La legisladora porteña del Frente para la Victoria Claudia Neira criticó fuertemente el proyecto de ley enviado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en el que se autoriza la transferencia de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo a la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

“Esta decisión significa que los trabajadores que inspeccionan las condiciones de trabajo pasan a formar parte de la planta de la AGC perdiendo su especificidad y aliviando el esquema de control”, aseguró Neira.

Y luego agregó que la iniciativa “contradice los convenios internacionales de la OIT, que tienen rango constitucional en nuestra Nación, ya que el convenio 81 prescribe que la situación jurídica y condiciones de servicio de los inspectores de trabajo debe garantizar la estabilidad en su empleo y los independice de los cambios de Gobierno y de cualquier influencia exterior indebida”.

Por otro lado, la diputada kirchnerista manifestó que “esto se trata de una claro vaciamiento del área que viene intentando el Pro hace varios meses. Este mismo proyecto fue impulsado por Resolución del Ministerio y fue frenado por un amparo presentado por los trabajadores. Ahora llega al recinto como proyecto de Ley”.

Además, según Neira este proyecto ocasionará un retroceso en cuanto a materia de seguridad laboral en el territorio de la Ciudad. “Este proyecto retrocede muchos años en materia de seguridad de trabajo. Y mientras provincias como Santa Fe o Entre Ríos muestran cómo un crecimiento de las áreas de inspección de trabajo resulta en un descenso del trabajo informal, la Ciudad camina a contramano disolviendo la policía del trabajo y fundiendo el área con otras dependencias”, fundamentó.

A su vez, Neira cargó contra el titular de la cartera de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, a quien acusa de no haber explicado concretamente y de manera clara el por qué de esta decisión. “Resultan muy insatisfactorias las respuestas de Cabrera durante las reuniones de presupuesto, ya que por un lado habla de especialización pero por el otro pretende disolver dependencias con el pretexto de que las empresas reciben inspecciones todos los días”.

Por último, concluyó que “los Organismos de Inspección no pueden asumir como prioridad facilitar y aliviar el trabajo de las empresas, en todo caso la tarea principal es redoblar las exigencias para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”. Y luego, remató: “El Estado no puede actuar como facilitador de las empresas privadas”.