Ante informaciones periodísticas que dan cuenta de la posible venta de activos de la empresa española Codere a un fondo de inversión de origen chino, que podría traducirse en un severo ajuste de personal en las salas de bingos que operan en la Provincia, el jefe del bloque de diputados provinciales de Coalición Cívica-ARI, Walter Martello, reclamó la “inmediata intervención de Scioli ante la firma española que explota 14 salas de juego en la Provincia”. Y la puesta en marcha de un proceso que desemboque en la estatización de esas salas en territorio bonaerense.

“Una vez más, insistimos, en que se debe cumplir con lo que manda la ley de bingos, que indica claramente la relación entre cantidad de trabajadores y cantidad de máquinas tragamonedas. En ese sentido, teniendo en cuenta que se está hablando de una reducción de hasta el 40% en la plantilla del personal, el Estado no solamente debe garantizar la estabilidad laboral de todos los empleados de los bingos, sino también derivar los recursos del juego, que hoy quedan en las arcas de un puñado de empresas amigas del poder, para atender las acuciantes necesidades sociales y económicas que existen en la Provincia”, señaló Martello.

El autor de No Va Más, un libro que traza una radiografía de los negocios del juego en las últimas dos décadas en territorio bonaerense, remarcó que la ley 13063 vigente en la Provincia establece: “Artículo 7. Régimen laboral: Las Salas de Bingo deberán preservar como condición ineludible para el mantenimiento de la autorización para funcionar, una nómina de agentes no inferior a un (1) puesto laboral por máquina autorizada”.

“Sabemos que Codere, en la Provincia, ha aumentado de forma sideral el parque de tragamonedas en los últimos años, al amparo de complicidad del gobierno bonaerense”, apuntó.

“Si bien se está utilizando como excusa las dificultades para el giro de utilidades al exterior, la verdadera causa de la venta sería la imposibilidad que tiene la compañía para cumplir con el pago de la deuda generada por la compra de acciones operada hace algunos años a Recreativos Francos (exsocios de la familia Martínez Sampedro, principal accionista de Codere), operación que nada tiene que ver con los intereses de los bonaerenses. Es inadmisible que ahora se quiera castigar a los trabajadores por este tipo de negocios, y más cuando las tragamonedas de la Provincia, producto de la falta de controles, arroja ganancias superiores a las que se registra en Las Vegas, una de las meca del juego a nivel mundial”, finalizó Martello.