Crece la posibilidad de llamar a sesión especial
Será para definir los cargos a cubrir en la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y algunos Entes.

Por estas horas, desde el partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, el Pro, se está analizando la posibilidad de llamar a una sesión especial para determinar qué legisladores porteños ocuparán los cargos disponibles en algunos organismos autónomos porteños como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía General o la Asesoría Tutelar.
El apuro se debe a que el oficialismo porteño desea cerrar los acuerdos con las otras fuerzas políticas de la Legislatura de la Ciudad antes de que comience a regir el recambio a partir del 10 de diciembre. Esto se da, por un lado, para poder conseguir el apoyo en una seria de proyectos enviados por el ejecutivo y, por otro, para poder confeccionar una repartición de cargos que deje contentos a todos los partidos que integran el recinto.
En primera instancia, se habló de convocar a sesión especial para el lunes 9 de diciembre, es decir, un día antes del recambio legislativo. Pero, a sabiendas de que quizás los númerosn no le alcanzan, el Pro, por estas horas, preferiría que la convocatoria sea el sábado 7, y si los acuerdos nos prosperan ahí sí volver a llamar para el 9.
Entre las iniciativas que el Pro quiere sancionar antes del 10 y para lo cual necesita el apoyo de fuerzas opositoras como el Frente para la Victoria y UNEN se destacan las presentadas por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, como la habilitación a la empresa IRSA para construir un shopping en Caballito, el proyecto contra los trapitos, y las nuevas medidas a tomar en torno al estacionamiento en calles de la Ciudad, entre otras.
Y el otro brazo del acuerdo consta de encontrar lugares en los organismos autónomos porteños para cada fuerza y que deje contento al grueso de los legisladores y sus partidos. Entre esos organismos, se encuentran la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público Fiscal, la Asesoría Tutelar General, la Fiscalía General y el Ente Único Regulador de Servicios Públicos.