La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Diana Conti, defendió en nombre del oficialismo el proyecto enviado por la Casa Rosada para regular la responsabilidad del Estado, al tiempo que destacó que la legislación suplirá un “vacío” legal existente hasta el momento.

“Se trata de llenar un vacío normativo, abordando por primera vez en la historia legislativa una ley que regula la responsabilidad patrimonial del Estado no solo por los daños que produzca por los frutos de su actividad legítima”, sino también cuando por una “actividad ilícita, produzca un daño que el ciudadano no tiene porqué soportar”, aseguró Conti.

La diputada del Frente para la Victoria resumió que la iniciativa es un “salto cualitativo en el Estado social de derecho que estamos fundando en esta década”. “La finalidad de esta ley es dar más tutelas a los derechos de los ciudadanos”, aseveró.

Como en la actualidad la responsabilidad del Estado se regula a través de fallos judiciales, Conti remarcó que la ley propuesta por el Ejecutivo tendrá “mayor grado de conocimiento de lo que pude ser solamente para la jurisprudencia que rige hoy”.

Asimismo insistió que la iniciativa otorga “mayor tutela porque da más previsibilidad: un juez va a tener mayor cuidado” que ahora, cuando “pretorianamente a veces se favorecen intereses”.

“Con esta norma estamos protegiendo al Estado, es decir, a ese Estado representante del bien común, del interés general y del interés público. Lo protegemos por el bien de todos de la ambición depredadora de la industria del juicio, de la patria pleitera -o como la quieran llamar‑, que tanto ha agraviado a esta Argentina que con ahínco queremos que se pare como Nación”, afirmó

Diana Conti también rechazó la postura de la oposición, quien protesta contra la “exclusión” de este tema del nuevo Código Civil y Comercial. Aseguró en ese sentido que el artículo 174 de dicho proyecto establece “que las disposiciones de títulos de responsabilidad civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”. Señaló que el tema también está contemplado en los artículos 175 y 176.

Por otro lado, la miembro informante del oficialismo indicó que en caso de que hubiera “perjuicios ocasionados por parte de concesionarios y contratistas (de servicios públicos), como no son cuadros del Estado, (los mismos) asumen los daños y la reparación”.

“Obviamente que si el Estado eligió fraudulentamente a un concesionario, y si no controló la actividad del concesionario, responderá por esa culpa en la medida que corresponda”, agregó Conti.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales también anunció modificaciones al dictamen del oficialismo en lo que hace a los plazos de proscripción de las demandas contra el Estado.