Oficialismo y oposición discutieron sin chicanas, en un tono serio y con argumentaciones principalmente jurídicas el proyecto de responsabilidad del Estado impulsado por la Casa Rosada.

En el marco del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el arco opositor se pronunció en contra de la exclusión de este tema del Código Civil. Sucede que el proyecto del nuevo Código redactado por los juristas contemplaba la responsabilidad del Estado en los artículos 164, 165 y 166, pero el kirchnerismo decidió apartarlos de su propuesta para sancionar una ley especial.

La encargada de defender la iniciativa oficial fue la bonaerense Graciela Giannettasio, quien se tomó el tiempo de responder una por una las inquietudes de sus pares.

Giannettasio insistió que la relación entre el Estado y los particulares es “asimétrica” y “no se rige por normas privadas”. Por el contrario, remarcó que “el Código Civil rige relaciones entre partes” y es por eso que su bloque impulsa “una ley independiente que reconozca que el Estado tiene una potestad especial”.

En tal sentido, la diputada resumió que el oficialismo busca que los litigios entre un particular y el Estado o un funcionario público se resuelvan en el marco del derecho público y del fuero contencioso administrativo.

Ante las críticas opositoras que reclaman que este tipo de contiendas se resuelvan a través del derecho privado, Giannettasio recordó que cuando el Estado incumplió con el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia aplicó el derecho público para sancionar a los funcionarios públicos involucrados.

Para Carrió, es “inconstitucional”

La primera en emprender contra el oficialismo fue la diputada Elisa Carrió, que en esta oportunidad pronunció un discurso sin chicanas o denuncias, si bien no pudo evitar algunos comentarios irónicos, fiel a su costumbre.

Según la legisladora de la Coalición Cívica, el proyecto del Ejecutivo es “inconstitucional” porque €€€viola€ el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Político, que posee jerarquía constitucional merced del artículo 77, inciso 22, de nuestra carta magna.

La parte II, artículo 3, inciso 2, del mencionado Pacto establece que “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales (…)”.

Por este motivo, Carrió presentó un proyecto de ley aparte para reglamentar el “derecho” contemplado en esta norma, “en cuanto el Estado argentino se ha comprometido a garantizar la posibilidad de perseguir judicialmente, una indemnización del daño sufrido por parte del Estado y sus agentes”.

Por otro lado, la diputada sostuvo que la propuesta del oficialismo de establecer un plazo de dos años para demandar al estado es la “cláusula De Vido-Jaime”, en alusión al ministro de Planificación y al exsecretario de Transporte.

Para la legisladora, el proyecto del kirchnerismo significa un “retroceso” a “paradigmas” anteriores a 1930.

La postura del macrismo

En nombre del Pro, el diputado Pablo Tonelli aseguró que el propósito del oficialismo es “menguar y atenuar la responsabilidad del Estado y en consecuencia reducir la posibilidad de demandarlo por parte de quien sufre un daño”.

Más osada, su aliada Patricia Bullrich afirmó que la propuesta oficial obedece a una “concepción autoritaria del Estado que se siente por encima de los derechos de los ciudadanos”.

Por su parte, Laura Alonso consideró que “en este proyecto el Estado y los funcionarios pasan a tener un ‘status’ de privilegios frente a personas físicas y jurídicas no estatales” y que en tal sentido “se garantiza al Estado y a los funcionarios un régimen de ‘responsabilidades’ especial mucho menos exigente que al que debe someterse cualquier persona”. “Es un régimen de privilegios para el Estado y los funcionarios que nos lleva a las épocas del Virreinato y que abiertamente recorta derechos y libertades individuales”, aseveró.

La impugnación del radicalismo

Entre tanto, el radical Juan Pedro Tunessi impugnó la constitucionalidad del proyecto oficial y consideró que la exclusión de este tema del nuevo Código Civil y Comercial “desarticula la unidad filosófica” que según dijo le imprimieron los juristas que lo redactaron.

Por sobre todo, el diputado bonaerense aseguró que “es falso que el Código regule solo relaciones privadas” y por eso el tema de la responsabilidad del Estado deba regirse a través de una ley aparte.

Según Tunessi, el Código Civil también regula relaciones de derecho público, por ejemplo, al derecho al acceso al agua potable, a los ríos y el interés social de la propiedad.

“Es un privilegio inaceptable que el Estado no pague sanciones pecuniarias”, se quejó aparte.