La UCR y la Coalición Cívica fueron los únicos en rechazar el dictamen del oficialismo. Destacan que el trabajo contribuye a la publicidad de las leyes. Conozca los fundamentos de los bloques.
En una votación histórica, la Cámara de Diputados dio media sanción al primer Digesto Jurídico Argentino, un trabajo de depuración de la legislación vigente desde 1852. El dictamen que logró pasar al Senado fue el propuesto por el Frente para la Victoria.
La iniciativa cosechó 168 avales del bloque oficialistas y sus aliados habituales: el Frente Cívico por Santiago del gobernador Gerardo Zamora, el Movimiento Popular Neuquino del gobernador Jorge Sapag, Nuevo Encuentro, PJ-La Pampa y los salteños Walter Wayar, María Cristina Fiore y Alfredo Olmedo.
También apoyaron la propuesta del kirchnerismo un sector de la oposición: el Frente Renovador de Sergio Massa, del FAP de Hermes Binner, el macrismo, un grupo de peronistas disidentes y los diputados Carlos Favario (Demócrata Progresista) y Liliana Fadul (Partido Federal Fueguino).
La UCR y la Coalición Cívica aportaron 30 votos negativos, mientras que las cuatro abstenciones provinieron de Unidad Popular, el bloque de Claudio Lozano.
“Se trata de una tarea ciclópea e informativa”, resumió el tucumano Alfredo Dato, quien participó de la comisión bicameral encargada de analizar el digesto que elaboró un grupo de abogados de la UBA. Asimismo, el diputado oficialista destacó que la iniciativa “es de consolidación y de publicidad normativa”.
En efecto, de las 33 mil leyes vigentes, tratados, y DNU, solo quedaron 3.351.
Apoyo opositor
Graciela Camaño justificó el apoyo del massimo al dictamen del kirchnerismo. “Vamos a dar un paso más rumbo a la regularización de las normas mediante este Digesto”, sostuvo la bonaerense y agregó: “conocemos el enorme trabajo que se ha efectuado y los antecedentes que tiene este Digesto. No se trata de una producción actual, porque es un trabajo que se comenzó a realizar hace mucho tiempo y con otro Gobierno”.
En representación del interbloque FAP, el juecista Ernesto Martínez. “No se tienen noticias de otro país que haya logrado sintetizar un Digesto jurídico y su forma de actualización automática. La Argentina lo logrará”, celebró.
Para el cordobés, “es deber ineludible del Estado poner al alcance del pueblo el acceso simple a los textos de la legalidad en vigor”. En tal sentido, sostuvo que “casi 27.000 leyes contribuyen a la confusión, al secretismo por imposibilidad de acceso, al manierismo abogadil, a la contradicción conceptual y a la no visualización de una continuidad en el sentido de lo que el legislador quiso”.
Coincidió sobre esta idea el diputado Oliva (Frente Cívico Santiago): el Digesto “seguramente va a terminar acercando estas leyes a los ciudadanos comunes que, en definitiva, son los últimos destinatarios de nuestro trabajo”.
Aunque planteó algunas objeciones, el diputado del Pro Pablo Tonelli aseguró que “sin duda el Digesto Jurídico es una obra formidable, de gran trascendencia, que va a resultar de enorme utilidad para los operadores jurídicos”.
El rechazo de la UCR
Los diputados Manuel Garrido y Ricardo Gil Lavedra marcaron seis “problemas graves” en el dictamen del oficialismo sobre el Digesto Jurídico Argentino.
La primera cuestión tiene que ver con la exclusión de las leyes y decretos reglamentarios, que estaban contempladas en la versión original del proyecto. “Esto generará problemas derivados de la subsistencia de decretos que reglamentan leyes que no están vigentes”, consideró Garrido. También sostuvo que “los decretos reglamentarios pueden hacer referencia a números de leyes que serán modificados a raíz de este trabajo, lo que generará un problema de interpretación e inconvenientes en la búsqueda de las normas”.
“Al no incorporarse estos decretos reglamentarios, este digesto no está completo y puede dar lugar a problemas ya que no se alcanza a verificar si el digesto está completo o no”, planteó en segundo lugar.
Otra objeción de la UCR apuntó a la “selección arbitraria de los decretos incorporados en el digesto”. “Hay una falta de incorporación de decretos de necesidad y urgencia que nos parece que ocasionará problemas ya que hay algo que se ha omitido, es esencial y debió haberse incluido en el trabajo que se anexa al proyecto”, advirtió Garrido.
Sin embargo, aseguró que el “problema más importante” tiene que ver con la “incorporación como vigentes de artículos delegantes preexistentes a la reforma constitucional de 1994 que perdieron vigencia”.
Para Garrido, “esto implica que estamos dando ultraactividad a normas delegantes, es decir que delegan facultades en el Poder Ejecutivo que han expirado por haber vencido el plazo establecido en esa cláusula transitoria”. Advirtió en tal sentido que esto “viola” una cláusula transitoria y el artículo 76 de la Constitución Nacional, “al incluir en el digesto normas delegativas que no se refieren a materias de naturaleza administrativa o de emergencia pública
Asimismo, el bloque radical se opuso al Digesto Jurídico porque “se omite el texto de las normas que se suprimen, lo cual genera un problema de verificación, y con todas aquellas fórmulas que habitualmente utilizamos para derogar normas en la medida que se opongan a las leyes que se aprueban”. “Este silencio y la falta de referencia a las razones por las cuales se consideran abrogadas o derogadas determinadas normas seguramente van a dar lugar a problemas interpretativos”, pronosticó.
Finalmente, la UCR criticó la delegación en el Poder Ejecutivo de la creación de la autoridad de aplicación de esta norma. “Entendemos que es una delegación innecesaria e injustificada que el Congreso una vez más realiza a favor del Poder Ejecutivo porque consideramos que el Congreso debió haber incluido en el texto de la ley las características y la definición de la autoridad de aplicación”, concluyó.
