El secretario de Justicia enumeró los cambios más relevantes que el oficialismo le introdujo al proyecto del Ejecutivo.
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, destacó este martes los consensos alcanzados entre los distintos bloques para el nuevo Código Civil y Comercial en el marco de la Comisión Bicameral.
El camporista enumeró algunos de los cambios principales que el Frente para la Victoria le introdujo al texto del Poder Ejecutivo.
Entre ellos, remarcó que la vida se inicia desde la concepción -eliminando la expresión “en el seno materno”- y en el caso de las técnicas de fertilización asistida, a partir de la implantación del embrión en el seno materno.
Álvarez indicó que este cambio “deja en mejores condiciones el derecho interno con los tratados internacionales, como el pacto de San José de Costa Rica”.
Por otra parte, destacó una modificación propuesta por Abuelas de Plaza de Mayo sobre el cambio de nombre.
Según este agregado, “se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial para el cambio de prenombre y apellido, los casos en que existe una sentencia de adopción simple o plena y aun si la misma no hubiera sido anulada, siempre que se acredite que la adopción tiene como antecedente la separación del adoptado de su familia biológica por medio del terrorismo de Estado”.
El secretario de Justicia también destacó el consenso para suprimir del nuevo Código Civil la gestación por sustitución, más conocida como “alquiler de vientres”.
El Ejecutivo proponía legalizar este método para aquellas personas que no pudieran concebir hijos, a través de un proceso donde los intervinientes expresaran su consentimiento previo, informado y libre.
Por otro lado, habló del acuerdo alcanzado para que las disposiciones de el futuro Código relativas al Contrato de Arbitraje “no sean aplicables a las controversias en que sean parte los Estados nacional o local”.
A su vez, Álvarez dijo que el oficialismo dio marcha atrás con un artículo del proyecto original que preveía acortar el plazo de las prescripciones tributarias de las provincias de cinco a dos años, lo que habría hecho prácticamente imposible el cobro de los impuestos locales.
Por último, mencionó un agregado propuesto por el presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, sobre la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad o actos asociados al terrorismo de Estado, del mismo modo que sucede con las demandas penales.
