Enhorabuena, estalló los políticos dieron señales de tomar conciencia del avance del narcotráfico en nuestro medio. Para entonces, debieron mediar cientos de muertos en Santa Fe y que balearan la casa del mismísimo gobernador, para que el tema calara hondo en una dirigencia más atenta a otras cuestiones menos escabrosas.

Era hora, pues hubo un tiempo en el que se decía que el número de adictos no era importante en nuestro país. Esos tiempos ya son muy lejanos, pero no tanto aquellos en los que se decía que Argentina era “un país de tránsito”. Hoy se afirma que se ha afianzado como tal, pero ya es un país importante en materia de consumo y también de fabricación de estupefacientes. Se dice que los carteles están haciendo pie en nuestro medio y ya hay narcos importantes afincados en territorio argentino.

Desde hace algún tiempo se sabe que las villas porteñas son enclaves narcos; que hay peruanos que huyeron de su país tras formar parte de la organización Sendero Luminoso y se instalaron aquí, para hacer a un lado sus ideales utópicos y hacer negocio con la droga. No son nenes de pecho.

No da la sensación de que las autoridades estén a la altura de lo que la situación exige. Por el contrario, se enfrascan en polémicas que transitan por los medios, sin intercambio siquiera de ideas. Cada uno expone a su turno su postura extrema sobre el tema y no hay visos de búsqueda de algún consenso.

Hace tiempo que se viene haciendo hincapié en la falta de designación de un titular para la Sedronar. El tema no es menor, si se tiene en cuenta que es el organismo que debe nuclear todas las políticas relacionadas con el combate con la droga. En el Congreso hace rato que desde la oposición se presentan pedidos de informes sobre esta cuestión, que termina siendo una toma de posición oficial respecto al problema. Y no es una toma de posición positiva.

En tren de polémica, mucho se habla en torno a la despenalización del consumo personal. Pero la polémica de los últimos días pasa por la ley de derribo. Un tema del que mucho se habló en los 90 y las páginas de Parlamentario lo reflejaron periódicamente a lo largo de su existencia. Sus promotores suelen ser legisladores de provincias limítrofes, aquellas que están más cercanas a esa realidad y que saben del ingreso permanente de droga al país, por todas las vías posibles. La aérea es una más, y no está controlada ni por radares que funcionen en todos lados y las 24 horas del día, ni hay aviones prestos a interceptar aeronaves sospechosas, ni una ley que indique qué pueden hacer salvo acompañarlas, en caso de que salieran a su encuentro.

Lo cierto es que periódicamente en el Congreso vuelve a desempolvarse la cuestión de la ley de derribo, como uno de los mecanismos para enfrentar el ingreso de droga al país. Pasan los años y suelen ingresar a ambas cámaras iniciativas de ese tipo, generadas a partir de diferentes sucesos que reactivan su tratamiento. Hace tiempo también que el entonces ministro y hoy senador nacional Aníbal Fernández se mostró contrario a la aplicación de esa norma, exteriorizando así la postura oficial del kirchnerismo respecto a este tema.

Lo cierto es que la ley de derribo no es algo que prenda entonces dentro del oficialismo.

En efecto, los ministros del área, Arturo Puricelli y Agustín Rossi -Seguridad y Defensa, respectivamente- expresaron un discurso que va en línea con el trazado por Aníbal F. Para el ministro de Defensa, su aplicación “subvierte el Código Penal en la Argentina porque es pena de muerte sin juicio previo”. El exjefe del bloque oficialista de la Cámara baja reiteró que “estamos en desacuerdo, hay que hablar con claridad; subvierte absolutamente todo lo que significa el Código Penal en la Argentina, porque es pena de muerte sin juicio previo”.

“Esto es lo que me extraña, me acuerdo cuando en los años 90 Carlos Menem planteó la pena de muerte y se armó un debate enorme. Ahora cualquiera livianamente dice y pide ‘ley de derribo’. Discutamos claramente, entremos a este debate con un poco más de seriedad”, dijo el funcionario. Agregó Rossi que “toman las cosas y las dicen sin ningún tipo de sustento; tráiganme un modelo de país en donde la ley de derribo haya mejorado la perfomance del Estado en la lucha contra el delito narco”.

¿Qué pasa en la región?

A la hora de poner como ejemplo la aplicación de una ley de esas características en otros países, el ejemplo más a mano es el de Brasil. Allí rige una norma aprobada durante la gestión de Lula, en 2004, que permite disparar contra aviones ilegales, después de cumplir una serie de procedimientos. Sólo es aplicable ese accionar en casos de narcotráficos y nunca contra aeronaves de otras naciones, las cuales en ese caso sólo deberán ser advertidas. Las fuerzas brasileñas abrieron fuego por primera vez en junio de 2011, habiéndose promulgado en 2004 por Lula da Silva, cuando un avión de combate disparó ráfagas de cañón como advertencia sobre una avioneta que se negaba a acatar la orden de aterrizaje. Sin embargo no se tiró al blanco, porque la avioneta aterrizó de inmediato.

En Bolivia, el Gobierno de Evo Morales está trabajando en una ley sobre el tema, que se aplicaría contra aeronaves civiles, nacionales y extranjeras, para casos de narcotráfico, contrabando y tráfico de armas.

País en guerra contra el narcotráfico y la guerrilla desde hace décadas, obviamente en Colombia existe una ley de este tipo, mientras que en Chile también hay una ley de derribo y la misma no fue aprobada por el Gobierno del derechista Sebastián Piñera, sino sus antecesores socialdemócratas.

Normas similares también existen en Ecuador y Perú, uno de los pioneros en la materia, donde se pone un ejemplo de 2001 para rechazar la norma. Es que en esa oportunidad un hidroavión que volaba sobre la selva peruana fue interceptado por un operativo conjunto de fuerzas militares locales y de la CIA. Hubo un malentendido por una mala comunicación y como consecuencia del ataque murió el piloto y una pareja con sus dos hijos.

Hasta Uruguay cuenta con una ley de derribo para casos en los que se sospeche de actividades ilegales.

En Venezuela está en estudio una norma de ese tipo, en tanto que en Paraguay no hay legislación sobre el tema, pero están hoy estudiándola, habida cuenta del incremento de la actividad de los narcos en ese país, Argentina y Brasil.

Proyectos presentados

Pese al rechazo que parece generar la idea dentro del kirchnerismo, una revisión realizada por Semanario Parlamentario permitió determinar que hubo legisladores de ese sector que presentaron un proyecto de tales características. Se trata de los diputados misioneros del FpV Miguel Angel Iturrieta y Lia Fabiola Bianco, quienes en 2009 presentaron una iniciativa sugiriendo la modificación del artículo 24 de la Ley 17.285, Código Aeronáutico, sobre violaciones del espacio aéreo por parte de aeronaves públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Esa iniciativa presentada en agosto del mencionado año establecía que una aeronave podría ser “pasible del uso de medidas disuasorias por parte de la autoridad aeronáutica”, en una serie de situaciones que incluía la violación de las prescripciones nacionales; o si fuese sorprendido arrojando elementos dentro del territorio nacional en infracción a la normativa vigente en la materia; si invadiera el espacio aéreo argentino sin respetar los corredores establecidos; si se requiriese la verificación de los certificados y documentación de la aeronave; si se requiriese la verificación de la carga o portación de equipamiento ilegal; o si se requiriese la averiguación de posibles ilícitos.

En esos casos enumeraba una serie de reglas que debería cumplir la autoridad y recién en séptimo lugar podrían “disparar como advertencia, en forma paralela al vuelo, con balas trazadoras para que sean visibles los proyectiles”, estableciendo en el siguiente punto que “agotados todos los medios coercitivos legalmente previstos en la normativa nacional e internacional, la aeronave será clasificada como hostil, quedando sujeta a medidas de destrucción o derribo, luego de la autorización del presidente de la República o la autoridad por él delegada”.

Esa iniciativa quedó perdida en el tiempo. Este año hubo tres proyectos presentados sobre el tema. El más reciente es del diputado Alberto Asseff, quien lo presentó a fines de octubre, repitiendo exactamente la metodología del proyecto de los diputados del FpV. En junio, el jujeño Mario Fiad sugirió un régimen integral de lucha contra el narcotráfico. La iniciativa, que lleva las firmas de los radicales Forte, Rogel, Yagüe, Negri, Alfonsín, Maldonado, Biella Calvet, Tunessi, Benedetti, Giubergia, Bazze y Casañas, establece en su capítulo II un Sistema Integral de Vigilancia y Control Aeroespacial, “cuya función es garantizar la inviolabilidad de la frontera y del espacio aéreo”.

A la hora de citar las medidas de intervención, se establece que las advertencias a la aeronave en cuestión deben darse en al menos de tres oportunidades y “en caso de persistir su actitud de desobediencia a las órdenes impartidas, será pasible del protocolo de inutilización o derribo”. Declarada hostil y sujeta a medidas de derribo o destrucción, debe existir la autorización del presidente de la República o de la autoridad por él delegada en el máximo nivel jerárquico del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

En marzo de este año, el diputado del Pro Julián Obiglio presentó un proyecto para crear el Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte. En rigor, repitió su iniciativa de 2011, que establece que “en caso de que la aeronave sospechosa persistiera en la desobediencia, se la declarará hostil y se le efectuarán disparos de derribo para su destrucción”. Aclaraba además que “en cualquier momento del proceso, si la aeronave sospechosa demostrase hostilidad hacia el interceptor, este último podrá hacer fuego defensivo sin importar en que etapa del proceso de intercepción se encontrase”.

Francisco de Narváez ha sido uno de los dirigentes que más ha insistido los últimos días con el tema, mencionando su propio proyecto. En efecto, el 22 de marzo de 2012 volvió a presentar un proyecto de 2010, junto a los diputados Gustavo Ferrari, Natalia Gambaro y Walter Aguilar, para establecer un régimen de Defensa Nacional contra Amenazas Aéreas. Ya en su primer artículo, el proyecto establece la denominación “aeronave hostil” a aquellas que invadiesen el espacio aéreo según determinaciones comunes con las iniciativas ya mencionadas, y detalla siete “medidas disuasorias”, agotadas las cuales, la aeronave “quedará sujeta a medida de destrucción o derribo, mediando la autorización del presidente de la República o la autoridad por él delegada en el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, o el comandante de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.

Más atrás en el tiempo, el diputado radical chaqueño Carlos Urlich presentó junto a sus correligionarios Agustín Portela, Pablo Orsolini, Miguel Giubergia y Juan Pedro Tunessi, un proyecto para crear el Régimen para la Intercepción y Control Aéreo del Narcotráfico. En el mismo establece en su primer artículo que “toda incursión aérea en operaciones de tráfico de drogas se considerara como una violación a la soberanía de la Nación y a su integridad territorial, debiendo ser tratado como acto de agresión”. Respecto a la intercepción, detalla el perfil que debe tener una aeronave para ser considerada sospechosa y advierte luego que “en toda aeronave declarada sospechosa el piloto interceptor deberá asegurarse que no haya niños dentro de la misma”, aclarando que “si lo hubiere las acciones de derribo serán improcedentes”.

Entre las medidas de indagación, sugiere el reconocimiento a distancia, consistente en “registrar por medio de fotografías o filmaciones tomadas en forma discreta y a distancia, las características de la aeronave sospechosa, matriculación y tipo de aeronave”. El proyecto detallaba en su artículo 8° las condiciones de derribo, el cual debía registrarse en grabación sonora, cintas de videos digitalmente o por cualquier otro medio tecnológicamente factible y confiable”. Esas grabaciones debían evidenciar que se hubieran cumplido todos los protocolos. El derribo, a la postre, debería ejecutarse en lugares de baja densidad poblacional.

El radical correntino Rodolfo Fernández presentó en mayo de 2010 un proyecto sobre el uso de medidas disuasorias a las aeronaves, que tiene más o menos los mismos requisitos que las otras iniciativas, en tanto el entonces diputado y actual senador por Corrientes José María Roldán presentó junto a su comprovinciano José Arbo en septiembre de 2009 una iniciativa en el mismo sentido y con similares características, basado en “las frecuentes violaciones a nuestro espacio aéreo especialmente en las zonas conocidas como áreas de frontera, gran parte de las cuales están desprotegidas totalmente frente al peligro diario de vuelos de aeronaves de pequeños porte que surcan el cielo argentino, sin ningún tipo de control”.

Propuestas del Senado

En la Cámara alta, el senador Eugenio “Nito” Artaza presentó un proyecto de ley estableciendo el derribo de aviones ilegales, categoría que corresponde a las aeronaves que “al ingresar al espacio aéreo de la República Argentina se negase a identificarse ante autoridades aéreas tanto civiles como militares”, o aquellas que realicen vuelos “violando normativas nacionales o internacionales” o las que invadiesen el espacio aéreo “no respetando los corredores establecidos por el Control de Tráfico Aéreo y la obligatoriedad de aterrizar en aeropuerto internacional”. El proyecto detalla que la Fuerza Aérea debe obligar a la aeronave hostil a aterrizar, y en su artículo 6° detalla que agotadas todas las medidas disuasorias se debe proceder al derribo, previa autorización pertinente.

A diferencia de otras iniciativas, sugiere en otro artículo implementar “un mecanismo de coordinación con los países limítrofes, ya sea en el ingreso y egreso de este tipo de aeronaves clandestinas, tendientes a proceder de igual manera si una nave fuese advertida en el país vecino e ingresara a la Argentina o viceversa”.

Otro radical, el formoseño Luis Petcoff Naidenoff, presentó en marzo de este año un proyecto de “derribo de aviones ilegales”, muy similar a los ya descriptos por otros legisladores. Hay que remontarse luego al año 2005 para encontrar otro proyecto sobre el tema, pero ya no para crear una ley de derribo, sino para pedir explicaciones. Correspondió a un senador radical ya fallecido, Luis Falco, quien pidió información referida a la facultad para el derribo de aviones en el marco de la celebración de la IV Cumbre de las Américas, ante la controversia surgida en esa oportunidad entre los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, respecto a la facultad para el derribo de aviones que volaran sin autorización en el espacio aéreo nacional en el marco de ese evento.

Sucede que pese a la cerrada negativa enarbolada hoy por dirigentes kirchneristas, en ocasión de organizarse la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Néstor Kirchner la habilitó a través del decreto 1345/05. Lo cuenta el exsenador nacional y hoy vicepresidente del Banco Provincia José Pampuro: “Se firmó el decreto que imponía un protocolo con una serie de reglas de empeñamiento de máxima seguridad que eran secreto de Estado. Ese decreto se firmó siendo Néstor Kirchner presidente de la Nación y estando a mi cargo el Ministerio de Defensa”.

El decreto se firmó por la presencia en el país del presidente norteamericano George W. Bush, entre otros mandatarios y el rey de España. Se estableció entonces que “frente a un avión no previsto o que no esté en curso de una línea natural de aviación se le indicará que vuelva a su ruta habitual, pero en caso de que esto no suceda y se compruebe que la situación es belicosa o de guerra habrá que tomar las medidas correspondientes”. Para tal fin fueron dispuestos aviones A4-ARM en Tandil, especialmente acondicionados para ese propósito.

Para tal fin, la administración norteamericana prestó entre seis y ocho misiles inteligentes para atender esa eventualidad, señalaron fuentes oficiales. Nadie se rasgó las vestiduras entonces, pero la norma, claro está, se mantuvo en secreto.