La diputada nacional Elsa Alvarez reiteró que muchas de las leyes sancionadas para proteger a las mujeres de la violencia de género no se cumplen íntegramente. “El Consejo de Nacional de las Mujeres -dijo- no cuenta todavía con un plan de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia; no se puso en funcionamiento la línea telefónica gratuita destinada a dar contención y asesoramiento y tampoco funciona el observatorio de la violencia contra las mujeres. Lo triste de todo esto es que día a día crece este flagelo y junto a él, las victimas que tenemos que lamentar”, dijo.

“Hasta septiembre de este año se cometieron en Argentina 209 femicidios, lo que representa un aumento del 10% con respecto al año pasado; nuestro país ocupa el 5º puesto en cantidad de asesinatos de mujeres en América Latina y en un 14% fueron casos en los que había denuncias previas o medidas de exclusión contra el agresor, según datos de ONGs”, recordó.

La diputada enumeró distintos proyectos de ley que cuentan con estado parlamentario y están “cajoneados” en las comisiones donde el oficialismo tiene mayoría, como por ejemplo los pedidos de declaración nacional de la emergencia en violencia de género, la creación de un registro nacional de violadores y la incorporación de un tipo penal que criminalice el delito de tráfico de niños.

Relató Alvarez que las iniciativas presentadas, algunas aprobadas, tales como la derogación de la figura del advenimiento, el femicidio y la reciente modificación a la ley de trata de personas, “no eran consideradas importantes en la agenda legislativa del kirchnerismo, hasta que se conoció el bochornoso fallo por el caso Marita Verón; pero fueron el clamor popular y nuestros constantes pedidos de tratamiento lo que motivaron el llamado a sesión extraordinaria, no la voluntad del gobierno”.

“En el año 2009 sancionamos la Ley 26.485 que contempla las medidas que debe adoptar el estado para proteger a las víctimas, pero el gobierno decidió reducir el presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer que de por sí es muy bajo y los recursos se gastan casi en su totalidad en sueldos y gastos, si no se aumentan los recursos no se pueden poner en práctica programas nacionales de protección y asistencia”, cuestionó.

Por último, afirmó que “el doble femicidio en la localidad de San Martín mostró que es imprescindible que estado tome cartas en el asunto y se declare la emergencia en violencia de género.