El proyecto de unificación y reforma de los Códigos Civil y Comercial recibió dictamen hoy durante la tercer audiencia de la bicameral. El proyecto –que cuenta ya con 180 modificaciones- quedó en condiciones de ser debatida el próximo miércoles por el Senado. Al respecto, la senadora por Mendoza Laura Montero explicó que “la forma en que se plantea el tratamiento del proyecto de unificación es inadmisible, ya que pretende evitar que quede a la luz el atropello a los derechos individuales de todos los ciudadanos; sobre todo los que refieren a los más pobres y necesitados, al suprimir la acción de clase que permitiría proteger -de modo mucho más ágil- a todos aquellos que estén en la misma situación, que cuando el reclamo lo intenta hacer solo uno de ellos. Esta posición es la que obliga, por ejemplo, a los jubilados a llegar uno a uno a la Corte”.

“Por otro lado -dijo Montero- esconde un retroceso fenomenal al borrar del código los principios de responsabilidad del estado que a nuestra Corte les llevó 100 años elaborar y también al eliminar la responsabilidad de los funcionarios; un pilar fundamental de la República. Pero hay algo peor, el Estado que pretende el oficialismo no solo es irresponsable sino también inembargable”.

Laura Montero sostuvo que el cuadro de situación es peor aún cuando advierte “el intento de la comisión bicameral de eliminar -como fuente del derecho- la jurisprudencia, sacando de un plumazo la importante función de control que tiene el Poder Judicial”.

“Los ciudadanos deben saber que ningún derecho se ha adquirido definitivamente, si el estado y sus funcionarios no están sometidos a normas claras y perdurables que los obliguen a responder por las violaciones que ellos perpetren a esos derechos. El imperio de las leyes -sobre todos y particularmente sobre las instituciones- garantiza el Estado de Derecho que protege las garantías individuales”, puntualizó.

Finalmente, la senadora por Mendoza explicó que “el federalismo es usado por el Poder Ejecutivo como excusa retórica. Lejos de ser federal, el código ignora derechos de las provincias al no permitir que estas establezcan el carácter de dominio público de los bienes que son recursos naturales de su dominio según lo previsto en el artículo 124 de la Constitución Nacional; ignora la importancia del agua, glaciares y ambiente periglaciar; niega valor a las leyes arancelarias locales e impone restricciones al dominio en interés publico cuando imponerlas es competencia de las provincias según nuestra Constitución Nacional”.