Es por una denuncia que presentó el senador radical Gerardo Morales por “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “malversación de caudales públicos” y “encubrimiento”.
El fiscal federal Ramiro González imputó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, por el presunto vaciamiento económico de la empresa.
González inició formalmente una causa penal para que De Vido y Recalde sean investigados por no haber denunciado el vaciamiento de Aerolíneas por parte de la empresa Marsans y el desvío de fondos tras la reestatización de la compañía y por no haber presentado los balances de la misma en la Inspección General de Justicia (IGJ).
También imputó a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, encargada de iniciar las causas penales cuando se detecten perjuicios al Estado y que en este caso no lo habría hecho.
El fiscal impulsó una denuncia que presentó el 16 de octubre pasado el senador de la UCR Gerardo Morales contra De Vido, Recalde y Abbona. El senador denunció que los funcionarios incumplieron la ley de transporte aerocomercial que los obliga a denunciar los delitos cometidos en perjuicio del Estado y a presentarse en esas causas.
Morales sostuvo que los funcionarios omitieron denunciar a Marsans en base a un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que daba cuenta a Marsans se le pagó 832.897.800 de dólares por la expropiación, se le perdonó una deuda impositiva de 319 millones de pesos, el Estado se hizo cargo 500 millones de pesos de pasivo post concursal y en 2011 se pagaron otros 500 millones por un acuerdo preventivo del 2002.
La realización de ese informe había sido solicitada por el ministerio de De Vido y girado a la Procuración del Tesoro y la Facultad había sugerido iniciar acciones legales.
El senador también denunció que cuando Aerolíneas fue administrada de manera conjunta por Marsans y el Estado se agregaron 310 millones de dólares de nueva deuda y que en la gestión de Recalde la empresa no presenta sus balances a la IGJ, lo que impide controlar la compañía y el manejo de sus fondos.
Para iniciar la investigación, el fiscal González le solicitó al juez Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba. Entre ellas, que la Auditoría General de la Nación (AGN) informe todos los antecedentes que tenga de Aerolíneas, que la IGJ informe si tiene los balances de la empresa desde 2008 a la fecha, y que el Ministerio de Planificación envíe copia del informe de la Facultad de Ciencias Económicas y que informe las medidas que tomó respecto de la ley de transporte aerocomercial.
La denuncia es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento.
