiento.

ARTÍCULO 176: Cesación en el cargo. Los directivos cesan en sus cargos por muerte, necesidad de contar con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica o capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento del lapso para el cual fueron designados, renuncia, remoción y cualquier otra causal establecida en el estatuto.

ARTICULO 235: Bienes pertenecientes al dominio público: Son bienes pertenecientes al dominio público, los que se establecen a continuación, y los que se establezcan como tales por leyes nacionales especiales y locales que dicten las provincias respecto de los bienes naturales de su dominio originario exclusivo:

a) el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional del Estado Nacional sobre la zonacontigua y plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho marino y su subsuelo;

b) las bahías, ensenadas, puertos y ancladeros y las playas marítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales;

c) las aguas continentales superficiales y subterráneas, entendiéndose por tales los ríos, arroyos, glaciares y ambiente periglacial, y demás aguas que corren por cauces naturales. Los lagos, acuíferos, las aguas atmosféricas que se encuentra en el espacio aéreo y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud para satisfacer usos de interés general;

d) las islas formadas o que se formen en el mar territorial, ríos o lagos, salvo las que pertenezcan a los particulares;

e) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común;

f) los documentos oficiales del Estado;

g) las ruinas “de interés cultural” y yacimientos arqueológicos y paleontológicos que no pertenezcan a los pueblos y comunidades indígenas, conforme a los tratados internacionales sobre Derecho de los Pueblos Indígenas que la República Argentina sea parte y la ley especial que regule la posesión y propiedad comunitaria de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en consonancia con el artículo 18 de este Código.

ARTÍCULO 237: Determinación y caracteres de los bienes pertenecientes al dominio público del Estado. Uso y goce. Los bienes de dominio público del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales.

La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los DOS (2) artículos precedentes.

ARTÍCULO 240: Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes: El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones anteriores debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva en los términos del artículo CATORCE (14). No debe afectar la función socioambiental de la propiedad, como el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Los sujetos mencionados en el artículo CATORCE (14) tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme lo dispuesto en la legislación especial.

ARTÍCULO 241: Derecho fundamental de acceso al agua potable.- Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales.

ARTÍCULO 244: Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.

No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.

ARTÍCULO 245: Legitimados. La afectación puede ser solicitada por el titular registral; si el inmueble está en condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.

La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios que cuentan con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica o con capacidad restringida.

La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios que cuentan con sistemas de apoyo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica o con capacidad restringida.

ARTÍCULO 320: Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma Sección.

Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local.

ARTÍCULO 356: Transmisibilidad. El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte y con él se traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que sólo pueda ser ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento del cargo es inherente a la persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los bienes al titular originario o a sus herederos. La reversión no afecta a los terceros sino en cuanto pudiese afectarlos la condición resolutoria.

ARTÍCULO 380: Extinción. El poder se extingue:

a) por el cumplimiento del o de los actos encomendados en el apoderamiento;

b) por la muerte del representante o del representado; sin embargo subsiste en caso de muerte del representado siempre que haya sido conferido para actos especialmente determinados, y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero;

c) por la revocación efectuada por el representado; sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable, siempre que lo sea para actos especialmente determinados, limitado por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero; se extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse si media justa causa;

d) por la renuncia del representante, pero éste debe continuar en funciones hasta que notifique aquélla al representado, quien puede actuar por sí o reemplazarlo, excepto que acredite un impedimento que configure justa causa;

e) por la declaración de muerte presunta del representante o del representado;

f) por la declaración de ausencia del representante;

g) por la quiebra del representante o representado;

h) por la pérdida de la capacidad exigida en el representante o en el representado.

LIBRO SEGUNDO: RELACIONES DE FAMILIA

ARTÍCULO 433: Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en común y la separación de hecho, para la cuantificación de los alimentos se deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas:

a) el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades;

b) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges;

c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos;

d) la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;

e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar;

f) el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda.

En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges u otra persona;

g) si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial;

h) si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación;

i) la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho.

El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial, o incurre en alguna de las causales de indignidad.

ARTÍCULO 438: Requisitos y procedimiento del divorcio. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición.

Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta.

Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia.

En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio.

Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder según otras secciones de este Código.

ARTÍCULO 448: Forma: Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública o instrumento privado homologado judicialmente antes de la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante un acto otorgado también por escritura pública o por instrumento privado homologado judicialmente. Para que la opción del artículo 446 inc. D) produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta del matrimonio.

ARTÍCULO 455: Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, o con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento

a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas.

ARTÍCULO 456: Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de SEIS (6) meses de haberlo conocido, pero no más allá de SEIS (6) meses de la extinción del régimen matrimonial. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.

ARTÍCULO 462: Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de SEIS (6) meses de haber conocido el acto y no más allá de SEIS (6) meses de la extinción del régimen matrimonial.

ARTÍCULO 504: Bigamia. En caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge, el primero tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el segundo a la mitad de la masa ganancial formada por él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de nulidad.

ARTÍCULO 511: Registración. La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios. No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la preexistente. La registración de la unión convivencial debe ser solicitada por sus dos integrantes.

ARTÍCULO 523: Causas del cese de la unión convivencial. La unión convivencial cesa:

a) por la muerte de uno de los convivientes;

b) por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes;

c) por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros;

d) por el matrimonio de los convivientes;

e) por mutuo acuerdo;

f) por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro;

g) por el cese de la vida en común. La interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la voluntad de vida en común.

ARTÍCULO 526: Atribución del uso de la vivienda familiar. El uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos: a) si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad; b) si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata.

El juez debe fijar el plazo de la atribución. El plazo no puede ser mayor al que hubiera durado la convivencia, con un máximo de DOS (2) años a contar desde que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 523. En el caso del inciso a) el plazo debe extenderse hasta la mayoría de edad o el cese de la capacidad restringida o discapacidad.

A petición de parte interesada, el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral.

Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato.

El derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el artículo 445.”

PROPUESTA TUNESSI (ARTICULO 564):

ARTÍCULO 564.- “Derecho a la información en las técnicas de reproducción asistida: Derecho a la información en las técnicas de reproducción: La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento.

Las personas nacidas a través de estas técnicas tienen derecho a obtener en forma gratuita:

A) la identidad del donante, a través de la autoridad judicial, por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

B) del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando hay riesgo de salud.”

ARTÍCULO 594: Concepto. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen.

La adopción es una institución que debe ser decidida luego de agotadas las medidas excepcionales y de protección integral de derechos. La adopción se otorga por sentencia judicial y emplaza al adoptado o adoptada en el estado de hijo o hija, con los alcances establecidos en esta ley.

ARTÍCULO 596: Derecho a conocer los orígenes: El adoptado tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramito su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos.

Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente.

El adoptado tiene derecho a preservar sus relaciones con miembros de su familia biológica nuclear y ampliada, si ello es solicitado por este y resulta evaluado por el juez acorde al interés superior del niño.

Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos.

El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles.

El adoptado está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En todo caso debe contar con asistencia letrada.”

PROPUESTA STORANI (ARTICULO 607)

ARTÍCULO 607: Declaración de la situación de adoptabilidad:

I – Con consentimiento de los padres

a) Cuando ambos padres biológicos manifiesten ante el organismo administrativo su intención de dar a su hijo o hija en adopción, éste deberá en un plazo de NOVENTA (90) días verificar si la voluntad es libre e informada y agotar las acciones tendiente a que el niño, niña o adolescente permanezca con otros integrantes de su familia ampliada implementando medidas de protección integral de derechos. Este plazo podrá ser prorrogable por razón fundada.

Determinado el órgano administrativo que el consentimiento de los padres biológicos es libre y que la familia ampliada no se encuentra en condiciones de asumir la crianza del niño deberá informarlo

al órgano judicial. La autoridad judicial citará a los padres biológicos para ratificar su consentimiento. La ratificación deberá realizarse con patrocinio letrado bajo pena de nulidad.

b) Las personas cuyo consentimiento resulte necesario para dar a su hijo o hija en adopción deberán ser informadas de manera previa por el juez acerca de los efectos de la adopción y de las alternativas existentes para la crianza del niño. Asimismo, deberán contar con la asistencia letrada que ejerza su patrocinio, constando el cumplimiento de ello en el acta respectiva.

No será válido el consentimiento prestado por la madre sino luego de transcurridos CUARENTA Y CINCO (45) días desde el parto. Durante este período deberán implementarse medidas de protección de la maternidad y paternidad.

c) Cuando preste consentimiento solo la madre para dar a su hijo o hija en adopción se debe citar al padre para que consienta o se oponga. En el supuesto que no sea posible localizar al padre se aplicará el plazo de SESENTA (60) días que serán prorrogables por decisión judicial teniendo como objeto la preservación del derecho a la identidad del niño, niña o adolescente.

II – Sin consentimiento de los padres

Cuando faltare el consentimiento de los padres biológicos de dar a su hijo o hija en adopción, el órgano administrativo deberá en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días implementar medidas de protección integral de derechos destinadas a que el niño, niña o adolescente permanezca dentro de su familia nuclear o ampliada. Este plazo podrá ser prorrogable por razón fundada. Transcurrido dicho período el equipo técnico del órgano administrativo interviniente manifestará, de manera fundada, ante la autoridad judicial aquella alternativa que sea más favorable al niño, niña o adolescente. En todo momento el niño, niña o adolescente deberá contar con asistencia letrada. En un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48), y en atención a los elementos del caso, la autoridad judicial iniciará de oficio el procedimiento para la declaración del estado de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, o en su caso el archivo del expediente.

III – Filiación desconocida.

En los casos de niños, niñas y adolescentes que no tengan filiación establecida, la autoridad judicial ordenará la realización de una investigación exhaustiva para la localización de los padres o miembros de su familia de origen. Esta investigación tendrá un plazo máximo de SESENTA (60) días que serán prorrogables por decisión judicial teniendo como objeto la preservación del derecho a la identidad del niño, niña o adolescente.

En todo el proceso de investigación y de inscripción, el niño, niña o adolescente deberá ser asistido por un letrado. Vencido el plazo establecido, el juez iniciará el procedimiento establecido para la declaración de estado de adoptabilidad.”

PROPUESTA TUNESSI (ARTICULO 607):

ARTÍCULO 607: La declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta si:

a) Un niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido, y la autoridad judicial ha realizado una investigación exhaustiva para la búsqueda de familiares de origen en un plazo máximo de TREINTA (30) días prorrogables por única vez por decisión judicial.

Vencido este plazo, el juez iniciara el procedimiento establecido para la declaración de estado de adoptabilidad.

b) Ambos padres biológicos tomaron la decisión libre e informada, y manifiestan ante la autoridad judicial la intención que su hijo o hija sea adoptado.

El órgano judicial deberá dar inmediata intervención al órgano administrativo competente en un plazo CUARENTA Y OCHO (48) horas. El órgano administrativo de protección de derechos deberá, en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días prorrogables por única vez, agotar las acciones tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada implementando medidas de protección integral de derechos.

Los padres biológicos deberán ser informados de manera previa por el juez acerca de los efectos de la adopción y de las alternativas existentes para la crianza del niño. En todo momento el niño, niña o adolescente deberá contar con asistencia letrada.

No será válido el consentimiento prestado por la madre sino luego de transcurridos CUARENTA Y CINCO (45) días desde el parto. Durante este periodo se deberán implementar medidas de protección de la maternidad y paternidad.

Vencido este plazo, el juez citara a los padres biológicos para ratificar su consentimiento e iniciara el procedimiento establecido para la declaración de estado de adoptabilidad.

c) Cuando faltare el consentimiento de uno o ambos padres biológicos para dar a su hijo o hija en adopción el órgano administrativo deberá, en un plazo de NOVENTA (90) días prorrogables por única vez, agotar las medidas excepcionales y de efectivizacion de derechos tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca dentro de su familia origen o ampliada.

Transcurrido dicho plazo el equipo técnico del órgano administrativo interviniente manifestará, de manera fundada, ante la autoridad judicial aquella alternativa que sea más favorable al niño, niña o adolescente. En todo momento el niño, niña o adolescente y sus progenitores deberán contar con asistencia letrada. En un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, y en atención a los

elementos del caso, la autoridad judicial iniciara de oficio el procedimiento para la declaración del estado de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, o en su caso el archivo del expediente.”

ARTÍCULO 611: Guarda de hecho. La entrega directa en guarda del niño, niña o adolescente mediante escritura pública, instrumento privado, acto administrativo o guarda de hecho queda expresamente prohibida.”

PROPUESTA STORANI (ARTICULO 617)

ARTÍCULO 617.- “Reglas del procedimiento. Se aplican al proceso de adopción las siguientes reglas:

a) son parte los pretensos adoptantes, el pretenso adoptado, la familia de origen, el Ministerio Público y la autoridad administrativa que intervino en el proceso de la declaración en situación de adoptabilidad; el pretenso adoptado debe contar con asistencia letrada;

b) el juez debe oír personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de madurez;

c) el pretenso adoptado mayor de DIEZ (10) años debe prestar consentimiento expreso;

d) las audiencias son privadas y el expediente reservado.

e) El tribunal está obligado, a fin de juzgar la procedencia de la adopción, a ponderar si ésta es conveniente para el niño, niña o adolescente. En tal sentido deberá considerar los elementos que hacen al respeto de su derecho a la identidad, como su pertenencia a determinada comunidad étnica, o pertenencia religiosa o mantenimiento de vínculos afectivos con integrantes de la familia de origen.”

PROPUESTA STORANI (ARTICULO 620):

ARTÍCULO 620: Reglas generales. La adopción otorga al adoptado la condición de hijo o hija. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo o hija, a excepción de lo dispuesto en este Código. La adopción mantiene vínculos jurídicos con la familia de origen con los alcances y límites dispuestos en este Código.

La adopción otorga al adoptado o adoptada la posición de hijo o hija y crea vinculo de parentesco entre aquel y aquella y todos los miembros de la familia del adoptante.

Después de acordada la adopción son admisibles el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos y la acción de filiación pero ninguna de estas situaciones altera los efectos de la adopción.

El adoptado tiene derecho a preservar sus relaciones con miembros de su familia biológica nuclear y ampliada, a través de un régimen de visitas, si ello es solicitado por el adoptado o por su familia de origen y resulta evaluado por el juez acorde al interés superior del niño.

El adoptante hereda ab-intestato al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos; pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

El adoptado o la adoptada y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo biológico o hija biológica.

ARTÍCULO 642: Desacuerdo. En caso de desacuerdo entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al juez competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los progenitores con intervención del Ministerio Público. Si los desacuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpece gravemente el ejercicio de la responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo total o parcialmente a uno de los progenitores, o distribuir entre ellos sus funciones, por un plazo que no puede exceder de DOS (2) años. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria, y ordenar medidas de intervención interdisciplinaria o someter las discrepancias a mediación. El juez deberá oír al niño, niña o adolescente con asistencia letrada.

ARTÍCULO 645: Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene doble vínculo filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes supuestos:

a) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad;

b) autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero;

c) administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad con lo previsto en este Capítulo.

En todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad para prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el interés familiar.

Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso.”

ARTÍCULO 657: Otorgamiento de la guarda a un tercero: Se propone la eliminación del artículo.

ARTÍCULO 666: Cuidado personal compartido con la modalidad alternada. En el caso de cuidado personal compartido en la modalidad alternada, si ambos progenitores cuentan con recursos

equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado; si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquél que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658. En el caso de que alguno de los/as obligados/as se declare insolvente, el juez deberá requerir al Estado la asunción de la corresponsabilidad, hasta tanto se revierta la situación.

ARTÍCULO 678.- Oposición al juicio: SE PROPONE LA ELIMINACIÓN DEL ARTÍCULO.

ARTÍCULO 702: Suspensión del ejercicio. El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure:

a) la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;

b) la declaración de sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio;

c) la convivencia del hijo con un tercero, separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en leyes especiales.

En el caso de que el progenitor se encuentre bajo pena de reclusión o prisión, el juez puede disponer la privación de la responsabilidad parental cuando entienda que está comprometido interés superior del niño, niña o adolescente.”

ARTÍCULO 720: Acción de filiación. En la acción de filiación, excepto que el actor sea persona menor de edad o con capacidad restringida, es competente el juez del domicilio del niño, niña o adolescente.

LIBRO TERCERO: DERECHOS PERSONALES

ARTÍCULO 730: Efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a:

a) Emplear los medios legales para que el deudor procure aquello a que se ha obligado;

b) Hacérselo procurar por otro a costa del deudor;

c) Obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

ARTÍCULO 765: Concepto: La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, será de aplicación los artículos 766 y 772.

ARTÍCULO 766: Obligaciones del deudor de moneda extranjera: El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.”

ARTÍCULO 768: Intereses moratorios: A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina:

a. por lo que acuerden las partes;

b. por lo que dispongan las leyes especiales;

c. en subsidio, por la tasa activa que se fije según las reglamentaciones del Banco Central.

ARTÍCULO 771. Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido éste, pueden ser repetidos. Asimismo, los jueces se encuentran facultados para disponer la nulidad de todas aquellas cláusulas que resulten abusivas.”

ARTÍCULO 804: Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

ARTÍCULO 886: Mora del deudor. Principio. Mora automática. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para su cumplimiento.”

ARTÍCULO 887: Excepciones al principio de mora automática. La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones:

a) Sujetas a plazo tácito; si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora.

b) Sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho,; si no hay plazo, el juez a pedido de parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que prevea le ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en

cuyo caso el deudor queda constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación.

En caso de duda respecto a si el plazo es tácito o indeterminado propiamente dicho, se considera que es tácito.

ARTÍCULO 912: Derechos del acreedor que retira el depósito. Si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor o considerarlo insuficiente o exigir la repetición de lo pagado por gastos y honorarios por considerar que no se encontraba en mora, o ambas cosas. En el recibo debe hacer reserva de su derecho, caso contrario se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. Para demandar tiene un término de caducidad de NOVENTA (90) días computados a partir del recibo con reserva.

ARTÍCULO 973: Invitación a ofertar. Oferta al público. La oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar del oferente. En este caso, se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos.

ARTÍCULO 974: Fuerza obligatoria de la oferta. La oferta obliga al proponente a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso.

Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente.

El oferente y sus herederos, están obligados a mantener la oferta durante el tiempo de su vigencia, a menos que, siendo revocable, la retracten.

ARTÍCULO 975: Retractación de la oferta. La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta, a no ser que el que la hubiese hecho, hubiese renunciado a la facultad de retirarla, o se hubiese obligado al hacerla, a permanecer en ella hasta una época determinada.

ARTÍCULO 978: Aceptación. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación, no vale como tal, sino que importa la propuesta de un

nuevo contrato. El proponente puede considerar eficaz la aceptación tardía, con tal que dé aviso inmediatamente a la otra parte.

ARTÍCULO 980: Perfeccionamiento. La aceptación perfecciona el contrato:

a) entre presentes, cuando es manifestada inmediatamente;

b) entre ausentes, si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. Si no ha mediado plazo, la aceptación perfecciona el contrato si es recibida en un plazo razonable.

ARTÍCULO 985: Requisitos. Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes.

La redacción debe ser clara y completa.

Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvió a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponerte, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato.

La presente disposición es particularmente aplicable a la contratación telefónica o electrónica, bancaria, financiera, asegurativa -inclusive para las víctimas de accidentes de tránsito, de trabajo y mala praxis-, o similares.

ARTÍCULO 988. Cláusulas abusivas y sorpresivas. En los contratos previstos en esta sección, se deben tener por no escritas:

a) Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente;

b) Las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias;

c) Las que por su contenido, redacción o presentación sorpresivas no son razonablemente previsibles

ARTÍCULO 990: Libertad de negociación. Deber de información. Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato, y para abandonarlas en cualquier momento. En el curso de las negociaciones, cada una de las partes tiene el deber de informar y advertir completa y objetivamente a la otra sobre todas las circunstancias esenciales, de hecho o de derecho, que conozca o que deba conocer atinentes al contrato, que pueda tener aptitud para lograr una adecuada formación del consentimiento.

ARTÍCULO 991.- Deber de buena fe. Ruptura de mala fe. Efectos. Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato. La indemnización consiste en dejar a la otra parte en la situación que tendría si no hubiese iniciado las tratativas.

Se considera contrario a la buena fe:

a) Entrar en negociaciones o continuarlas sin intención de concluir un contrato con la otra.

b) Conocer o debiendo conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato, no haber dado noticia de ella a la otra parte.”

ARTÍCULO 1091: Imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.

ARTÍCULO 1092: Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

ARTÍCULO 1093: Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe

profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social, siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

ARTÍCULO 1097: Trato digno. Los proveedores deben garantizar condiciones de atención eficiente, personalizada e inmediata así como trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias o que dificulten o impidan comprender y ejercer sus derechos.

ARTÍCULO 1196: Locación habitacional. Si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario:

a) el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a UN (1) mes;

b) depósitos de garantía u otras garantías, por cantidad mayor del importe equivalente a UN (1) mes de alquiler por cada año de locación contratado;

c) el pago de valor llave o equivalentes.

En ningún caso la erogación inicial requerida al locatario, podrá superar el monto equivalente al valor de TRES (3) meses del canon locativo pactado

ARTÍCULO 1199.- Excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a:

a) sede de embajada, consulado u organismo internacional, y el destinado a habitación de su personal extranjero diplomático o consular;

b) habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, hospedaje, descanso o similares. Si el plazo del contrato supera los TRES (3) meses, se presume que no fue hecho con esos fines;

c) guarda de cosas;

d) exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial.

Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado.

ARTÍCULO 1219.- Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el contrato:

a) por cambio de destino o uso irregular en los términos del artículo 1205;

b) por falta de conservación de la cosa locada, o su abandono sin dejar quien haga sus veces

c) Por falta de pago de la prestación dineraria convenida, durante TRES (3) períodos consecutivos.

ARTÍCULO 1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:

a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;

b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;

c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la provisión de la obra o del servicio, si así lo dispusieron las partes.

d) Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer;

e) Ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

ARTÍCULO 1328: Obligaciones del mandante. El mandante está obligado a:

a) suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarle, en cualquier momento que le sea requerido, todo gasto razonable en que haya incurrido para ese fin. El reembolso comprenderá los intereses de lo que el mandatario hubiera anticipado para cumplir el mandato desde el día en que lo hubiera anticipado.

b) Indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato, no imputables al propio mandatario.

c) Liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole de los medios necesarios para ello.

d) Abonar al mandatario la retribución convenida. Si el mandato se extingue sin culpa del mandatario, debe la parte de la retribución proporcionada al servicio cumplido; pero si el mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que le corresponde, el mandante no puede exigir su restitución.

ARTÍCULO 1330.- Mandato irrevocable. El mandato puede convenirse expresamente como irrevocable en los casos de los incisos b) y c) del artículo 380.

El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante es nulo si no puede valer como disposición de última voluntad.

ARTÍCULO 1346: Conclusión del contrato de corretaje. Sujetos: el contrato de corretaje se entiende concluido:

a) Por la intervención del corredor en el negocio, sin protesta expresa hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de otro corredor por el otro comitente;

b) Si el comitente es una persona de derecho público, el contrato de corretaje debe ajustarse a las reglas de contratación pertinentes.”

ARTÍCULO 1371: Eximentes de responsabilidad. El hotelero no responde si los daños o pérdidas causados por caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera.

ARTÍCULO 1375: Establecimientos y locales asimilables. Las normas de esta Sección se aplican a los hospitales, sanatorios, casas de salud y deporte, restaurantes, garajes, lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares que presten servicios a título oneroso.

ARTÍCULO 1398: Intereses. El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses, que se capitalizan trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación, de la convención o de los usos. Las partes pueden convenir que el saldo acreedor de la cuenta corriente genere intereses capitalizables en los períodos y a la tasa que libremente pacten.

ARTÍCULO 1408: Préstamo bancario. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose el prestario a su devolución y al pago de los intereses, en la moneda de la misma especie conforme lo pactado.

ARTÍCULO 1409: Descuento bancario. El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra terceros a cederle a un banco, y a éste a anticiparle el importe del crédito, en la moneda de la misma especie conforme lo pactado.

El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar mediante endoso de letras de cambio, pagarés o cheque y haya ejercido contra el tercero los derechos y acciones derivadas del título.”

ARTÍCULO 1410: Definición. En la apertura de crédito, el banco obliga, a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal conforme lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite acordado y por un tiempo fijo o indeterminado, si no se expresa la duración de la disponibilidad, se considera de plazo indeterminado.”

ARTÍCULO 1492: Preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso.

El plazo de preaviso debe ser de UN (1) mes por cada año de vigencia del contrato, hasta el máximo de seis meses.

El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquél opera.

Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de preaviso debe computarse la duración limitada que le precede.

Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo.

ARTÍCULO 1493: Omisión de preaviso. En los casos del artículo 1492, la omisión del preaviso otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las utilidades netas dejadas de percibir en el período.

ARTÍCULO 1549: Capacidad para aceptar donaciones. Para aceptar donaciones se requiere ser capaz. Si la donación es a una persona incapaz, la aceptación debe ser hecha por su representante legal; si el donante fuese el representante legal, se designará un tutor especial. Todas las donaciones con cargo requieren autorización judicial.

ARTÍCULO 1571: Ingratitud. Las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del donatario en los siguientes casos:

a. Si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes

b. Si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor;

c. Si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio;

d. Si rehúsa alimentos al donante.

En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al donatario le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal.

ARTICULO 1650: Forma. El acuerdo de arbitraje debe ser escrito y puede constar en una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento.

La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.

Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión o con cláusulas predispuestas, deberá ser motivo de consideración y asentimiento independiente y expreso. Si validez se regirá por las normas aplicables a este tipo de contrato.

ARTÍCULO 1651: Controversias excluidas. No pueden ser sometidas a arbitraje las controversias que recaen sobre el estado civil, las cuestiones no patrimoniales de familia y la capacidad de las personas. Este capítulo no es aplicable a las relaciones de consumo y laborales ni a aquellas en las que el Estado sea parte.

ARTÍCULO 1653: Autonomía. El contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona. La ineficacia de éste no obsta a la validez del contrato de arbitraje, por lo que los árbitros conservan su competencia, aun en caso de nulidad de aquél, para determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones-

ARTÍCULO 1655: Dictado de medidas previas. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje atribuye a los árbitros la facultad de adoptar, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros pueden exigir caución suficiente al solicitante. La ejecución de las medidas cautelares y en su caso de las diligencias preliminares se debe hacer por el tribunal judicial. Las partes también pueden solicitar la adopción de estas medidas al juez, sin que ello se considere un incumplimiento del contrato de arbitraje ni una renuncia a la jurisdicción arbitral; tampoco excluye los poderes de los árbitros.

Las medidas previas adoptadas por los árbitros, según lo establecido en el presente artículo, podrán ser impugnadas judicialmente cuando violen manifiestamente garantías constitucionales o sean irrazonables.

ARTÍCULO 1660: Puede actuar como árbitro cualquier persona con plena capacidad civil. Las partes pueden estipular que lo árbitros reúnan determinadas condiciones de nacionalidad, profesión. Cuando el arbitraje sea de derecho, el árbitro deberá contar con título de abogado.

ARTÍCULO 1665: Extinción de la competencia de los árbitros. La competencia atribuida a los árbitros por el contrato de arbitraje se extingue con el dictado del laudo definitivo, excepto para el dictado de resoluciones aclaratorias o complementarias conforme a lo que las partes hayan estipulado o a las previsiones del derecho de la sede.

El laudo es obligatorio para las partes. Pueden interponerse contra el laudo los recursos que no hayan sido renunciados válidamente de acuerdo al derecho de la sede. La ejecución del laudo se rige por el derecho del lugar en que se la intente.

ARTÍCULO 1709: Obligación tácita de seguridad. Quien realiza una actividad, se sirve u obtiene provecho de ella, tiene a su cargo la obligación tácita de seguridad:

a) Si de la actividad, o de un servicio prestado en razón de ella, puede resultar un daño a las personas que participan de la actividad o reciben el servicio, o a sus bienes;

b) Si, además, puede prevenir ese daño de manera más fácil o económica que si lo hace el damnificado.

ARTICULO 1709 Bis: Salvo disposición legal o estipulación de partes, quien está sujeto a la obligación tácita de seguridad se libera si prueba haber actuado con diligencia, a cuyo fin debe haber adoptado las medidas de prevención razonablemente adecuadas”.

ARTÍCULO 1745: Daño a los derechos de incidencia colectiva. Cuando existe lesión a un derecho de incidencia colectiva y la pretensión recae sobre el aspecto colectivo, corresponde prioritariamente la reposición al estado anterior al hecho generador. Si ello es total o parcialmente imposible, o resulta insuficiente, procede una indemnización. Si ella se fija en dinero, tiene el destino que le asigna el juez por resolución fundada.

Están legitimados para accionar:

a) el afectado individual o agrupado que demuestra un interés relevante;

b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda;

c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional;

d) el Estado nacional, los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Estados municipales;

e) el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

ARTÍCULO 1746: Daño a derechos individuales homogéneos. Hay daños a derechos individuales homogéneos cuando media una pluralidad de damnificados individuales con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados en forma indirecta por la lesión a un derecho colectivo o provenientes de una causa común, fáctica o jurídica. Pueden demandar la reparación de esta clase de daños:

a) el afectado individual o agrupado que demuestre un interés propio;

b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda;

c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 1747: Presupuestos de admisibilidad. Para el reconocimiento de la legitimación en los procesos en los que se reclama el resarcimiento de daños a derechos de incidencia colectiva o individuales homogéneos, se debe exigir que el legitimado cuente con aptitudes suficientes para garantizar una adecuada defensa de los intereses colectivos. Entre otros requisitos, el juez debe tener en cuenta:

a) la experiencia, antecedentes y solvencia económica del legitimado para la protección de este tipo de intereses;

b) la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda.

Para la admisibilidad de los procesos en los que se reclama la reparación de daños a derechos individuales homogéneos es requisito necesario que el enjuiciamiento concentrado del conflicto constituya una vía más eficiente y funcional que el trámite individual, para lo cual el juez debe tener en consideración aspectos tales como el predominio de las cuestiones comunes sobre las particulares o la imposibilidad o grave dificultad de constituir un litisconsorcio entre los afectados.

ARTÍCULO 1748: Alcances de la sentencia. Cosa juzgada. En los procesos colectivos referidos a derechos individuales homogéneos, la sentencia hace cosa juzgada y tiene efecto

erga omnes, excepto que la acción sea rechazada. Este efecto no alcanza a las acciones individuales fundadas en la misma causa. Si la pretensión colectiva es acogida, los damnificados pueden solicitar la liquidación y la ejecución de la sentencia a título personal ante el juez de su domicilio. La sentencia que rechaza la acción colectiva no impide la posibilidad de promover o continuar las acciones individuales por los perjuicios ocasionados a cada damnificado.

ARTÍCULO 1764.- Responsabilidad del Estado. El Estado responde, objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño.

ARTÍCULO 1765: Responsabilidad del funcionario y del empleado público. El funcionario o empleado público es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las responsabilidades del funcionario o empleado público y del Estado son concurrentes.

ARTÍCULO 1766: Responsabilidad del Estado por actividad lícita. El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas.

La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.

ARTÍCULO 1771: Acusación calumniosa. En los daños causados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave. Si se trata de funcionarios públicos o de cuestiones de interés público, quien realizó la acusación calumniosa sólo responde por los daños ocasionados si ha actuado con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación. La carga de la prueba es de quien alega el daño.

LIBRO CUARTO: DERECHOS REALES

ARTÍCULO 1887: Enumeración: Son derechos reales en este Código:

a. el dominio:

b. el condominio;

c. la propiedad horizontal;

d. los conjuntos inmobiliarios;

e. el tiempo compartido;

f. el cementerio privado;

g. la superficie;

h. el usufructo;

i. el uso;

j. la habitación;

k. la servidumbre;

l. la hipoteca;

m. la anticresis;

n. la prenda.

ARTÍCULO 1899: Prescripción Adquisitiva larga: Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de VEINTE (20) años. En el caso de prescripción adquisitiva para vivienda única, el plazo es de QUINCE (15) años.

No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión.

También adquiere el derecho real el que posee durante DIEZ (10) años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes.

ARTÍCULO 1974: Camino de Ribera: El dueño de un terreno colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o riberas debe dejar libre una franja de terreno de TREINTA Y CINCO (35) metros en toda la extensión del curso, la que será de acceso y uso público, libre y gratuito. El propietario ribereño no podrá ejercer ningún acto que menoscabe el acceso y uso otorgado.

El terreno colindante con las orillas de los cauces o riberas tendrá una función socioambiental y cultural.

Los Estados están obligados a garantizar las funciones otorgadas a las franjas costeras. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo.

Artículo 2028: (se propone su eliminación)

Artículo 2029: (se propone su eliminación)

Artículo 2030: (se propone su eliminación)

Artículo 2031: (se propone su eliminación)

Artículo 2032: (se propone su eliminación)

Artículo 2033: (se propone su eliminación)

Artículo 2034: (se propone su eliminación)

Artículo 2035: (se propone su eliminación)

Artículo 2036: (se propone su eliminación)

ARTÍCULO 2189: Especialidad en cuanto al crédito. El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. La especialidad queda cumplida con la expresión del monto máximo del gravamen.

El crédito puede estar individualizado en todos los elementos desde el origen o puede nacer posteriormente; mas en todos los casos, el gravamen constituye el máximo de la garantía real por todo concepto, de modo que cualquier suma excedente es quirografaria, sea por capital, intereses, costas, multas, u otros conceptos.

El acto constitutivo debe prever el plazo al que la garantía se sujeta, que no puede exceder de DIEZ (10) años, contados desde ese acto. Vencido el plazo, la garantía subsiste en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia.

ARTÍCULO 2206: Legitimación. Pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie.

LIBRO QUINTO: TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR CAUSA DE MUERTE

ARTÍCULO 2281 BIS: Por las mismas causas enumeradas en los incisos a), b), c), e), f), g) e i) del artículo 228 y mediante testamento válido, podrán ser desheredados los herederos forzosos.

ARTÍCULO 2331: Pacto de indivisión. Los herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de DIEZ (10) años, sin perjuicio de la partición provisional de uso y goce de los bienes entre los copartícipes.

Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el convenio concluido por sus representantes legales o con la participación de las personas que los asisten requiere aprobación judicial.

Estos convenios pueden ser renovados por igual plazo al término del anteriormente establecido.

Cualquiera de los coherederos puede pedir la división antes del vencimiento del plazo, siempre que medien causas justificadas.

ARTÍCULO 2334: Oponibilidad frente a terceros. Derechos de los acreedores. Para ser oponible a terceros, la indivisión autorizada por los artículos 2330 a 2333 que incluye bienes registrables debe ser inscripta en los registros respectivos.

Durante la indivisión, los acreedores de los coherederos no pueden ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal de éste, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondientes a su deudor.

Las indivisiones no impiden el derecho de los acreedores del causante al cobro de sus créditos sobre los bienes indivisos.

ARTÍCULO 2339: Sucesión testamentaria. Si el causante ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre.

Si el testamento es ológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento, y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador, mediante pericia caligráfica. Cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo. Asimismo, si algún interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La protocolización no impide que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso contencioso.

Debe citarse a herederos, acreedores y terceros que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante mediante la publicación de edictos por UN (1) día en el diario de publicaciones oficiales.

ARTICULO 2459: Prescripción adquisitiva. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante DIEZ (10) años computados desde la muerte del donante. Se aplica el artículo 1901.

LIBRO VI-DISPOSICIONES COMUNES A LOS DERECHOS PERSONALES Y REALES

ARTÍCULO 2536: Invocación de la prescripción. La prescripción puede ser invocada en todos los casos, con excepción de los supuestos previstos por la ley.

ARTÍCULO 2543: Casos especiales. El curso de la prescripción se suspende:

a) entre cónyuges, durante el matrimonio;

b) entre convivientes, durante la unión convivencial;

c) entre las personas incapaces y con capacidad restringida y sus padres, tutores o curadores, durante la responsabilidad parental, la tutela o la curatela;

d) entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes de sus órganos de fiscalización, mientras continúan en el ejercicio del cargo;

e) a favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada respecto de los reclamos que tienen por causa la defensa de derechos sobre bienes del acervo hereditario.

ARTÍCULO 2560: Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de CINCO (5) años, excepto que esté previsto uno diferente.

Este plazo se aplica a la prescripción de impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos provinciales y municipales.

ARTÍCULO 2595: Aplicación del derecho extranjero. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable:

a) el juez establece su contenido, y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido se aplica el derecho argentino;

b) si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece y, en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate;

c) si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos.

ARTÍCULO 2603: Medidas provisionales y cautelares. Los jueces argentinos son competentes para disponer medidas provisionales y cautelares:

a) cuando entienden en el proceso principal, sin perjuicio de que los bienes o las personas no se encuentren en la República;

b) a pedido de un juez extranjero competente o en casos de urgencia, cuando los bienes o las personas se encuentran o pueden encontrarse en el país, aunque carezcan de competencia internacional para entender en el proceso principal;

c) cuando la sentencia dictada por un juez extranjero debe ser reconocida o ejecutada en la Argentina.

El cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino no implicará el compromiso de reconocimiento o ejecución de la sentencia definitiva extranjera pronunciada en el juicio principal.

ARTÍCULO 2612: Asistencia procesal internacional. Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras deben hacerse mediante exhorto. Cuando la situación lo requiera, los jueces argentinos están facultados para establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten la práctica, en tanto se respeten las garantías del debido proceso.

Se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatorias solicitadas por autoridades jurisdiccionales extranjeras siempre que la resolución que las ordena no afecte principios de orden público del derecho argentino. Los exhortos deben tramitarse de oficio y sin demora, de acuerdo a las leyes argentinas, sin perjuicio de disponer lo pertinente con relación a los gastos que demande la asistencia requerida.

ARTÍCULO 2621: Jurisdicción. Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado.

Se entiende por domicilio conyugal efectivo el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges.

ARTÍCULO 2635: Jurisdicción. En caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la declaración en situación de

adoptabilidad, la decisión de la guarda con fines de adopción y para el otorgamiento de una adopción.

Para la anulación o revocación de una adopción son competentes los jueces del lugar del otorgamiento o los del domicilio del adoptado.

Las autoridades administrativas o jurisdiccionales argentinas deben prestar cooperación a las personas con domicilio o residencia habitual en la Argentina, aspirantes a una adopción a otorgarse en país extranjero, que soliciten informes sociales o ambientales de preparación o de seguimiento de una adopción a conferirse o conferida en el extranjero.

ARTÍCULO 2642: Principios generales y cooperación. En materia de desplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño.

El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso seguro del niño o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión.

La petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también, si correspondiera, la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente.

ARTÍCULO 2651: Autonomía de la voluntad. Reglas.

Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Dicha elección puede referirse a la totalidad o a partes del contrato.

El ejercicio de este derecho está sujeto a las siguientes reglas:

a) en cualquier momento pueden convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía, ya sea por una elección anterior o por aplicación de otras disposiciones de este

Código. Sin embargo, esa modificación no puede afectar la validez del contrato original ni los derechos de terceros;

b) elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido el derecho interno de ese país con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes, excepto pacto en contrario;

c) las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus contratos e, incluso, crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido;

d) los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al contrato;

e) los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino se aplican a la relación jurídica, cualquiera sea la ley que rija el contrato; también se imponen al contrato, en principio, las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso;

f) los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno;

g) la elección de un determinado foro nacional no supone la elección del derecho interno aplicable en ese país.

Este artículo no se aplica a los contratos de consumo.

ARTÍCULO 2653: Cláusula de excepción. Excepcionalmente, luego de sustanciado un pedido de parte, y tomando en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato y el derecho a la defensa en juicio de las partes, el juez está facultado para disponer la aplicación del derecho del Estado con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos.

Esta disposición no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso.

ARTÍCULO 2655: Derecho aplicable. Los contratos de consumo se rigen por el derecho del Estado del domicilio del consumidor en los siguientes casos:

a) si la conclusión del contrato fue precedida de una oferta o de una publicidad o actividad realizada en el Estado del domicilio del consumidor y éste ha cumplido en él los actos necesarios para la conclusión del contrato;

b) si el proveedor ha recibido el pedido en el Estado del domicilio del consumidor;

c) si el consumidor fue inducido por su proveedor a desplazarse a un Estado extranjero a los fines de efectuar en él su pedido;

d) si los contratos de viaje, por un precio global, comprenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento.

En cualquier otro caso no contemplado en los incisos anteriores, los contratos de consumo se rigen por el derecho del Estado del lugar de cumplimiento. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por el derecho del lugar de celebración.

Ley 24.240:

ARTICULO 40 BIS: Los organismos de aplicación pueden fijar las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión de proveedor o bienes del prestador de servicio. Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes requisitos:

a) la ley de creación les ha concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta por el legislador para otorgarles esa facultad es manifiesta;

b) están dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;

c) conforme con la ley de creación, sus decisiones gozan de autoridad de cosa juzgada y son susceptibles de cumplimiento forzoso según las reglas relativas a la ejecución de sentencias;

d) Sus decisiones están sujetas a control judicial amplio y suficiente.”

ARTICULO 52 bis: Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria al proveedor que actúe con grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. Su monto se fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. La multa civil tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada, conforme con las siguientes pautas orientativas: a) según corresponda, como mínimo, un porcentaje deber ir a favor de la parte peticionante, para garantizar que existan incentivos adecuados para que la misma accione y colabore en la etapa probatoria; b) en caso de haberse producido, entre otros o en forma exclusiva, daños irreparables a quien lo peticiona, esta multa civil disuasiva deber destinarse en su totalidad a su favor.

Si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho, provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarlas a los fines de lo previsto en este artículo. En tal supuesto de excepción, el juez puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la medida.

FUNDAMENTOS:

La trascendencia histórica de un hecho de tamaña responsabilidad como lo es la reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial requiere por parte de todos los que tenemos el privilegio de participar en su confección del mayor de los compromisos.

Luego del Anteproyecto elaborado por la “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación” (comisión de juristas), de las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional, y de las múltiples audiencias públicas llevadas a cabo a lo largo y ancho de nuestro país, toca a esta Comisión Bicameral emitir un dictamen.

El Código Civil de la Nación (Ley 340) y el Código de Comercio (Ley 2.637) han sido sancionados hace más de un siglo y por tanto resulta imprescindible que nuestro derecho privado cuente con una codificación que responda a los cambios que nuestra sociedad ha ido adoptando, y a la vez pueda hacer frente a las demandas y necesidades de generaciones futuras.

La codificación presenta características propias que la diferencian tanto de cualquier norma particular como de la compilación de leyes. Los códigos deben necesariamente consistir en un sistema coherente en donde cada una de sus mandas conforme un todo uniforme.

Asimismo resulta imprescindible que esta codificación responda a las tendencias y cambios culturales de la sociedad en la que vivimos. El derecho privado debe necesariamente amparar las relaciones particulares entre todos los habitantes de nuestro país, respetando la diversidad existente en nuestro pueblo.

Es bajo estas premisas que desde nuestros bloques legislativos venimos a acompañar en general el Anteproyecto confeccionado por la Comisión de Juristas, que finalmente fuera modificado en parte por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esto es así porque compartimos la esencia del nuevo Código; reivindicamos su núcleo duro ya que la Unión Cívica Radical siempre ha sido un Partido que ha bregado incansablemente por el resguardo de la autonomía de la voluntad, el respeto al multiculturalismo, la defensa de una concepción humanista, y la constitucionalización del derecho privado. La historia avala y demuestra nuestro compromiso con el respeto de dichos principios y por tanto no

corresponde en este momento realizar una enumeración pormenorizada de las banderas que nuestro Partido viene alzando desde su constitución.

Sin embargo debemos destacar que si bien acompañamos en general el Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, tenemos profundas diferencias con el mismo, en especial en lo que refiere a los cambios que dicho órgano de gobierno introdujo en el Anteproyecto elaborado por los juristas.

Si bien cuantitativamente las modificaciones introducidas por el Ejecutivo no fueron numerosas, las mismas importaron amputaciones que desvirtuaron en gran parte el plexo normativo. La eliminación del derecho fundamental al agua potable, la eliminación de las denominadas acciones de clase, la modificación de las sanciones conminatorias, y la supresión de la responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos del nuevo Código importan retrocesos inadmisibles con nuestra visión progresista.

En su afán de adoptar medidas supuestamente beneficiosas para su administración el partido de gobierno suprimió normas que implicaban el reconocimiento del avance jurídico logrado en nuestro país.

Por otra parte debemos mencionar que las disidencias planteadas en este dictamen no se limitan solo a las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional, sino que también muchas de ellas tienen por propósito enriquecer y plasmar una posición superadora a la consagrada por la Comisión de juristas en el texto del Anteproyecto. En particular merece destacarse especialmente nuestra propuesta de modificar el Anteproyecto en relación al estatus de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La Constitución prevé un estatus privilegiado reconociendo su preexistencia al Estado Nacional. Por consiguiente no corresponde darle el estatus de persona jurídica privada así como tampoco regular la propiedad como si fuera un derecho real equiparable a cualquier. Entendemos que corresponde regular su situación por medio de una ley especial.

Este nuevo Código regirá la vida de todos los habitantes de nuestro país, servirá de base regulatoria en materia privada, y tendrá la expectativa de mantener su vigencia durante gran parte del siglo en curso. Por tanto corresponde a nosotros en tanto representantes del pueblo y responsables de este hito histórico tender a lograr el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas, porque solo a partir de ello este nuevo cuerpo normativo tendrá capacidad de ser útil y duradero.

Es con este anhelo de lograr el mejor Código posible que venimos mediante el presente dictamen a proponer una serie de incorporaciones y modificaciones que entendemos superadoras.

A efectos de seguir un orden esquemático en lo que refiere a la fundamentación del presente dictamen a continuación expondremos la argumentación de cada una de las temáticas siguiendo el orden de libros del Código.

Libro Primero: Parte General:

En el libro de “Parte General” consideramos adecuar algunos principios generales a la constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado Argentino ratificó. En especial, aplicar el principio de “constitucionalización del derecho privado” a institutos como “comienzo de la existencia”, “capacidad”, “bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva” y “acceso al agua potable”.

Con el objeto de respetar y producir legislación a favor del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, consideramos modificaciones al instituto de la “capacidad”. De este modo, se introducen los conceptos de “ajustes razonables” y “apoyos” para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. A su vez, consideramos acorde a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad limitar el concepto de “incapacidad” e introducir el concepto de “capacidad restringida”.

Por otro lado, consideramos suprimir a los Pueblos y Comunidades Indígenas como persona jurídica privada. Ello sobre la base que la Constitución en su artículo 75 inciso 17 consagra a los Pueblos y Comunidades Indígenas su carácter preexistente al Estado Nacional y las Provincias. Así, igual su personalidad jurídica a la de una simple asociación resulta una técnica jurídica incongruente con el mandato constitucional.

En este sentido, consideramos que la falta de regulación de las “iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas” en la sección personas jurídicas privadas restringe derechos como también lesiona una igual protección de libertad de cultos. Por ello, consideramos como una técnica legislativa superadora incluir a los otros cultos y confesiones la personería jurídica privada.

El propósito establecido en el Libro Preliminar de este Proyecto de Código Civil y Comercial de regular los derechos de incidencia colectiva debe contemplar una regulación superadora al establecer “límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”. Así,

consideramos introducir el termino socioambiental y volver a la técnica jurídica propuesta por el Comité redactor. Ello es así porque remitir la regulación de estos límites al derecho administrativo nacional y local es incongruente con el principio de establecer reglas mínimas para el ejercicio de los derechos de incidencia colectiva.

Se propone volver a introducir una regulación para el acceso al agua potable. Su supresió restringe derechos y es incongruente con comunicaciones y posiciones adoptadas por el Estado Argentino ante organismos internacionales, como por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas.

Libro Segundo: Relaciones de Familia

En el libro de relaciones de familia consideramos apropiado adecuar algunos términos para que queden coherentes con las nuevas reformas. Por ejemplo, reemplazar el térmico “convivencia” por “vida en común”, dado que convivir ya no será requisito para los cónyuges, y reemplazar el término “anulación” por “nulidad”.

Para no dejar desprotegidas a las partes, se introduce en el proceso de divorcio la salvedad “sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder según otras secciones de este Código”, para no excluir una posible demanda por daños y perjuicios. Además, consideramos que debe preverse expresamente que el trabajo en el hogar sea computable como una contribución a las cargas del matrimonio.

Se incluye la opción de validar las convenciones prematrimoniales por instrumento privado homologado judicialmente porque la escritura pública puede resultar muy onerosa. Se incluye el requisito de que a la unión convivencial deban registrarla ambos integrantes, dado que si no podrían realizarse registros fraudulentos.

En cuanto a la gestación por sustitución, se propone eliminar el artículo. No queda claro si se trata de un contrato, si se regirá bajo normas contractuales, qué ocurriría ante incumplimiento o situaciones imprevistas. Es poco probable que haya mujeres dispuestas a realizar la práctica de manera altruista, puede haber retribución encubierta.

En cuanto al instituto de la adopción, se proponen varias redacciones alternativas a las del proyecto. Señalamos que el proceso de adopción debe iniciarse luego de agotarse las medidas de protección integral y las medidas excepcionales dispuestas por el órgano administrativo de acuerdo a la ley 26061. De esta manera se reforzaría la noción de que la

falta de recursos materiales de la familia de origen no es motivo suficiente para la separación familiar y señalar que la adopción no es un recurso para desinstitucionalizar sino una institución que surge para resolver aquella instancia en la que no fue posible sostener una relación y un vínculo familiar, aún cuando el Estado haya garantizado el acceso y goce a todos los derechos (medidas de protección integral de derechos que enuncia la ley 26061).

Asimismo entendemos que el adoptado tiene el derecho a iniciar una acción autónoma a fines de conocer sus orígenes sin límite de edad.

En cuanto a la guarda de hecho, sería conveniente prohibir expresamente la entrega de niños por escritura pública, instrumento privado, acto administrativo o guarda de hecho; por ser este un canal por el cual se filtran muchas adopciones irregulares provenientes de la venta o el tráfico. En cuanto al procedimiento de adopción, se debe quitar la condicionalidad de edad y grado de madurez.

Se propone avanzar más en la reforma y no desagregar en tipos de adopción. Consideramos más oportuno un régimen único en virtud de garantizar los derechos del niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad. De esta manera, con un régimen único se estaría por un lado, rompiendo el doble estándar que hoy rige en materia de adopción donde se debe optar por la adopción “plena” o la menos valorada adopción “simple”, promoviendo así una forma única de adopción que le sume vínculos y afectos al niño y no una forma restringida y artificial contemplado por el vigente doble régimen.

Se propone eliminar la actual previsión del Proyecto que dispone la suspensión del ejercicio de responsabilidad parental ante la condena a prisión o reclusión por más de tres años. Esto parte del principio de que la persona privada de libertad sólo pierde el derecho a la libertad ambulatoria, no el resto de sus derechos. En cuanto a la acción de filiación, se propone disponer que el juez competente siempre sea el del domicilio del niño, niña o adolescente.

Libro Tercero: Derechos Personales.

Se propone cambiar el concepto de “dinero” por “valor”. El proyecto del PEN propone volver al sistema anterior a la ley de convertibilidad. Partiendo de este supuesto existen los siguientes problemas:

1.- Al Art. 765 considera que la obligación en moneda extranjera no es de dinero y remite a las obligaciones de dar cantidades de cosas, que no existe en el proyecto.

2.- El art. 765 dice que el deudor se libera dando el equivalente en dinero, pero el 766 dice que debe entregar la especie designada.

Al respecto, el proyecto no prohíbe asumir obligaciones en otras monedas, pero habilita a que el deudor pueda cumplir con la obligación en pesos. Conforme lo dispuesto, hay que tener en cuenta que está prohibida la indexación en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que, con la inflación que afrontamos, al momento de discusión de este proyecto, no se devolvería el mismo “valor” que se estableció. En función de ello, y evitando volver a un sistema de actualización, es que es posible implementar la alternativa de volver a las obligaciones de valor.

En cuanto a los intereses moratorios, se recepta la jurisprudencia reciente, en tanto se ha venido pronunciando por la sustitución de la tasa pasiva como aplicación del interés a los capitales de condena en los juicios, adoptando la tasa activa del banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento en documentos comerciales.

Según surge del proyecto de código civil y comercial se establece la sublimación del anatocismo (Art. 770) al no establecer la nulidad de las cláusulas abusivas como lo hacía el Proyecto del 98. No se establecen las defensas adecuadas para que el deudor puede oponerse a cláusulas abusivas y/o practicas usurarías es por ello que se proponen las protecciones que prevé en el Proyecto del ´98.

En cuanto a la mora, proponemos mantener la redacción del Art. 866 como la del proyecto y modificar el 887 inc a, por el actual art 509 del cc, ya que cuando la mora no es automática, requiere de un acto positivo del acreedor para que el deudor incurra en mora. Es decir, se requiere de la interpelación fehaciente del acreedor, por lo que no puede estar sujeto a los usos y la buena fe para obtener su cumplimiento.

Debe distinguirse expresamente entre cláusulas abusivas y sorpresivas para no dejar lugar a dudas respecto de su recepción. Las primeras son las clausulas que constituyen un abuso a simple vista (ej. La renuncia de jurisdicción a efectos de litigar en Brasil) y las sorpresivas, son clausulas que existen en los contratos pero que no se dejan ver a simple vista.

Se agrega el concepto de deber de información con el fin de que la información que suministren las partes en el curso de las negociaciones sea completa y objetiva sobre las circunstancias esenciales del contrato a los efectos de una adecuada formación del consentimiento.

En cuanto a la definición de consumidor, se propone volver a la redacción del Anteproyecto de la Comisión de Juristas porque la modificación del PEN ha otorgado una extensión tan amplia que termina perjudicando al consumidor.

El Art. 2 de la ley de defensa de consumidor (L.24240) se corresponde con el art 1093 del código proyectado en el que se define el concepto de proveedor.

El Art. 2 de la Ley define quienes son considerados proveedores. Dicha norma reza: “Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley (…)”

El Senado cuando sancionó la ley 26361 introdujo el párrafo segundo a este articulo: “No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario”

La comisión de juristas en el art 1093 del código proyectado, al igual que el proyecto del PEN, eliminan este segundo párrafo incorporado en el año 2008.

La reforma a los plazos de prescripción del art. 50 de la Ley 24.340 recorta los derechos ya adquiridos por los consumidores, vulnerando el principio de progresividad de derechos consagrado constitucional e internacionalmente, porque al mencionar únicamente a las sanciones, se podría llegar a interpretar que los plazos de prescripción se sujetan a cada una de las leyes especiales.

En cuanto a los daños punitivos, o “sanción pecuniaria disuasiva”, es importante destinar aunque sea un porcentaje de la multa civil por daños punitivos a la víctima para otorgarle el incentivo de iniciar el reclamo.

En la normativa de locación habitacional, se propone incluir que la erogación inicial del locatario no puede superar los tres meses del valor del canon locativo pactado (para facilitar el acceso a la locación, pero que, al mismo tiempo, el locador tenga garantías). Además remplazar expresión “exigencias asimilables” (por ser ambigua) por “otras garantías” y en la resolución de contrato de locación imputable al locatario es exiguo el plazo de 2 meses

de incumplimiento de pago de la prestación dineraria por el alquiler de inmuebles destinado para habitación (locación habitacional) del inciso c). Se propone subir el plazo a 3 meses.

Debe realizarse la distinción entre el corretaje en general y el específico relacionado al inmueble. Así, el “corretaje inmobiliario” debe regirse por las normas que establezcan las respectivas leyes provinciales y que quienes lo ejerzan necesitarán estar matriculados en el Colegio respectivo, en todas aquellas provincias que así lo requieren.

También se proponen modificaciones en materia de responsabilidad de depósitos, la responsabilidad que le cabe al titular de los establecimientos (Ejemplo, supermercados, hoteles, shoppings, etc.,) no debiera estar limitada por la onerosidad o gratuidad del servicio prestado. Si bien es cierto que aquellos establecimientos que tienen un servicio de parking gratuito, lo es sólo en “apariencia gratuito” y por tanto puede catalogárselo como oneroso, sería más adecuado no fijar de manera expresa que la responsabilidad existirá sólo en razón de la onerosidad del servicio.

En cuanto a la regulación del arbitraje, para tener en cuenta las objeciones relacionadas con los arbitrajes de inversión (aunque éste no tiene relación con el arbitraje comercial), se propone agregar un segundo párrafo que disponga expresamente que la normativa de arbitraje no será aplicable a las cuestiones en las que el Estado sea parte. Se propone además el requisito de título de abogado cuando el arbitraje fuera de derecho.

Se propone reincorporar la Sección Quinta: “De los daños a los derechos de incidencia colectiva”, artículos 1745, 1746, 1747,1748, que fuera suprimida por el Poder Ejecutivo Nacional.

Se propone mantener la redacción de la Comisión, sin las reformas del PEN.

El emplazamiento del supuesto en las normas del derecho administrativo es objetable: creará mayor incertidumbre, ante la posibilidad de que las leyes administrativas determinen criterios diferentes a los vigentes, y aún graves problemas de discordancia entre las diferentes regulaciones de cada una de las administraciones locales, a las que las normas proyectadas remiten.

La nueva regulación puede, en principio, ser contraria al principio de reparación plena de daños injustamente sufridos por la víctima.

Libro Cuarto: Derechos Reales:

Se propone incluir un plazo de 15 años para prescripción adquisitiva para vivienda única, debería preverse la situación de la prescripción adquisitiva para fines de vivienda. Ello así porque la actual informalidad urbana y rural, representan un sacrificio muy alto para los más pobres en la seguridad de la tenencia y exposición al desalojo. De este modo, exigir otorgar la prescripción adquisitiva a partir de transcurridos 20 años es en desmedro de la realidad posesoria que se viene ejerciendo sobre un bien abandonado que los más pobres utilizan para vivienda.

Con respecto al camino de ribera, se propone establecer 35 metros, en lugar de 15, según lo prescripto en el Código vigente. Además, el camino de sirga, como se desprende del Fallo de la C.S.J.N en “Mendoza, Beatriz”, también cumple un función socioambiental y, como tal, merece fuerte protección del derecho. En este sentido, se le reconoció una misión fundamental tanto para preservar los ecosistemas costeros, como para garantizar la libre circulación y acceso a los recursos naturales de dominio público como lo es, en este caso, el Río de la Plata.

Con respecto a la regulación de la propiedad indígena, nos remitimos a los fundamentos en el artículo 18.

Libro Quinto: Transmisión de derechos por causa de muerte.

En los casos especiales de suspensión de la prescripción, es innecesaria la expresión “mientras dura su calidad de tal”, dado que si en algún momento deja de revestir calidad de heredero (ya sea por indignidad o renuncia de la herencia) no será más heredero y no se aplicaría este artículo. Es una aclaración innecesaria.

A propósito de las objeciones presentadas durante las ponencias ante la Bicameral, se propone incluir un segundo párrafo al artículo 2560 del Proyecto, que establezca expresamente, en coherencia con el fallo “Filcrosa”, que el plazo de prescripción para impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos provinciales y municipales es de 5 años.

Se realizaron agregados con respecto a la asistencia procesal internacional, con el fin de favorecer el equilibrio entre la certeza y la necesidad de adaptación al caso en particular, siempre en respeto de las garantías del debido proceso.

En el artículo de jurisdicción se reincorpora un párrafo eliminado del Anteproyecto por el PEN, que busca promover la localización jurisdiccional de los conflictos a través del principio de cooperación internacional. De este modo, se espera delimitar el ámbito de ejercicio de la soberanía jurisdiccional del propio Estado frente a la jurisdicción de Estado extranjeros. Se propone además agregar la situación de adoptabilidad, una fase del proceso de adopción que no estaba incluida expresamente y su exclusión podría dejar espacio para dudas.

Con respecto a la cláusula de excepción, en caso de pedido a instancia de parte, se propone asegurar expresamente que el juez escuche a la contraparte en respeto al derecho de defensa en juicio. Además, se agregó que esta disposición no será aplicable cuando las partes hubieran elegido el derecho para el caso, de manera que se respete la autonomía y la voluntad de las partes.