El diputado nacional Manuel Garrido fue sumamente crítico con la forma de tratar la ley de responsabilidad del EStado y con su contenido en general. “La manera veloz con la que se está tratando este proyecto conspira contra la calidad del proyecto. Una ley sobre responsabilidad del Estado nos la debemos hace 100 años, no es posible que se trate en una semana y a las apuradas a contramano de jurisprudencia que hoy está vigente y con el claro fin de recortar derechos a los ciudadanos al limitar los casos en los que el Estado debe responder”, dijo.

Para Garrido, “no se ha consultado a las organizaciones de la sociedad civil, que de todas maneras se han manifestado en contra de algunos aspectos de la ley. Desde el CELS, por ejemplo, se manifestaron en contra de que en una ley de Responsabilidad del Estado no se incluya la obligación del Estado de reparar cuestiones vinculadas a las violaciones de Derechos Humanos”.

“Es tan burda la intención de recortar la responsabilidad del Estado que en esta ley faltan principios generales, no dice en qué casos se va a indemnizar, y cómo se responde ante los actos ilícitos del Estado, qué se va a reparar en casos de error judicial o en los casos de actividades confiadas a concesionarios”, agregó.

El diputado radical se preguntó “qué razón puede haber para restringir la posibilidad de adoptar medidas disuasorias de contenido patrimonial, las llamadas Astreintes. Se está quitando un recurso importantísimo para que los jueces hagan cumplir las sentencias. Lo han usado en casos como en el juicio por el saneamiento del Riachuelo. Las causas penales por desobediencia de sentencias no prosperan nunca y no existen otras medidas disuasorias que las que aquí se están eliminando”. Sostuvo que “la responsabilidad de los funcionarios públicos en esta ley aparece regulada toscamente. No se contemplan diferentes niveles. Equipara a todos los funcionarios públicos, a los de menor rango con los políticos”.

Asimismo, otro de los aspectos que señaló Garrido como un retroceso en el planteo de la ley, es que se elimina la responsabilidad concurrente. Hasta el momento, la jurisprudencia señalaba que cuando hubiera responsabilidad del Estado y de un particular, cada uno debe reparar en la medida de su responsabilidad. “Aquí se está planteando que en caso de que la víctima concurra a la producción del daño, el Estado queda sin obligación de reparar. Es gravísimo, dado que las víctimas del incumplimiento del Estado podrían quedar sin ningún tipo de reparación”, dijo.

También sostuvo que hay que incluir la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad de los funcionarios en caso de que incurran en actos de corrupción. “Lamentablemente la corrupción no está en la agenda del Poder Ejecutivo, y eso se refleja en los proyectos que envía, aunque haya convenciones internacionales que obligan a la Argentina a contemplar este tema”, estimó.