La Cámara alta debate el proyecto desde las 16. El oficialismo busca darle media sanción para convertirlo en ley el año que viene. La sesión duraría hasta la madrugada del jueves.
En una de las sesiones más trascendentes del año, el Senado de la Nación debate desde las 16 el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que obtuvo dictamen favorable la semana pasada.
La intención del Frente para la Victoria es alzarse con la media sanción en la Cámara alta, tras un maratónico debate que se extendería hasta la madrugada, y convertir el proyecto en ley el año que viene.
En tanto, la UCR y el FAP ya anunciaron que votarán en contra de la iniciativa oficial en general, debido a que no incluye el tema de la responsabilidad civil del Estado, delegada a una ley especial que tratará la Cámara de Diputados.
El anteproyecto de Código Civil y Comercial fue redactado por una comisión encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, junto a la ministra Elena Highton de Nolasco y la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.
Luego, una comisión de juristas liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, revisó el texto, que fue enviado al Congreso y sufrió modificaciones en manos del bloque oficialista. A su vez, fue discutido a lo largo de numerosas audiencias públicas en todo el país.
El proyecto, de 2671 artículos, incluye nuevas regulaciones en materia de matrimonio, divorcio, contratos prenupciales, adopción y fertilización asistida.
Entre los puntos más polémicos del dictamen del Frente para la Victoria se encuentra el artículo 19, modificado a último momento, que indica que la vida se inicia “desde la concepción” y no incluye los tratamientos de fertilización asistida –sí incorporados en otros artículos-.
Ese cambio le permitiría al kirchnerismo contar con el apoyo extra de algunos legisladores de la oposición, como la puntana Liliana Negre de Alonso (peronismo disidente), impulsora de la reforma del artículo en cuestión.
El oficialismo también decidió eliminar la regulación de la maternidad subrogada, más conocida como “alquiler de vientres”, la fecundación post-mortem y la denominada “función social” de la propiedad privada.
