Un proyecto de ley del diputado sciolista Iván Budassi que busca regular la prestación de los servicios de las agencias de seguridad privada, ha generado ya las críticas del secretario de Seguridad, Sergio Berni, y también de la oposición. La iniciativa, que ya fue modificada en la Comisión de Seguridad, desarrolla propuestas que atacan directamente los conceptos centrales de la Seguridad Pública Ciudadana. Por este motivo el dirigente del Partido Socialista Ricardo Vago expuso que “nos preocupa lo perjudicial que puede ser esta norma para el conjunto de la población”.

Un elemento sustancial es la eliminación del tope de mil personas como máximo de empleados que puede llegar a tener las empresas, sumado al permiso de ingreso a la actividad de compañías extranjeras del exterior (como Kroll, Black Water). Sobre esta cuestión, Ricardo Vago enfatizó que “hablamos de la posibilidad de que empresas que fueron creadas por exagentes de los servicios de inteligencia internacional pueden funcionar, o bien que inversores colombianos, mexicanos o de otros países tengan la autoridad de ejercer una actividad con facultades de la policía”.

El proyecto de ley no plantea ninguna restricción o solicitud de antecedentes para el reconocimiento de una empresa extranjero como agente de seguridad privado argentino. Y al eliminarse toda limitación a la cantidad de agentes, podrían crearse “ejércitos privados”, sostiene el diputado socialista. Vago destaca que según datos de las cámaras del sector, son más de 700 empresas actuando en el país con una facturación 3.200.000.000 dólares. Y más de 120.000 agentes.

En el proyecto aparece la posibilidad de que estas empresas tengan enlace con la información que provee el 911, es decir que datos de la red policial que deberían ser protegidos por el Estado estarían enlazados con las agencias de seguridad privada. “Esto es otro de los errores conceptuales de la ley”, advierte Vago.

Por su parte, el despacho de la Comisión de Seguridad prohíbe accionar a las agencias privadas en los casos de conflicto de carácter político, laboral, sindical o religioso, pero las habilita “en caso flagrancia”. Vago cuestionó fuertemente esto pues se preguntó “¿qué conflicto laboral no viola alguna norma? Produciéndose entonces la flagrancia que autorizaría actuar a la seguridad privada en los casos de carácter político, laboral, sindical o religioso”.

Para finalizar el legislador del Frente Progresista Cívico y Social señaló “la incoherencia” de la norma al vincularla con los requisitos que tiene un ciudadano para formar parte de las fuerzas de seguridad: “Debemos tener en cuenta que hoy un ciudadano que ser agente policial se le pide, ser argentino nativo o nacionalizado y tener titulo secundario. A un posible empresario con capacidad para dirigir una agencia de seguridad sin tope de agentes armados se le permite que sea un extranjero con dos años de residencia en el país el directivo”, estimó.