“El Gobierno quiere transmitir la idea de que va a tener otra relación con el Congreso”

El diputado nacional Omar Duclós (Gen-FAP) insiste en que la Justicia debe sancionar a Juan Manuel Abal Medina por haber concurrido una sola vez a la Cámara baja durante su gestión, pese a haber sido desplazado de su cargo.

Por Pablo Riveros

En diálogo con Semanario Parlamentario, el diputado nacional del Gen-FAP Omar Duclós explicó los fundamentos de su denuncia penal al exfuncionario y opinó sobre el nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

“Buscamos que Juan Manuel Abal Medina reciba el reproche sancionatorio y que esto sirva de ejemplos para que cualquier otro futuro jefe de Gabinete tenga claro que tiene que cumplir con la Constitución y brindar los informes mensuales al Congreso”, manifestó.

Por otra parte, el exintendente de la localidad bonaerense de Azul dio su diagnóstico sobre la cuestión de las drogas en la provincia de Buenos Aires y aseguró que las adicciones y el narcotráfico deben combatirse desde una “estrategia integral” que articule lo penal con lo sanitario. Apuntó a la “complicidad” de los intendentes.

– Denunció penalmente al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina por “no concurrir al Congreso” a brindar los informes correspondientes. ¿Por qué inició este tipo de acción?

– La denuncia la presenté el 6 de noviembre, cuando Abal Medina todavía se desempeñaba como jefe de Gabinete, una vez que no prosperaron otro tipo de presentaciones que hice en el ámbito del Congreso. Habida cuenta de que Abal Medina no concurría a la Cámara de Diputados a brindar los informes que le correspondía, primero presenté un proyecto de resolución para citarlo formalmente. Pero el pedido fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos para su análisis y allí todavía duerme. Luego formulé una cuestión de privilegio en una sesión, como un intento más de que se cite al funcionario. En esta oportunidad sostuve ante el presidente de la Cámara de Diputados que Abal Medina estaba menoscabando nuestra labor como legisladores, al no proveernos información sobre programas ejecutados que son fundamental para nuestro trabajo en la toma de decisiones. Como la cuestión de privilegio también quedó cajoneada en comisión, me quedó la última instancia de presentar esta denuncia penal. Con ella pedíamos que se lo intimara a Abal Medina a concurrir a la Cámara para normalizar el vínculo con el Congreso, tal como lo establece la Constitución. Uno puede entender que un mes se complique la sesión informativa por razones de agenda o que en lugar de un mes, se realice cada dos meses. Ahora, que el jefe de Gabinete no concurra a la Cámara desde julio del año pasado, tras 16 meses, es una actitud de inconsideración y hasta de desprecio, además de ser un incumplimiento muy fuerte a una obligación que marca la Constitución. Abal Medina incurrió en el delito tipificado en el artículo 249 del Código Penal, según el cual el funcionario que omite o rehúsa a cumplir con una obligación inherente a su cargo, está incurriendo en violación de los deberes de funcionario público.

– ¿Insistirá con la denuncia ahora que Abal Medina dejó el cargo?

– Sí, precisamente la Justicia me convocó para ratificar la denuncia el 19 de noviembre pasado, cuando se anunciaron los cambios en el Gabinete. Aunque Abal Medina haya sido reemplazado, el delito ya fue consumado; incurrió en el delito porque no cumplió con esa obligación que establece la Constitución mientras fue jefe de Gabinete. Lo que buscamos es que Abal Medina reciba el reproche sancionatorio y que esto sirva de ejemplos para que cualquier otro futuro jefe de Gabinete tenga claro que tiene que cumplir con la Constitución y brindar los informes mensuales al Congreso. Quiero reivindicar las funciones del Congreso contra algo que se va naturalizando. Desde mi punto de vista ha sido sabio que se incorpore la figura del jefe de Gabinete a la Constitución, en la medida en que cumpla con un diálogo fluido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sobre todo con la oposición. Ahora, esto no pasado siquiera con Sergio Massa, que cuando fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner vino una sola vez en 14 meses.

– Teniendo en cuenta que no hay antecedentes de este tipo, ¿qué recepción tuvo la denuncia en el Poder Judicial?

– Quiero decir que no me gusta estar haciendo denuncias todos los días. Pero agoté la instancia legislativa y no puedo ser complaciente ni cómplice al no hacer la denuncia. Creo que no alcanza con reclamar y quejarnos de que un funcionario no cumple con la ley; debemos usar todas las herramientas que tenemos para que esto no suceda. Ahora veremos qué actitud tomará el juez con esta casa que voy a seguir de cerca. Esta no es una denuncia mediática. El curso que tenga el caso va a demostrar si la Justicia se atreve a juzgar al poder. Porque necesitamos jueces que se atrevan a juzgar a los funcionarios cuando están en el poder; ahí vamos a tener signos de la “democratización” de la Justicia. Esta recién se va a dar cuanto todos los ciudadanos podamos acceder al servicio de Justicia y cuando las decisiones judiciales nos alcancen a todos por igual.

– ¿Utilizó otros mecanismos para obtener información por parte del Ejecutivo? ¿Cómo le fue?

– Hay un decreto de acceso a la información de Néstor Kirchner que habilita la posibilidad de requerir información al PE, quien debe contestar dentro de un determinado plazo. Este mecanismo lo he utilizado; me han respondido, aunque de manera muy escueta, no como a uno le gustaría. Aunque no se compara con la sesión informativa. Queremos saber qué está pensando el Gobierno sobre el narcotráfico: cómo podemos articular una política de seguridad entre los distintos niveles del Estado; qué pasa con las variables de la economía, con la infraestructura relacionada al transporte, con la crisis energética. Estos son los grandes temas.

– ¿Cómo ve la relación del nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, con el Congreso? Debutó con una visita por iniciativa propia.

– Pareciera que el Gobierno quiere transmitir la idea de que en los próximos dos años va a tener otra relación con el Congreso. Capitanich es un hombre de amplia trayectoria, con experiencia; me parece que va a tratar de darle más volumen a la Jefatura de Gabinete. Ahora, esto lo vamos a medir con los resultados y con las decisiones políticas que se vayan tomando, más allá del cambio de funcionarios que era lógico para recrear expectativas después de la derrota electoral. Por ahora recibí muy bien su visita y espero que esto siga así. Esperamos que a partir del nuevo período ordinario, que comienza el 1 de marzo de 2014, Capitanich cumpla con la Constitución y concurra una vez por mes al Congreso, alternándose las cámaras, para brindar los informes en los recintos. Si un mes no puede venir y brinda una justificación razonable, ya sea por cuestiones de viaje o agenda, vamos a aceptar que postergue su informe. Pero queremos que la Jefatura de Gabinete normalice su relación con el Congreso.

La cuestión de las drogas

– Teniendo en cuenta sus 12 años de experiencia como intendente de la localidad bonaerense de Azul, ¿considera que en los últimos años hubo un aumento del consumo de drogas y del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires?

– Efectivamente hubo un aumento del consumo de drogas y de la violencia de los hechos delictivos como no lo había antes Esto tiene que ver con la droga porque el que está robando bajo sus efectos está desinhibido totalmente, relativiza el valor de la vida y te mata por cualquier cosa. Lo que veo es una ausencia temeraria del Estado; lo preocupante es que ante este diagnóstico, planteado en estadísticas, el Estado no está planteando una estrategia integral. Espero que el Estado nacional desarrolle una estrategia para combatir el crimen organizado, regularice la acefalía de la Sedronar, asuma la responsabilidad política por el narcotráfico y articule políticas con las provincias. Hay dos vertientes para trabar. Por un lado la lucha contra el delito, que le toca a la jurisdicción nacional y a las provinciales. En relación a esto considero buena las modificaciones que se hicieron en la provincia de Buenos Aires para que la Justicia provincial pudiera tener injerencia en los casos de narcotráfico. Pero hace falta seguir aumentando la estructural judicial y los medios para investigar; hace falta controlar el espacio aéreo y fluvial en toda la Nación, a los puertos del litoral donde entran y salen cosas con una simple declaración jurada.

La otra parte es la sanitaria: qué hace el Estado para tener una estrategia de prevención. Hay que evitar el consumo, tener una estrategia de prevención para que cada vez menos gente caiga en las adicciones; y para aquellas que cayeron, tener una estrategia de rehabilitación. Hay poquísimos lugares de internación, especialmente para las familias más humildes. En Azul veíamos que no bastaba con el tratamiento ambulatorio, con la consulta, y propusimos trabar en conjunto con la Provincia y la Nación. Terminamos acordando con el Gobierno bonaerense hacer un centro de día para llegar en un futuro a un lugar de internación. La idea era que los chicos trascurrieran el día en ese centro y que recibieran, a través de distintas estrategias interdisciplinarias, tratamientos para salir de las adicciones y reinsertarse a una vida saludable. El municipio de Azul alquiló la propiedad pero la Provincia fue nombrando de a poco el personal, que siempre fue insuficiente. En un momento dado, nos propusimos coordinar este centro con las unidades sanitarias del municipio en los distintos barrios, que son las instituciones más próximas a la gente. Pero por una cuestión política, cuando el Gobierno bonaerense vio que desde el municipio queríamos cambiar por esta política de adicciones, nos plantearon que no estaban de acuerdo y que ellos se iban a hacer cargo del alquiler. Al tiempo el centro de día cerró y se volvió a un simple local para dar cuenta que hay algo. Es un desastre la ausencia de tratamiento a los adictos.

– ¿Cómo fue la relación con los narcotraficantes durante su gestión?

– Teníamos Policía Federal y una delegación de la Policía provincial especializada en narcocriminalidad, en la que había un cambio de autoridades permanentemente. Cuando me reunía con un comisario, este me venía con estadísticas para mostrar lo que hacían, pero desde el municipio le aportábamos información que lo contradecía. Esta es la colaboración de la intendencia, que no puede combatir el delito; eso lo tienen que hacer las fuerzas nacional y provincial. El municipio tiene que trabajar de manera articulada planteando prioridades, acercando información sobre dónde están los problemas, y haciendo foco en los temas de salud.

– También se denuncia la complicidad de intendentes con el narcotráfico.

– Existe de todo. El narcotráfico tiene recursos que sirven para corromper todos los ámbitos. Esto lo demuestra la experiencia internacional; cómo los estados empiezan a perder territorio. Ahora, el intendente que está involucrado ¿tiene que tener una Policía Municipal…? Es lo que plantean el Gobierno de Daniel Scioli y el Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Un municipio va a tener una estrategia el de al lado va a tener otra? Creemos que la Policía tiene que ser provincial, con participación sí de los municipios en la definición del trabajo. En definitiva creo que hay tres problemas entrelazados; son como raíces de un árbol que no se las puede sacar por separado: la corrupción, la violencia y la desigualdad. No alcanza con la instalación de cámaras de seguridad o con ley de derribo de aviones narcos; pueden servir si se hacen bien, pero son insuficientes.

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