Proyecto de Ley de Hidrocarburos

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1º.- Se establece el único régimen legal que regirá la exploración, explotación, transporte de los hidrocarburos líquidos y gaseosos que se hallaren en yacimientos situados en todo el territorio nacional y en su plataforma continental. El Código de Minería será de aplicación supletoria.

ARTÍCULO 2º.- POLITICA FEDERAL. Declárase de interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina el autoabastecimiento de hidrocarburos, la conservación y el incremento sustentable de las reservas de hidrocarburos, su exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización, a fin de satisfacer el mercado interno y garantizar el desarrollo económico del país, las provincias y regiones. El Poder Ejecutivo permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción del mercado interno.

ARTÍCULO 3º.- DOMINIO. Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren.

Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental.

Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968.

Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio.

Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda a sus respectivos límites geográficos, los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en el lecho y el subsuelo del Río de la Plata, desde la costa hasta una distancia máxima de doce (12) millas marinas que no supere la línea establecida en el artículo 41 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo VII de ese instrumento legal.

Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968, respetando lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994, entre la referida provincia y la provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 4º.- Las provincias ejercen en forma plena el dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas.

El ejercicio de las facultades como Autoridad Concedente, por parte del Estado nacional y de los Estados provinciales, se desarrollará con arreglo a lo previsto en la presente norma y las leyes que la complementen.

ARTÍCULO 5º.- Los Estados Provinciales otorgan los permisos de exploración y las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos, estando facultados, entre otras materias, para: (I) ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier otro tipo de permiso o contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional; (II) exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de cánones y regalías; (III) disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; (IV) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la presente Ley, su reglamentación y en las correspondientes normativas provinciales y (V) velar por el resguardo y contralor de la concurrencia, competencia y transparencia en relación a los actos de su propia competencia.

Las facultades descriptas en el párrafo anterior no resultan limitativas del resto de las facultades derivadas del poder concedente, emergentes de esta ley, su reglamentación y las correspondientes normativas provinciales.

ARTÍCULO 6º.- El Poder Ejecutivo nacional será autoridad concedente de todas aquellas facilidades de transporte de hidrocarburos que abarquen dos (2) o más provincias o que tengan como destino directo la exportación.

ARTÍCULO 7°.- PLAN ESTRATEGICO HIDROCARBURÍFERO NACIONAL. El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, conjuntamente con el Consejo Federal de Hidrocarburos, presentará el Plan Estratégico Nacional de Hidrocarburos con metas anuales y plurianuales cuantificables, el cual será aprobado previamente y luego revisado anualmente en su cumplimiento por el Congreso Nacional.

ARTÍCULO 8º.- Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio y la libre disponibilidad sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo sobre bases técnico-económicas razonables, que garanticen la reposición de reservas y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos.

ARTÍCULO 9°.- Las propiedades mineras sobre hidrocarburos constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley 17.319, continuarán rigiéndose por las disposiciones que les dieron origen, sin perjuicio de la facultad de sus titulares para acogerse a las disposiciones de la presente ley conforme al procedimiento que establecerá la autoridad concedente.

ARTÍCULO 10°.- A los fines de esta ley, quedan establecidas las siguientes categorías de reservas:

1) Comprobadas

Desarrolladas. No desarrolladas. 2) No Comprobadas.

Probables. Posibles. Tanto las categorías listadas, como el concepto de “reservas” se definen en el Anexo I de la presente norma. La metodología de cálculo será establecida por la Secretaría de Energía de la Nación sobre la base de una propuesta técnicamente fundada de la Agencia Federal de Hidrocarburos.

La auditoria de reservas será realizada por certificadores externos debidamente registrados en la Secretaría de Energía de la Nación, siendo requisito obligatorio pero no exclusivo para ello, acreditar experiencia y trayectoria en estudios y/o trabajos de geología de explotación y/o ingeniería de reservorios similares, no menor a diez (10) años.

TÍTULO II RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL ARTÍCULO 11.- Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República Argentina, incluyendo su plataforma continental, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o por concesiones de explotación, y de aquellas en las que la autoridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, prohiba expresamente tal actividad.

El reconocimiento superficial no genera derecho alguno, ni el de repetición contra el Estado Nacional o Provincial por las sumas invertidas en dicho reconocimiento.

Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del propietario superficiario y responderán por cualquier daño que ocasionen.

ARTÍCULO 12.- No podrán iniciarse los trabajos de reconocimiento sin previa aprobación de la autoridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuyo territorio se solicite efectuar el reconocimiento. La reglamentación de la presente ley y el permiso específico consignará los estudios autorizados a realizarse.

El permiso de reconocimiento superficial consignará el tipo de estudio a realizar, el plazo de su vigencia de hasta dieciocho (18) meses y los límites y extensión de la zona en que serán realizados.

El reconocimiento superficial autoriza la realización de trabajos de geología de superficie, de sistemas de refracción y reflexión, de gravimetría, de magnetometría, operaciones geoeléctricas y geoquímicas, trabajos topográficos y geodésicos, topografía aérea y aeromagnetometría, levantar planos y otros que contribuyan a determinar la condiciones del subsuelo favorables para la acumulación de hidrocarburos.

La autoridad de contralor nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, estará obligada a inspeccionar y controlar la ejecución de los trabajos autorizados.

ARTÍCULO 13.- Al vencimiento del plazo del permiso, los datos primarios obtenidos del reconocimiento superficial serán entregados a la autoridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma que haya otorgado el permiso, previo convenio de confidencialidad. La propiedad de los datos será de la persona física o jurídica que realizó el reconocimiento.

La autoridad respectiva mantendrá la confidencialidad por el plazo de tres (3) años, salvo autorización del propietario de los datos o que se realice un concurso público para otorgar un permiso de exploración sobre el área del reconocimiento.

En caso que se realice dicho concurso público se deberán establecer las siguientes condiciones: (i) en el supuesto de que el propietario de los datos sea una persona física, se permitirá su participación en el concurso como integrante de una unión transitoria de empresas (artículo 377 y ss. Ley 19.550); (ii) en caso de paridad de ofertas, el propietario de los datos tendrá derecho preferente a la adjudicación; (iii) en caso que el propietario de los datos no resulte adjudicatario, tendrá derecho a la devolución de los gastos e inversiones útiles y debidamente acreditadas y realizadas con motivo del reconocimiento, por parte de quien resultare adjudicatario.

TÍTULO III PERMISOS DE EXPLORACIÓN Y CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN Capítulo I Disposiciones comunes ARTÍCULO 14.- El Poder Ejecutivo Nacional, y los Poderes Ejecutivos de los Estados Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán otorgar permisos de exploración y concesiones temporales de explotación de los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios, únicamente a personas jurídicas inscriptas en el Registro Único de Empresas Petroleras en su calidad de operadores.

En caso de tratarse de áreas compartidas entre dos (2) o más jurisdicciones, los respectivos procedimientos relativos al otorgamiento de un permiso o concesión serán realizados por actos conjuntos de las autoridades concedentes comprendidas.

El acto de otorgamiento de los permisos de exploración y concesiones de explotación, las actuaciones antecedentes y las cesiones de esos derechos, serán protocolizados por el escribano del gobierno de la Autoridad Concedente correspondiente, constituyendo ese testimonio el título formal del derecho otorgado.

Asimismo, el otorgamiento deberá ser publicado en el Boletín Oficial correspondiente a la autoridad concedente dentro del plazo de diez (10) dias hábiles.

ARTÍCULO 15.- Las personas jurídicas titulares de los permisos y de las concesiones, deberán poseer acreditada solvencia financiera y capacidad técnica adecuadas para ejecutar las tareas inherentes a la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos y constituir domicilio en la República Argentina. A tales efectos, la Agencia Federal de Hidrocarburos deberá crear un Registro Único de Empresas Petroleras.

Serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad.

Capítulo II De los permisos de exploración ARTÍCULO 16.- El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro delimitado por el permiso y durante los plazos que establezca la autoridad concedente en los términos de lo dispuesto por la presente norma.

ARTÍCULO 17.- A todo titular de un permiso de exploración corresponde el derecho de obtener una (1) concesión exclusiva de explotación de los hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso, con arreglo a las normas vigentes al tiempo de otorgarse este último.

ARTÍCULO 18.- Para otorgar permisos de exploración, además de los requisitos establecidos por el artículo 15, la autoridad concedente deberá implementar licitaciones públicas que permitan la selección del permisionario, asegurando la observancia de los principios de concurrencia, competencia y transparencia.

La Secretaría de Energía deberá promover las actuaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y/o el Tribunal que la reemplace sí existieren sospechas fundadas de conductas o actos que impidan o restrinjan la libre concurrencia y competencia.

ARTÍCULO 19.- El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos que las mejores técnicas aconsejen y la perforación de pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en su artículo 31 y siguientes en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen.

El permiso autoriza, asimismo, a construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con las limitaciones establecidas por el artículo 33 del Código de Minería y las demás disposiciones que sean aplicables.

ARTÍCULO 20.- La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más eficientes, y a efectuar las inversiones a que se haya comprometido para cada uno de los períodos que el permiso comprenda.

Si la inversión realizada en cualquiera de dichos períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá abonar al Estado Nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, la diferencia resultante, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y aceptadas dificultades técnicas a juicio de la autoridad concedente, podrá autorizarse la substitución de dicho pago por el incremento de los compromisos establecidos para el período siguiente en una suma no menor a la no invertida.

La renuncia del permisionario al derecho de exploración le genera la obligación de abonar a la autoridad que ha otorgado el permiso la totalidad del monto de las inversiones comprometidas y no realizadas, como así también el deber de abonar en el plazo o período correspondiente, todas aquellas erogaciones a las que el permisionario hubiese estado obligado a incurrir si los trabajos comprometidos se hubiesen cumplido.

Si en cualquiera de los períodos las inversiones correspondientes a trabajos técnicamente aceptables superaran las sumas comprometidas, el permisionario podrá reducir en un importe igual al excedente las inversiones que correspondan al período siguiente, siempre que ello no afecte la realización de los trabajos indispensables para la eficaz exploración del área.

Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en concesión de explotación, la autoridad concedente podrá admitir que hasta el cincuenta por ciento (50%) del remanente de la inversión que corresponda a la superficie abarcada por esa transformación, sea destinado a la explotación de la misma, siempre que el resto del monto comprometido incremente la inversión pendiente en el área de exploración.

ARTÍCULO 21.- DESCUBRIMIENTO. El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en esta ley y en las condiciones del permiso, la correspondiente denuncia ante la autoridad concedente. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no diere cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento. Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán sometidos al pago de las regalías en los porcentajes que establezca la autoridad concedente.

ARTÍCULO 22.- DECLARACIÓN DE COMERCIALIDAD. Dentro de los treinta (30) días de la fecha en que el permisionario, de conformidad con criterios técnicos-económicos aceptables, determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable, deberá declarar ante la autoridad concedente su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación, observando los procedimientos consignados a tal efecto en esta ley en los recaudos consignados en el artículo 32, párrafo 2°.

La concesión deberá otorgársele dentro de los sesenta (60) días siguientes y el plazo de su vigencia se computará en la forma que establece el artículo 23.

La omisión de la precitada declaración o el ocultamiento de la condición de comercialmente explotable de un yacimiento, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas y regladas en la presente norma.

El otorgamiento de la concesión no comporta la caducidad de los derechos de exploración sobre las áreas que al efecto se retengan, durante los plazos pendientes.

ARTÍCULO 23.- PLAZOS. Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada caso por la Autoridad Concedente. El plazo máximo de aquellos será de diez (10) años.

Para las exploraciones en la plataforma continental el plazo máximo será de quince (15) años.

A pedido del permisionario, la Autoridad Concedente podrá prorrogar el plazo del permiso hasta el doble del plazo total o parcial que inicialmente se hubiera otorgado y siempre que la ejecución eficiente de los trabajos exploratorios así lo requiera.

No se autorizará la prórroga si el permisionario no hubiera cumplido con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las inversiones comprometidas en el permiso y, en general, cuando haya incumplido las obligaciones emergentes de esta ley y de su reglamentación.

La solicitud de prórroga será presentada ante la autoridad concedente, acompañada de la minuta de escritura pública.

Es obligatoria la publicación de la prórroga en el Boletín Oficial correspondiente a la jurisdicción de la autoridad concedente, dentro de los diez (10) días de su otorgamiento.

ARTÍCULO 24.- Los permisos de exploración abarcarán áreas cuya superficie no exceda de cien (100) unidades de exploración. Los permisos que se otorguen sobre la plataforma continental no superarán las ciento cincuenta (150) unidades.

La unidad de exploración tendrá una superficie de cien (100) kilómetros cuadrados.

Ninguna persona jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco (5) permisos de exploración, ya sea en forma directa o indirecta. Cuando las personas integren sociedades, asociaciones o uniones transitorias de empresas, la limitación se aplicará a las constituidas con igual composición de integrantes. Los titulares de permisos y concesiones alcanzados por esta limitación, deberán adecuarse a esta norma en el plazo que fije la autoridad de aplicación que será como máximo de tres (3) años, desde la vigencia de esta ley.

La Agencia Federal de Hidrocarburos podrá permitir excepciones a la limitación establecida en este artículo por resolución fundada, previo dictamen obligatorio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

ARTÍCULO 25.- Al vencimiento del plazo total del permiso de exploración, el permisionario deberá restituir el área a la Autoridad Concedente, conjuntamente con la información técnica obtenida en los trabajos exploratorios, los pozos realizados y demás construcciones y obras fijas incorporadas en forma permanente al área del permiso.

En caso que el permiso de exploración estableciera períodos o plazos parciales para la ejecución de los trabajos exploratorios, al concluir cada período o plazo parcial, el permisionario restituirá, como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) del área del permiso. El área remanente será igual a la superficie original menos la superficie restituida o transformadas en lote de una concesión de explotación.

Capítulo III De las concesiones de explotación ARTÍCULO 26.- La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el respectivo título de concesión durante los plazos que se fijan en el artículo 34.

ARTÍCULO 27.- A todo titular de una concesión de explotación corresponde el derecho de obtener una concesión para el transporte de sus hidrocarburos, según lo establecido en esta ley y lo que establezca la autoridad concedente.

ARTÍCULO 28.- Las concesiones de explotación serán otorgadas por la autoridad concedente a las personas jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 16 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 21.

La autoridad concedente, además, podrá otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados en la presente ley y los que aquella establezca.

Esta modalidad de concesión no implica en modo alguno garantizar la existencia de hidrocarburos comercialmente explotable en tales áreas.

ARTÍCULO 29.- La concesión de explotación autoriza a realizar dentro de sus límites, los trabajos de búsqueda y extracción de hidrocarburos, conforme a técnicas de uso común en la industria, razonables y eficientes. Asimismo autoriza a construir y operar plantas de tratamiento y refinación, sistemas de comunicaciones y de transportes generales o especiales de hidrocarburos, edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y, en general, cualquier otra obra y operación necesaria para el desarrollo de sus actividades.

La autoridad de aplicación nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establecerá los límites del permiso de exploración o de la concesión de explotación o transporte.

ARTÍCULO 30.- Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos previamente comprometidos, las inversiones que establezca el correspondiente contrato, en observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas y la preservación del medio ambiente.

ARTÍCULO 31.- Dentro de los noventa (90) días de haber formulado la declaración de comercialidad y luego, con una periodicidad anual, el concesionario someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación.

Una vez transcurridos sesenta (60) días de presentados los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a los lotes de explotación, sin resolución por parte de la autoridad concedente, se consideraran aprobados tácitamente.

Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 30 y ser aptos para acelerar en todo lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al artículo 32.

ARTÍCULO 32.- Cada uno de los lotes abarcados por una concesión deberá coincidir, lo más aproximadamente posible, con todo o parte de trampas productivas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El concesionario deberá practicar la mensura de cada uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus límites conforme al mejor conocimiento que adquiera de las trampas productivas.

En ningún caso los límites de cada lote podrán exceder el área retenida del permiso de exploración.

ARTÍCULO 33.- El área máxima de concesión de explotación que no provenga de un permiso de exploración será de doscientos cincuenta (250) kilómetros cuadrados.

Ninguna persona jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco (5) concesiones de explotación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen.

Cuando las personas integren sociedades, asociaciones o uniones transitorias de empresas, la limitación se aplicará a las constituidas con igual composición de integrantes. Los titulares de permisos y concesiones alcanzados por esta limitación, deberán adecuarse a esta norma en el plazo que fije la autoridad de aplicación que será como máximo de tres (3) años, desde la vigencia de esta ley.

La Agencia Federal de Hidrocarburos podrá permitir excepciones a la limitación establecida en este artículo, mediante resolución fundada, previo dictamen obligatorio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

ARTÍCULO 34.- Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de como máximo veinticinco (25) años a contar desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23.

La autoridad concedente podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años, en las condiciones que se establecen en esta ley y siempre que el concesionario haya dado cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión y a las establecidas en esta ley.

La solicitud de prórroga deberá presentarse ante la autoridad concedente con una antelación no mayor a los cinco (5) años ni menor de un (1) año del vencimiento de la concesión, acompañada de la minuta de escritura pública.

Previo a otorgar la prórroga, la autoridad concedente realizará una licitación pública nacional e internacional, con el objeto de mejorar para el estado concedente las condiciones de explotación, y en la cual se seleccionará la oferta más conveniente. El ganador de ese proceso licitatorio será el nuevo adjudicatario en los términos y condiciones que se establezcan en los pliegos, salvo que el actual concesionario iguale la mejor oferta del oferente ganador de la licitación. Si el actual concesionario igualase la oferta más conveniente del proceso licitatorio, se le otorgará la prórroga en esas condiciones.

No se autorizará la prórroga si el concesionario no hubiera cumplido, en tiempo y forma con al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las inversiones comprometidas en el correspondiente contrato.

Es obligatoria la publicación de la prórroga en el Boletín Oficial correspondiente a la autoridad concedente, dentro del plazo de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 35.- La autoridad concedente actuará como instancia de mediación administrativa obligatoria ante conflictos entre concesionarios de áreas de explotación vecinas por problemas en sus zonas limítrofes. De no mediar acuerdo entre las partes, impondrá condiciones de explotación en las zonas limítrofes de las concesiones, pudiendo unitizar la explotación del yacimiento si las condiciones del reservorio y la eficiencia de la explotación lo aconsejaren, sobre la base de dictámenes técnicos fundados.

ARTÍCULO 36.- La reversión total o parcial al Estado Nacional, Provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, de uno o más lotes de una concesión de explotación, comportará la transferencia a su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen, de los pozos respectivos con los equipos e instalaciones normales para su operación y mantenimiento, y de las construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma permanente al proceso de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen de la reversión, los equipos móviles no vinculados exclusivamente a la producción del yacimiento y todas las demás instalaciones relacionadas al ejercicio por el concesionario de los derechos de industrialización y comercialización o de otros derechos subsistentes.

ARTÍCULO 37.- El concesionario de explotación que en el curso de los trabajos autorizados en virtud de esta ley, descubriera sustancias minerales no comprendidas en este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y apropiárselas cumpliendo en cada caso, previamente, con las obligaciones que el Código de Minería establece para el descubridor, ante la autoridad minera que corresponda por razones de jurisdicción.

Cuando en el área de una concesión de explotación, terceros ajenos a ella descubrieran sustancias de primera o segunda categoría, el descubridor podrá emprender trabajos mineros, siempre que no perjudiquen los que realiza el explotador. Caso contrario, y a falta de acuerdo de partes, la autoridad concedente, con audiencia de la autoridad minera jurisdiccional, determinará la explotación a que debe acordarse preferencia bajo resolución fundada, si no fuera posible el trabajo simultáneo de ambas.

Para las sustancias de tercera categoría es de aplicación el artículo 100 del Código de Minería. Cuando el propietario de una mina, cualesquiera sea la categoría de las sustancias, hallare hidrocarburos, sin perjuicio de disponer de los mismos únicamente en la medida requerida por el proceso de extracción y beneficio de los minerales, lo comunicará a la autoridad concedente dentro de los quince (15) días del hallazgo, a fin de que decida sobre el particular conforme a la presente ley.

Capítulo IV Concesiones de transporte ARTÍCULO 38.- La concesión de transporte confiere, durante los plazos a los que se refiere el artículo 40, el derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias viales y férrea; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes.

Los gasoductos que estén conectados al sistema de transporte y distribución de gas natural se regirán por la ley Nº 24.076.

ARTÍCULO 39.- Las concesiones de transporte serán otorgadas por la autoridad concedente a las personas jurídicas que reúnan los requisitos y observen los procedimientos que especifica la presente ley y los que se establezcan en el respectivo llamado a licitación o concurso, los que deberán prestar el servicio en las condiciones establecidas en el presente Capítulo.

Los concesionarios de explotación que dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a constituirse en concesionarios de transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará la autoridad concedente.

Cuando las aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites de alguno de los lotes de la concesión, será facultativa la concesión de transporte y, en su caso, el plazo respectivo será computado desde la habilitación de las obras.

Serán de jurisdicción nacional las concesiones de transporte cuyas instalaciones pasen por dos (2) o más Provincias o ingresen a la jurisdicción Federal, así como las otorgadas sobre ductos que transporten hidrocarburos fuera de los límites del territorio nacional. Serán de jurisdicción provincial aquellas concesiones de transporte que se mantengan dentro de los límites de una Provincia.

Cualquier sujeto alcanzado por la presente ley podrá solicitar una concesión de transporte para vincular sus instalaciones o las de terceros, rigiéndose en cuanto a la modalidad de operación, por lo dispuesto en este Capítulo de la ley y en la ley Nº 24.076.

ARTÍCULO 40.- Las concesiones a que se refiere el presente Capítulo serán otorgadas por un plazo de hasta treinta y cinco (35) años a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo la autoridad concedente, a petición de los titulares, prorrogarlos hasta por diez (10) años más por resolución fundada. Vencido dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado Nacional, Provincial o de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, según corresponda, sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.

ARTÍCULO 41.- Las concesiones de transporte en ningún caso implicarán un privilegio de exclusividad que impida a la autoridad concedente otorgar iguales derechos a terceros en la misma zona.

ARTÍCULO 42.- Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los concesionarios estarán obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias, pero esta obligación quedará subordinada, sin embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio concesionario.

La Autoridad Concedente establecerá las reglas de prestación, coordinación y complementación del transporte de hidrocarburos líquidos.

Las Autoridades Concedentes que ejerzan el derecho de percibir regalías en especie, tendrán en los sistemas de transporte provinciales derecho preferente al transporte de los hidrocarburos que perciban en especie, hasta el doce por ciento (12%) de la capacidad máxima disponible.

ARTÍCULO 43.- Las normas que rigen el transporte comercial serán de aplicación supletoria.

Capítulo V Tributos. Canon. Regalías ARTÍCULO 44.- Los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación estarán sujetos, mientras esté vigente el permiso o concesión respectiva, al régimen fiscal que para toda la República se establece seguidamente:

a) Tendrán a su cargo el pago de todos los tributos provinciales y municipales existentes a la fecha de la adjudicación. Durante la vigencia de los permisos y concesiones, la Nación no podrá gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo un incremento general de impuestos.

b) En el orden nacional estarán sujetos, con arreglo a las normas de aplicación respectivas y en cuanto correspondiere, al pago de impuestos u otros tributos.

ARTÍCULO 45.- El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción del área original del permiso o del área remanente de exploración, ocurridas las restituciones que correspondan o la transformación en lotes de explotación.

ARTÍCULO 46.- El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado, por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por los lotes de explotación, el canon que establezca la autoridad concedente.

ARTÍCULO 47.- El concesionario y los titulares de derechos de explotación pagarán mensualmente al Estado nacional o provincial según corresponda, en concepto de regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos o gaseosos extraídos en boca de pozo, un porcentaje de al menos el doce por ciento (12%). Como excepción, la autoridad concedente podrá reducir ese porcentaje hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.

ARTÍCULO 48.- La regalía será percibida en efectivo, salvo que noventa (90) días antes de la fecha de pago el Estado Nacional o las Provincias concedentes según corresponda, expresen su voluntad de percibirla en especie, decisión que se mantendrá por un mínimo de seis (6) meses.

En casos de optarse por el pago en especie, el concesionario tendrá la obligación de almacenar sin cargo alguno durante un plazo máximo de treinta (30) días, los hidrocarburos líquidos a entregar en concepto de regalía.

Transcurrido dicho plazo, la falta de retiro de los productos almacenados importará la manifestación de voluntad por parte del Estado Nacional o provincial, según corresponda, de percibir en efectivo la regalía.

La obligación de almacenaje no rige respecto de los hidrocarburos gaseosos.

ARTÍCULO 49.- El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca de pozo, el que será determinado mensualmente por la Agencia Federal de Hidrocarburos, restando del fijado según una metodología pública establecida por dicha autoridad, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Si en algún mes la Agencia no lo fijara regirá el último establecido.

ARTÍCULO 50.- Los hidrocarburos que se pierdan por culpa o negligencia del concesionario serán incluidos en el cómputo de su producción, a los efectos tributarios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere necesario aplicar.

ARTÍCULO 51.- Prescribe a los diez (10) años la obligación de los titulares de permisos de exploración, concesiones de explotación y de derechos de explotación de pagar regalías por la producción de hidrocarburos a la Autoridad Concedente. El plazo de la prescripción se computará a partir del año siguiente al año del mes en que se incurriera en falta de pago, total o parcial, de las regalías a la Autoridad Concedente.

El reclamo que formule la Autoridad Concedente por falta de pago total o parcial de las regalías, suspenderá por un (1) año, por una sola vez, el curso de la prescripción.

Capítulo VI Otros derechos y obligaciones ARTÍCULO 52.- Los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en esta ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones, tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 146 a 155 inclusive y concordantes del Capítulo de Servidumbres, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos.

El acceso a los inmuebles afectados de los permisionarios y concesionarios para la ejecución de los trabajos será autorizado por la Autoridad Concedente, salvo cuando medie acuerdo con el propietario superficiario.

El propietario no podrá oponerse al acceso y ocupación del inmueble, ni impedir o suspender la realización de trabajos autorizados, siempre que el permisionario o concesionario afiance satisfactoriamente el pago de eventuales perjuicios. La Autoridad Concedente fijará provisoriamente el monto de la fianza.

Determinada definitivamente el área del inmueble afectada a la ejecución de trabajos de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, satisfechos los derechos e intereses del propietario del fundo afectado y cumplidos los requisitos registrales correspondientes, la Autoridad Concedente otorgará la servidumbre en un plazo de sesenta (60) días y ordenará su inscripción en el Registro de la Propiedad de la jurisdicción. La servidumbre se mantendrá vigente durante todo el plazo de los permisos y concesiones o hasta la restitución o reversión de las áreas.

ARTÍCULO 53.- El mismo derecho será acordado a los permisionarios y concesionarios cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 54.- Los permisionarios y concesionarios deberán indemnizar a los propietarios superficiarios, privados o públicos, por los conceptos de servidumbre minera y los daños y perjuicios que causen a los bienes afectados por las actividades de aquellos.

La indemnización se establecerá de común acuerdo entre las partes; a falta de acuerdo será fijada por la Autoridad Concedente. Los locatarios, usufructuarios y ocupantes, en su caso, tendrán derecho a la indemnización que les corresponda por los perjuicios que se les ocasionen y deberán ser parte del acuerdo.

La Agencia Federal de Hidrocarburos determinará con carácter zonal los perjuicios indemnizables causados a los fundos superficiales por dichas actividades y el monto de la reparación correspondiente. Los propietarios y demás interesados podrán optar por aceptar dichos montos y exigir su pago, cancelando las obligaciones de los permisionarios y concesionarios. Caso contrario, podrán reclamar la indemnización ante los tribunales competentes de la jurisdicción.

La prescripción de la acción de reparación de daños y perjuicios se rige por el artículo 4037 del Código Civil.

ARTÍCULO 55.- Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de las establecidas en el Título III:

a) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes;

b) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación de cualquier novedad al respecto;

c) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados al Estado o a terceros;

d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación de los que ocurrieren;

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se hallaren durante la perforación;

f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.

Capítulo VII Cesiones ARTÍCULO 56.- Los permisos y concesiones acordados en virtud de esta ley pueden ser cedidos en forma excepcional y previa autorización de la autoridad concedente, en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios o concesionarios. La Nación o las Provincias en su caso deberán dictar normas reglamentarias de alcance general que establezcan las condiciones en que se admitirán esas cesiones, antes de aprobar alguna de ellas.

No se autorizará la cesión si el permisionario o concesionario no hubiera alcanzado al menos el cincuenta por ciento (50%) de las inversiones comprometidas en el correspondiente contrato, en cumplimiento efectivo de sus obligaciones y tampoco cuando haya incumplido las obligaciones referentes a permisos y concesiones emergentes de la ley y su reglamentación.

La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad concedente, acompañada de la minuta de escritura pública.

Es obligatoria la publicación de la cesión en el Boletín Oficial correspondiente a la autoridad concedente, dentro del plazo de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 57.- Los concesionarios de explotación y de transporte podrán contratar préstamos, bajo la condición de que el incumplimiento de tales contratos por parte de ellos importará la cesión de pleno derecho de la concesión en favor del acreedor. Dichos contratos se someterán a la previa aprobación de la autoridad concedente, la que sólo será acordada en caso de garantizarse satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones exigidas en el artículo 56.

ARTÍCULO 58.- Los escribanos públicos no autorizarán ninguna escritura de cesión sin exigir del cedente el acto administrativo que autorice la cesión dada por la autoridad concedente que se refiere en el artículo 56, y de la constancia emitida por aquella que acredite que no se adeudan tributos de ninguna clase, ni el pago de indemnizaciones a los propietarios superficiales por el derecho que se pretende ceder. Tal constancia y el acto administrativo que la autorice en copia auténtica, quedarán incorporados en el respectivo protocolo.

Capítulo VIII Nulidad, caducidad y extinción de los permisos y concesiones ARTÍCULO 59.- Son absolutamente nulos:

1) Los permisos, concesiones y cesiones otorgadas a personas impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones de esta ley.

2) Los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley.

3) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta.

ARTÍCULO 60.- Las concesiones o permisos caducan:

i. Por falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo.

ii. Por falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas.

iii. Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales.

iv. Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación o de observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos.

v. Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 21 y 30.

vi. Por declaración de quiebra de su titular.

vii. Por fin de la existencia de la persona jurídica titular del derecho.

viii. Por incumplimiento de la obligación de transportar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 41, o la reiterada infracción al régimen de tarifas aprobado para éstos transportes.

Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos i, ii, iii, iv, v y viii del presente artículo, la autoridad concedente intimará a los permisionarios y concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que la primera determine.

ARTÍCULO 61.- Las concesiones y permisos se extinguen:

i. Por el vencimiento de sus plazos.

ii. Por renuncia de su titular, la que podrá referirse a solamente una parte de la respectiva área, con reducción proporcional de las obligaciones a su cargo, siempre que resulte compatible con la finalidad del derecho.

ARTÍCULO 62.- La extinción por renuncia será precedida, inexcusablemente, de la cancelación por el titular de la concesión o permiso de todos los tributos impagos y demás deudas exigibles por la autoridad concedente.

ARTÍCULO 63.- Anulado, caducado o extinguido un permiso o concesión, revertirán al Estado Nacional, Provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según corresponda, las áreas respectivas con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al ejercicio de su respectiva actividad, en las condiciones establecidas en los artículos 36 y 40.

TÍTULO IV SANCIONES Y RECURSOS ARTÍCULO 64.- La Autoridad Concedente establecerá el régimen de sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones emergentes de los permisos de exploración y concesiones de explotación y transporte y de las establecidas por esta ley y sus normas reglamentarias, que no constituyan causal de caducidad.

TÍTULO V DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN YPF S.A. ARTÍCULO 65.- YPF S.A. es una empresa anónima abierta con mayoría estatal cuyo objetivo es la exploración, explotación, refinación, procesamiento, comercio mayorista y transporte desde y hacia el pozo, de sus insumos y productos y del comercio minorista de combustibles.

Las actividades que no tengan directa relación con los objetivos antes expuestos deberán tener autorización expresa por Ley de la Nación. YPF dictará su estatuto de acuerdo con los objetivos expuestos en el primer párrafo del presente artículo y sobre la base de los lineamientos y restricciones determinados en esta ley.

ARTÍCULO 66.- Las actividades económicas referidas en el artículo 65 de esta ley serán llevadas a cabo por YPF bajo libre competencia con otras empresas estatales o privadas y sin ningún tipo de ventaja o discriminación.

ARTÍCULO 67.- Para el estricto cumplimiento de las actividades previstas en sus objetivos, dentro de la industria petrolera, YPF S.A. está autorizada a establecer subsidiarias o comprar y vender participaciones en empresas que tengan o no directa relación con sus objetivos.

ARTÍCULO 68.- Queda expresamente prohibido el otorgamiento de garantías o avales de cualquier tipo por parte de YPF a otras empresas públicas o privadas.

ARTÍCULO 69.- El Estado Nacional podrá otorgar garantías o avales de cualquier tipo a YPF solo por las obligaciones resultantes en la medida de su participación accionaria en la empresa. Queda expresamente prohibido el otorgamiento de garantías o avales de cualquier tipo por parte del Estado Nacional a las empresas con las cuales YPF tenga relación comercial.

ARTÍCULO 70.- Todas las comunicaciones, reportes e informes remitidos por YPF S.A. a organismos nacionales o internacionales deben estar disponibles en idioma castellano al público en su página de internet con libre acceso y expresados en moneda nacional de curso legal y en dólares estadounidenses.

ARTÍCULO 71.- El Estado Nacional como accionista de YPF S.A. arbitrará los medios necesarios para mantener cotización de una parte de las acciones de la compañía no menor al cinco por ciento (5%) de su capital social en al menos una bolsa de valores de referencia internacional para los mercados de capitales internacionales.

El incumplimiento de las disposiciones de este artículo será considerado una falta grave y causal de remoción del cargo de los miembros del Directorio que representen a la participación estatal en YPF S.A.

ARTÍCULO 72.- Las otras empresas estatales existentes o a crearse en el mercado de hidrocarburos se regirán por las mismas normas referidas a la participación del Estado Nacional en YPF S.A.

TÍTULO VI

AUTORIDADES DE APLICACIÓN Capítulo I De la Autoridad de Aplicación ARTÍCULO 73.- La aplicación de la presente ley compete a las Autoridades Concedentes, conforme a las funciones y facultades que esta ley les atribuye, de acuerdo a la jurisdicción reconocida en el artículo 3º.

Capítulo II Autoridades Concedentes

ARTÍCULO 74.- El Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos de los Gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercerán las funciones de Autoridades Concedentes en sus respectivas jurisdicciones en relación a las actividades previstas en el artículo 4º.

ARTÍCULO 75.- Los permisionarios de exploración, concesionarios de explotación, transportistas y demás sujetos alcanzados por la presente ley deberán prestar colaboración a las autoridades competentes de la Nación o de las Provincias en el ejercicio de sus funciones. No obstante tal obligación, dichas autoridades tendrán acceso a las instalaciones y a la contabilidad de los mismos, pudiendo realizar también auditorias de reservas en los yacimientos y sobre los métodos de explotación de los mismos a que se refiere el artículo 29 y demás obligaciones asumidos por los concesionarios en función de esta ley.

Las autoridades de aplicación también podrán hacer uso de los medios que a tal fin consideren necesarios y solicitar a los jueces competentes todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Capítulo III

Del Consejo Federal de Hidrocarburos ARTÍCULO 76.- Crease el Consejo Federal de Hidrocarburos, según lo que a continuación se establece:

i. El Consejo Federal de Hidrocarburos será dirigido y administrado por un Directorio integrado por once (11) miembros titulares e igual número de suplentes, designados uno por cada provincia productora de hidrocarburos y por el Poder Ejecutivo Nacional. Si se explotaren, en el futuro, yacimientos de hidrocarburos en provincias en las cuales anteriormente no existía tal explotación, la autoridad de aplicación impondrá un límite mínimo de producción por sobre el cual el Consejo incrementará el número de sus integrantes en la cantidad de las provincias que cumplieren tal requisito.

ii. Ejercerá la Presidencia el representante del Poder Ejecutivo Nacional. El Vicepresidente será designado por acuerdo de las provincias integrantes del Ente.

Las decisiones del Consejo serán tomadas por simple mayoría, teniendo cada representante un (1) voto.

ARTÍCULO 77.- Son funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos las siguientes:

i. Establecer y presentar en forma anual ante las Comisiones de Energía y Combustibles de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, los lineamientos de la política nacional de hidrocarburos, con metas anuales y plurianuales. Los lineamientos y metas deberán ser aprobados por el Plenario de ambas cámaras.

ii. Promover la actuación coordinada y homogénea del Estado Nacional, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

iii. Expedirse en forma no vinculante sobre toda otra cuestión vinculada al cumplimiento de los objetivos de la presente ley y a la fijación de la política hidrocarburífera de la República Argentina como órgano consultivo de la Secretaría de Energía de la Nación.

iv. Analizar y aprobar un cuaderno de normas técnicas y de procedimientos administrativos uniformes que será elaborado por la Agencia Federal de Hidrocarburos.

ARTÍCULO 78.- El Consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y será representado por su presidente. Dictará su propio reglamento de funcionamiento.

Capítulo IV De la Agencia Federal de Hidrocarburos ARTÍCULO 79.- Créase la Agencia Federal de Hidrocarburos, en el ámbito de la Secretaría de Energía de la Nación.

ARTÍCULO 80.- La Agencia tendrá por objeto asesorar, efectuar análisis técnico, controlar y fiscalizar las actividades económicas integrantes de la industria del petróleo y del gas natural, sirviendo como organismo técnico de apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación y de las provincias que lo soliciten.

ARTÍCULO 81.- La Agencia tendrá las funciones y facultades que se enumeran a continuación:

i. Monitorear y velar por la protección de los intereses de los consumidores, de la competencia e incentivar la transparencia de los mercados de hidrocarburos en la Argentina.

ii. Dictar las reglamentaciones técnicas referidas a la actividad de exploración, explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos y de transporte de hidrocarburos líquidos, incluyendo las de seguridad y las de preservación ambiental, que serán aplicables en forma obligatoria y homogénea en todas las jurisdicciones.

iii. Reglamentar el procedimiento para el cálculo y liquidación de las regalías.

iv. Asistir técnicamente a la Secretaría de Energía, a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ejercicio de las facultades y obligaciones como Autoridades Concedentes y de Contralor, cuando las mismas así lo requieran.

v. Disponer la realización de auditorías periódicas integrales e independientes de los permisos de exploración otorgados, de los yacimientos de explotación concesionados, de los yacimientos contratados bajo el régimen de participación en la producción y de sus reservas de hidrocarburos en todas sus categorías. Los resultados de las auditorías serán de acceso público permanente a través de la página de internet de la Agencia.

vi. Entender y laudar cuando dos (2) o más Provincias lo soliciten en todo lo atinente a diferendos técnicos vinculados a la aplicación de esta ley, así como en relación con la explotación de yacimientos compartidos entre dos (2) o más Provincias.

vii. Disponer y uniformar la recopilación de información estadística relativa a la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos. Elaborar, ordenar y publicar dicha información así como también la relativa a los precios de referencia para la liquidación de regalías.

viii. Informar los resultados de su gestión.

ix. Someter anualmente al Honorable Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional y al Consejo Federal de Hidrocarburos, un informe anual sobre el grado de cumplimiento de las metas nacionales establecidas por la Secretaría de Energía y el Consejo Federal de Hidrocarburos del plan estratégico hidrocarburífero nacional, por provincia.

x. Asistir al Poder Judicial de la Nación y a los de las Provincias, a requerimiento del juez actuante, como perito o asesor técnico, en toda controversia o situación suscitada con motivo del cumplimiento, aplicación e interpretación de la presente ley, su reglamentación o del cualquier otra norma referida al régimen de hidrocarburos nacional.

xi. Asistir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al Ente Nacional Regulador del Gas y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, o a los organismos que los reemplacen en el futuro, como perito o asesor técnico, en toda controversia o situación suscitada con motivo del funcionamiento del mercado de hidrocarburos nacional.

xii. Mantener y operar un Registro Único de Empresas Petroleras.

xiii. Dictar normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte locales con el sistema de transporte de hidrocarburos de jurisdicción nacional.

xiv. Dictar las normas aplicables al abandono de pozos, con cierres definitivos y los plazos respectivos.

xv. Llevar un registro con el inventario actualizado por jurisdicción de los recursos hidrocarburíferos, en la categoría de reservas probadas y posibles de los yacimientos. Dicha información será de carácter público.

xvi. Desarrollar todas las actividades no contempladas en el presente artículo que le sean delegadas por las respectivas Autoridades de Contralor.

xvii. Proponer al Consejo Federal de Hidrocarburos un cuaderno de normas técnicas y procedimientos administrativos uniformes para el uso por parte del conjunto de las autoridades concedentes provinciales y nacionales.

xviii. Realizar todo acto no contemplado precedentemente que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley.

ARTÍCULO 82.- La Agencia será dirigida y administrada por un Directorio integrado por cinco (5) miembros, de los cuales uno será su presidente, otro su vicepresidente y los restantes vocales.

ARTÍCULO 83.- Los miembros del Directorio serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales comprobables en la materia y designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos (2) de ellos a propuesta del Consejo Federal de Hidrocarburos. Serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes.

Sus mandatos durarán cinco (5) años y podrán ser renovados en forma indefinida.

El presidente del Directorio ejercerá la representación legal de la Agencia y en caso de impedimento o ausencia transitoria será reemplazado por el vicepresidente.

El Directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los cuales será el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente, o quien lo reemplace, tendrá doble voto en caso de empate.

ARTÍCULO 84.- Los miembros del Directorio tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional. Deberán ejercer su función en forma personal, no podrán delegar sus funciones en ningún otro miembro del Directorio.

ARTÍCULO 85.- Los miembros del Directorio no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas como actores del mercado de hidrocarburos.

Si los tuviera podrá vender sus participaciones y no podrá volver a comprarlas o volver a la actividad comercial en el sector por al menos dos (2) años desde el cese de su mandato.

TÍTULO VII PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA NO CONVENCIONAL ARTÍCULO 86.- El presente titulo tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad hidrocarburífera no convencional en la República Argentina, de acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 87.- Los proyectos de exploración y explotación en yacimientos o reservorios no convencionales deberán realizar una evaluación de impacto ambiental, previa a su ejecución.

La evaluación de impacto ambiental de las actividades de exploración y explotación de yacimientos no convencionales deberá al menos contener lo siguiente:

a) Declaración jurada sobre la no afectación de acuíferos, de fuentes de provisión de agua de pobladores, ni de actividades agrícolas.

b) Declaración jurada con la información del volumen estimado y la fuente de provisión de agua a utilizar durante las etapas de perforación y terminación de pozos, y acreditar la autorización de la autoridad competente para ese uso.

c) Autorización por parte de la autoridad competente vinculada al uso del agua de la correcta utilización de aquella y del vertido de efluentes.

d) Declaración jurada de la composición de los fluidos o sustancias químicas utilizadas en la perforación y estimulación de los pozos así como de las sustancias químicas utilizadas en la terminación del tipo de pozos estimulados con fractura hidráulica.

e) La ubicación, tamaño, forma, profundidad, características del tratamiento de impermeabilización utilizado, tiempo de operación y saneamiento para el abandono de las piletas de almacenamiento de agua para la terminación de pozos mediante estimulación o fractura hidráulica.

f) Descripción del sistema de tratamiento del agua de retorno (flowback) utilizada en la estimulación o fractura hidráulica del pozo.

g) La declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo por parte de la autoridad competente en materia ambiental de los estudios presentados.

La aprobación será considerada como permiso, en un todo de acuerdo con el artículo 6º de la ley Nº 25.688.

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar informes complementarios del riesgo ambiental.

ARTÍCULO 88.- Están comprendidas dentro del régimen establecido en la presente Ley todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados y descentralizados y las empresas del Estado Nacional, Provincial y Municipal que desarrollen actividades hidrocarburíferas en yacimientos o reservorios no convencionales.

ARTÍCULO 89.- Serán autoridades de aplicación para lo dispuesto en la presente Ley:

I) La autoridad que establezca cada provincia, cuando el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera no convencional a desarrollar no exceda los límites de su jurisdicción.

II) La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:

i. Cuando el impacto ambiental de la actividad a desarrollar exceda los límites de la jurisdicción provincial.

Cuando la actividad hidrocarburífera no convencional a desarrollar tenga carácter binacional. Cuando el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera no convencional a desarrollar afecte áreas protegidas declaradas por ley nacional. Cuando el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera a desarrollar afecte las áreas del mar territorial sujetas a jurisdicción nacional. ARTÍCULO 90.- A los efectos de la presente Ley, se entiende por:

Reservorios o yacimientos convencionales, a las formaciones que producen gas y/o petróleo, a partir de areniscas, carbonatos u otras litologías, que contienen gas y/o petróleo en espacios con poros interconectados que permiten el flujo hacia el pozo.

Reservorios o yacimientos no convencionales, a las formaciones de baja porosidad y escasa permeabilidad, tales como areniscas compactas, carbonatos, carbón, arcilla, esquisto (shale) u otras litologías con similares características, que producen gas y/o petróleo.

Pozos convencionales, a las perforaciones que se realizan en los reservorios convencionales. Estos pozos, en algunos casos, pueden ser estimulados para mejorar la permeabilidad y la producción.

Pozos no convencionales, a las perforaciones que se realizan en los reservorios no convencionales. En estos pozos, de tipo vertical y/u horizontal, es necesario realizar estimulaciones o fracturas hidráulicas a fin de mejorar la permeabilidad y transmisibilidad de los fluidos.

Agua de retorno (flowback): es el fluido que se genera producto de la estimulación hidráulica de un pozo y retorna total o parcialmente a la superficie.

ARTÍCULO 91.- Cualquier modificación que el permisionario, concesionario y/u operador deba efectuar de manera posterior a la declaración de impacto ambiental deberá ser presentada a la autoridad de aplicación y cumplimentar el trámite establecido para la evaluación de impacto ambiental determinada por el artículo 87 de la presente Ley.

ARTÍCULO 92.- El permisionario, concesionario y/u operador que considere conveniente transformar un pozo convencional en no convencional deberá presentar una adenda a la evaluación de impacto ambiental ya realizada, debiendo cumplir con las previsiones que establezca la autoridad de aplicación ambiental.

ARTÍCULO 93.- Las estimaciones presentadas en la declaración jurada por parte de los permisionarios, concesionarios y/u operadores del volumen estimado y la fuente de provisión de agua a utilizar, durante las etapas de perforación y terminación de pozos establecidas en el artículo 87, inciso b de la presente Ley, deberán ser actualizadas y presentadas en forma periódica según la frecuencia determinada por la autoridad competente.

ARTÍCULO 94.- El uso de las aguas para las diversas tareas de perforación y terminación de pozos no convencionales deberá regirse por lo dispuesto en la ley Nº 25.688, su reglamentación, y las normativas provinciales correspondientes, sujeto a las restricciones del artículo 89 de la presente ley.

ARTÍCULO 95.- La autoridad competente elaborará un ranking de preferencia en el uso del agua para la actividad hidrocarburífera no convencional, que deberá ser refrendado en todos los permisos de exploración y contratos de concesión de explotación de hidrocarburos no convencionales.

Dicho ranking incluirá el uso de aguas residuales de otras instalaciones industriales o del uso humano, las de retorno debidamente tratadas según la normativa específica, en caso de ser ello técnicamente posible, seguidas en caso de carencia o imposibilidad de uso de las anteriores de fuentes de aguas de mejores condiciones de potabilización.

ARTÍCULO 96.- Prohíbase durante las etapas de perforación y terminación de pozos no convencionales la utilización del agua subterránea con aptitud para satisfacer el abastecimiento a poblaciones y la irrigación de suelos.

En casos de emergencia climática, determinada por la autoridad competente, esta última podrá prohibir o restringir temporalmente el uso de aguas aptas para consumo humano en cualquier etapa de la exploración y/o explotación no convencional hasta el cese de dicha circunstancia excepcional, sin derecho a reclamos de daños y perjuicios por parte de los permisionarios y/o concesionarios.

La interpretación sobre el alcance de esta prohibición o restricción estará a cargo de la autoridad provincial encargada de administrar el recurso hídrico y de acuerdo al orden de prioridades establecido en la legislación local. El uso de agua superficial en esas etapas estará sujeto a la previa concesión del recurso por ley, que establecerá el plazo de las mismas y el canon que deberá abonarse. El control de lo previsto en este artículo estará a cargo de la autoridad encargada de administrar el recurso hídrico en cada provincia.

ARTÍCULO 97.- El agua de retorno deberá ser sometida en su totalidad a un tratamiento que garantice su encuadre en lo relativo al vertido por lo establecido en la ley Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario Nº 831/93, para las siguientes alternativas de reutilización y disposición:

Reutilización en la industria hidrocarburífera. Reutilización en riego asociado a un proyecto productivo o de recomposición ambiental del área intervenida, con la autorización de la autoridad competente. Disposición final en pozo sumidero, conforme lo que se prevea en la reglamentación. ARTÍCULO 98.- El agua de retorno, cualquiera sea su estado o encuadramiento permisible dentro de las normativas vigentes, no podrá ser vertida sobre cuerpos de aguas superficiales, bajo ninguna condición. Tampoco podrá ser almacenada previa y durante su tratamiento en receptáculos a cielo abierto.

ARTÍCULO 99.- Las piletas de almacenamiento de agua para la terminación de pozos mediante estimulación o fractura hidráulica deberán ser impermeabilizadas o tratadas con el medio más idóneo que esté disponible para tal objetivo.

En ningún caso, las piletas podrán ser utilizadas para residuos de perforación, de agua de retorno y/o de terminación de pozos.

ARTÍCULO 100.- Los pozos no convencionales deberán ser aislados respecto de los acuíferos subterráneos con la tecnología disponible más adecuada, aprobada por la autoridad competente.

Cualquier falla de aislación deberá ser inmediatamente notificada en forma fehaciente a la autoridad competente y remediada a la brevedad posible.

La autoridad de aplicación establecerá los requisitos específicos de composición, características físicas y profundidad relativa a las napas de agua potable para la cementación y el encamisado de pozos no convencionales.

ARTÍCULO 101.- El permisionario, concesionario y/u operador deberá presentar a la autoridad ambiental que corresponda los análisis físico-químicos de las aguas de retorno, a efectos de que ésta tome conocimiento de la cantidad y calidad de las mismas.

La presentación de los análisis deberá hacerse periódicamente mientras permanezca el retorno y conforme lo establezca la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación realizará análisis físico-químicos de las aguas de retorno cuando lo considere necesario.

ARTÍCULO 102.- El permisionario, concesionario y/u operador deberá minimizar los desarrollos en cercanías de superficiarios. Si no fuera posible evitarlo se deberán minimizar los ruidos generados por las operaciones de perforación a los niveles máximos permitidos por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación podrá declarar áreas y radios mínimos de exclusión de la actividad hidrocarburífera no convencional en función de la existencia de centros urbanos, poblaciones, establecimientos industriales o agrícolas, u otras actividades y recursos susceptibles de ser afectados negativamente por la misma. En forma previa a la declaración, la autoridad de aplicación someterá el caso a una audiencia pública, bajo los mecanismos establecidos en el artículo 20 de la Ley N° 25.675.

ARTÍCULO 103.- El permisionario, concesionario y/u operador deberá presentar semestralmente ante la autoridad de aplicación en materia energética la planificación de las perforaciones no convencionales de cada yacimiento.

ARTÍCULO 104.- La autoridad de aplicación realizará al menos una auditoría ambiental sobre cada reservorio o yacimiento no convencional en actividad de exploración y/o explotación.

Las auditorías contemplarán, como mínimo:

a) Volumen y fuente del agua utilizada.

b) Análisis físico-químico de los fluidos utilizados en la terminación de pozos con estimulación o fractura hidráulica.

c) Análisis físico-químico del fluido de retorno.

d) Integridad de los medios de almacenamiento del agua de retorno.

e) Integridad y profundidad relativa a las napas de agua potable del encamisado y la cementación de los pozos no convencionales.

En caso de verificarse la no conformidad de los resultados de la auditoría con la normativa vigente, la autoridad de aplicación determinará las sanciones a aplicarse al permisionario, concesionario y/u operador.

ARTÍCULO 105.- Las evaluaciones de impacto ambiental, los análisis de riesgo ambiental y las auditorías ambientales previstas en esta ley serán realizados por personas físicas o jurídicas independientes del titular del proyecto, y debidamente habilitadas al efecto por la autoridad de aplicación e inscriptas previamente en un registro de carácter nacional.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo que en el futuro la reemplace pondrá en funcionamiento un registro de consultores en estudios de impacto ambiental para la explotación no convencional, en el que se inscribirán las personas físicas o jurídicas que vayan a prestar sus servicios profesionales en cualesquiera de las disciplinas atinentes para la realización de dichos estudios, y determinará los requisitos de idoneidad científica y técnica, y los procedimientos que se deberán satisfacer para su habilitación.

ARTÍCULO 106.- En caso de verificarse daño ambiental, y que el mismo guarde relación de causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en las evaluaciones de impacto ambiental, análisis de riesgo ambiental y auditorías ambientales, que sea imputables a los consultores que hayan suscripto los mencionados estudios, éstos serán suspendidos del registro nacional y sancionados según lo establecido por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 107.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todos los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental, se regirán por las disposiciones de los artículos 27 y subsiguientes de la ley Nº 25.675 y normas complementarias.

ARTÍCULO 108.- Créase la Comisión Asesora para el Desarrollo Sostenible de la Actividad Hidrocarburífera No Convencional en el ámbito de Agencia Federal de Hidrocarburos. El objetivo de esta comisión será el de realizar recomendaciones a los cuerpos gubernamentales correspondientes sobre la adecuación y/o actualización y/o introducción de nueva normativa respecto de la actividad hidrocarburífera no convencional. Estará conformada por 5 (cinco) miembros: un (1) miembro representante de la Secretaría de Energía de la Nación, un (1) miembro representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un (1) miembro representante del Consejo Federal de Hidrocarburos, un (1) miembro representante de organizaciones no gubernamentales ambientalistas, un (1) miembro representante del sector académico, con probada idoneidad en la investigación en energía y ambiente.

La reglamentación de esta ley establece el modo de seleccionar a los representantes de cada sector.

TÍTULO VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTÍCULO 109.- La presente ley resulta de aplicación sin excepción a todos los permisos de exploración y concesiones de explotación y transporte suscriptos con anterioridad a la promulgación de esta normativa, de conformidad a lo establecido por la ley 17.319 y concordantes, sin que ello afecte los derechos adquiridos por sus titulares y con la única excepción de lo dispuesto en el artículo 9°. Asimismo resultará de aplicación para todos los permisos y concesiones que se otorguen en el futuro.

ARTÍCULO 110.- Derogase la ley N° 17.319.

ARTÍCULO 111º.- Derogase todo otra toda norma que se oponga a la presente ley.

ARTÍCULO 112º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I

I) DEFINICIONES Y CLASIFICACION DE RESERVAS Y RECURSOS:

1. RESERVAS:

Son aquellos volúmenes estimados de hidrocarburos líquidos y gaseosos (petróleo crudo, condensado o gasolina natural, gas natural, líquidos provenientes del gas natural y sustancias asociadas), que se anticipa podrán ser comercialmente recuperados en un futuro definido de reservorios conocidos, bajo las condiciones económicas, el régimen legal y las prácticas de producción imperantes a la fecha de esa estimación.

En relación a las prácticas de producción, sólo serán considerados en las definiciones y posterior clasificación, aquellos hidrocarburos líquidos o gaseosos normalmente producidos a través de pozos y con viscosidad no superior a DIEZ MIL (10.000) centipoises en las condiciones de presión y temperatura originales del yacimiento.

Las reservas no incluyen los volúmenes de hidrocarburos líquidos o gaseosos mantenidos en inventarios, y si fuera necesario pueden reducirse para uso o pérdidas de procesamiento para los informes financieros.

Las reservas pueden ser producidas por energía natural del reservorio o por la aplicación de métodos de recuperación mejorada. Los métodos de recuperación mejorada incluyen a todos los métodos que suministran energía adicional a la energía natural o alteran las fuerzas naturales en el reservorio para incrementar la recuperación final.

2. RESERVAS COMPROBADAS:

Las RESERVAS COMPROBADAS o PROBADAS son aquellas reservas de hidrocarburos que de acuerdo al análisis de datos geológicos y de ingeniería, pueden ser estimadas con razonable certeza sobre la base de ser comercialmente recuperables de reservorios conocidos, a partir de una fecha dada.

La estimación de las reservas se efectúa bajo condiciones de incertidumbre.

El método de estimación es llamado determinístico si se obtiene un solo valor de reservas basado en el conocimiento geológico y de ingeniería y datos económicos.

Con el término “razonable certeza”, se intenta expresar el alto grado de confiabilidad que tienen los volúmenes a ser recuperados si se usa el método determinístico.

Cuando son empleados métodos de estimación probabilísticos, donde el conocimiento geológico y de ingeniería y los datos económicos son usados para generar un rango de estimaciones de reservas y sus probabilidades asociadas, debe haber por lo menos un noventa por ciento (90%) de probabilidades de que las cantidades a ser recuperadas igualarán o excederán la estimación.

Las reservas se consideraran comprobadas cuando la productividad comercial del reservorio se apoye en ensayos de producción real o pruebas de la formación. En este contexto, el término “comprobadas” se refiere a las cantidades reales de reservas de hidrocarburos y no sólo a la productividad del pozo o del reservorio.

Las reservas pueden ser clasificadas como comprobadas si los medios para procesar y transportar las reservas para ser comercializadas están en operación a la fecha de evaluación, o si existe una razonable expectativa que dichos medios serán instalados en un futuro inmediato.

El establecimiento de condiciones económicas actuales debe incluir precios históricos del petróleo y los costos asociados, y pueden involucrar un promedio para determinado período que debe ser consistente con el propósito del estimado de reservas, obligaciones contractuales, procedimientos corporativos y regulaciones existentes a la fecha de certificación de las reservas.

Las RESERVAS COMPROBADAS pueden ser clasificadas en: DESARROLLADAS y NO DESARROLLADAS.

3. RESERVAS COMPROBADAS DESARROLLADAS:

Son las reservas comprobadas que se estima podrán ser producidas mediante la existencia a la fecha de su evaluación de:

a) Pozos perforados.

b) Instalaciones y métodos de operación en funcionamiento.

c) Métodos de recuperación mejorada, siempre que el correspondiente proyecto de recuperación mejorada esté instalado y en operación.

4. RESERVAS COMPROBADAS NO DESARROLLADAS:

Son las reservas comprobadas que se estima podrán ser producidas, mediante:

a) Pozos a ser perforados en el futuro en áreas comprobadas.

b) Profundización de pozos existentes a otros reservorios comprobados.

c) Intervención de pozos existentes o la instalación de medios de transporte, que impliquen grandes costos o inversiones.

d) Apertura de niveles colaterales comprobados en pozos ya existentes.

e) Un proyecto de recuperación mejorada al que se asigne un alto grado de certeza, o que esté operando favorablemente en un área cercana con similares propiedades petrofísicas y de fluidos, que proporcionen soporte para el análisis sobre el cual está basado el proyecto y es razonablemente cierto que el mismo será ejecutado.

5. RESERVAS NO COMPROBADAS:

LAS RESERVAS NO COMPROBADAS son aquellas basadas en datos geológicos y de ingeniería disponibles, similares a los usados en la estimación de las reservas comprobadas, pero las mayores incertidumbres técnicas, contractuales, económicas o de regulación, hacen que estas reservas no sean clasificadas como comprobadas.

LAS RESERVAS NO COMPROBADAS pueden estimarse asumiendo condiciones económicas futuras diferentes de aquéllas prevalecientes en el momento de la estimación. El efecto de posibles mejoras futuras en las condiciones económicas y los desarrollos tecnológicos puede ser expresado asignando cantidades apropiadas de reservas a las categorías “PROBABLES” y “POSIBLES”.

Las RESERVAS NO COMPROBADAS pueden ser clasificadas en: RESERVAS PROBABLES y RESERVAS POSIBLES.

En virtud de los diferentes niveles de incertidumbre, las reservas NO COMPROBADAS no deben ser sumadas directamente a las RESERVAS COMPROBADAS. El agregado de diferentes clases de reservas es sólo aceptable cuando cada categoría de reservas ha sido apropiadamente descontada para los diferentes niveles de incertidumbre.

6. RESERVAS PROBABLES:

Las RESERVAS PROBABLES son aquellas RESERVAS NO COMPROBADAS que sobre la base del análisis de los datos geológicos y de ingeniería, sugieren que son menos ciertas que las RESERVAS COMPROBADAS, y que es más probable que sean producidas a que no lo sean.

En este contexto, cuando se han utilizado procedimientos probabilísticos, el término “probable” implica que debe haber por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de probabilidad que la recuperación final igualará o excederá la suma de las RESERVAS COMPROBADAS más las RESERVAS PROBABLES.

Por lo tanto, se entiende que las RESERVAS PROBABLES están comprendidas dentro del rango de probabilidades del cincuenta por ciento (50%) al noventa por ciento (90%).

7. RESERVAS POSIBLES:

Las RESERVAS POSIBLES son aquellas RESERVAS NO COMPROBADAS que del análisis de los datos geológicos y de ingeniería sugieren que son menos factibles de ser comercialmente recuperables que las RESERVAS PROBABLES.

En este contexto, cuando se han utilizado procedimientos probabilísticos, el término “posible” implica que debe haber por lo menos el diez por ciento (10%) de probabilidad que la recuperación final igualará o excederá la suma de las RESERVAS COMPROBADAS más las RESERVAS PROBABLES más las RESERVAS POSIBLES.

Por lo tanto, se entiende que las RESERVAS POSIBLES están comprendidas dentro del rango de probabilidades del diez por ciento (10%) al cincuenta por ciento (50%)

8. RECURSOS:

RECURSOS son todas las cantidades estimadas de hidrocarburos líquidos o gaseosos o de ambos, contenidos naturalmente en los reservorios y que pueden ser recuperados y utilizados bajo las condiciones tecnológicas existentes en el momento de la evaluación.

Por lo tanto, para ser considerados, es un requisito que no exista en el momento del análisis viabilidad económica o comercialidad de la explotación. De tal forma, los hidrocarburos considerados no recuperables por ser su producción antieconómica o por falta de mercado, son RECURSOS.

En el futuro, estos RECURSOS pueden volverse recuperables si las circunstancias económicas y/ o comerciales cambian, o si se producen desarrollos tecnológicos apropiados, o son adquiridos datos adicionales.

Fundamentos

La Argentina enfrenta grandes desafíos y a la vez enormes oportunidades en materia energética. En este contexto, entendemos que la política energética nacional debe tener como prioridad promover el desarrollo del sector hidrocarburífero como insumo clave del desarrollo económico sustentable con equidad social, promoviendo el autoabastecimiento nacional, el uso racional de la energía y la protección del medio ambiente.

El presente proyecto de ley tiene como objetivo establecer un único régimen legal nacional que regirá la exploración, explotación, transporte de los hidrocarburos líquidos y gaseosos que se hallaren en yacimientos situados en todo el territorio argentino y en su plataforma continental, respetando el dominio y los derechos de las provincias establecidos en nuestra Constitucional Nacional. Con este fin busca ordenar el marco normativo existente, pero también avanzar sobre algunos aspectos aún no legislados en materia de desarrollo del sector hidrocarburífero argentino.

Este proyecto busca conservar los pilares y la esencia de la ley Nº 17.319 del año 1967, que en sus cuarenta y cinco (45) años de vigencia ha probado ser un instrumento jurídico eficiente. Sin embargo, el cambio en el dominio de los hidrocarburos, instituido por la reforma constitucional de 1994 y las consiguientes leyes y reglamentos, como la Ley de Federalización de hidrocarburos (Nº 24.145) que transfiere el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias; y la Ley Nº 26.197 conocida como “Ley Corta”, que establece el pleno ejercicio del dominio originario de las Provincias sobre sus recursos naturales y reservó para la Nación la facultad de reglamentar las actividades de explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos y fijar la política nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación, hacen necesaria una adecuación y actualización de la normativa central. Aparecen, además, otras situaciones novedosas que deben ser incorporadas: la necesidad de una mayor coordinación entre las diversas autoridades de aplicación provinciales, y la necesidad de mayor control y monitoreo ambiental de la actividad, principalmente en lo relacionado a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.

La diversidad de proyectos de reforma de la ley Nº17.319 que han sido presentados en el Congreso de la Nación abona esta posición. La mayoría de ellos mantiene las normas que hacen al corazón de la ley. En particular, la ley es y debe seguir siendo una ley eminentemente minera, regulando la exploración, la explotación y el transporte de hidrocarburos (1ra. Categoría artículo 3º del Código de Minería) y sus aspectos vinculados, a saber: impuestos, canon, regalías, nulidades, caducidades y sanciones.

Como señala Nicolás Gadano en su libro Historia del Petróleo en la Argentina[1], la actividad hidrocarburífera comenzó a desarrollarse en la Argentina a fines del siglo XIX, cuando surgieron numerosos emprendimientos privados, que se desarrollaron con fines comerciales sin una legislación específica que regulara la actividad de extracción de hidrocarburos. En ese entonces, la norma que regía la actividad era el código de minería, sancionado en 1866, que en su apéndice establecía el régimen legal de las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos. A partir de 1907, el Estado argentino comenzó a perforar regularmente el subsuelo, desarrollando una explotación petrolera propia pese a la prohibición explícita de Código de Minería. Eso motivó la presentación de decretos y leyes (como la ley Nº 7.059 sancionada en el año 1910), que buscaban habilitar la explotación de hidrocarburos por parte del Estado, pero sin avanzar en una normativa central. Es en este contexto en el que nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sin una legislación que le diese respaldo. Fue recién en el año 1935 cuando mediante la sanción de la ley 12.161 se reforma el código de minería y se establece un régimen para la exploración y explotación de hidrocarburos. La ley contenía el dominio compartido de los yacimientos de la Nación y las provincias en función de la localización y la explotación pública, privada o mixta. En el año 1958 se sanciona la ley 14.773, que determina que los yacimientos son bienes exclusivos del Estado Nacional y pone todas las actividades relacionadas a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Yacimientos Carboníferos Fiscales, respetando los derechos preexistentes de los privados, pero prohibiendo el otorgamiento de nuevas concesiones.

Recién en el año 1965, durante el gobierno de Onganía, se modifica la ley Nº 14.773, hecha por Frondizi y se la cambia por la ley Nº 17.319. La ley mantuvo el mismo principio de la propiedad del petróleo, el cual debía ser entregado directamente a YPF. Pero se eliminó el monopolio de YPF, y se anuló el artículo 4º de dicha ley, que prohibía entregar nuevas concesiones. La ley 17.319 continúa vigente, aunque hasta la fecha ya fue modificada y/o complementada por 220 normas.

El proyecto de ley que estamos presentando persigue adecuar la norma general a la nueva realidad hidrocarburífera de nuestro país. Incorpora como novedad la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, tomando algunos aspectos del proyecto presentado por el PEN, en cumplimiento del artículo 5º de la ley Nº 24.145, y que recibió aprobación del Senado de la Nación en 1996, con modificaciones.

Este Consejo Federal de Hidrocarburos, que en su momento concitó la aceptación del gobierno nacional y de las provincias, a través de su Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, está incorporado en este proyecto, con funciones bien determinadas y conformación representativa de las provincias con actividad petrolera y la Nación.

En este proyecto se incorpora también la creación de la Agencia Federal de Hidrocarburos, con un rol eminentemente técnico, de asesoramiento, control y fiscalización de las actividades que integran la industria del petróleo y gas, sirviendo como organismo técnico de apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación y de las provincias.

Siendo el principio rector en el dictado de leyes mineras el de “no alterar las jurisdicciones locales” (Constitución Nacional artículo 75, inciso 12), esta ley no puede ni pretende avanzar sobre los procedimientos administrativos y de contratación de las provincias. El artículo 45 y siguientes de la ley Nº 17.319 resultó válido en el contexto del dominio nacional de los hidrocarburos. Es inconducente legislar sobre licitaciones, concursos, pliegos para otorgar permisos y concesiones sobre áreas del dominio provincial. Un avance sobre los poderes no delegados (artículo 121 de la Constitución Nacional) requerirá la aprobación de las provincias. Sin embargo, está en el espíritu y en la letra de esta norma la idea de una colaboración y coordinación de las diversas jurisdicciones respecto de la estandarización de los procedimientos administrativos por medio de la Agencia Federal de Hidrocarburos.

El presente proyecto excluye las actividades de industrialización y comercialización de hidrocarburos por considerarse que aquellas son actividades ajenas a una ley minera. La ley Nº 17.319 solo las menciona en sus artículos 2º y 6º, desprovistas de toda regulación en su articulado.

La industrialización carece de reglamentación específica. Sólo encontramos la ley Nº 13.660 de seguridad de las instalaciones ante el carácter riesgoso de la actividad. La instalación de establecimientos de refinación, acondicionamiento y tratamiento de hidrocarburos es materia de regulación local dentro del ámbito de la seguridad de la población y de la protección ambiental.

Por último, otra de las innovaciones incorporadas al presente proyecto, en línea con el objetivo de política energética antes mencionado, es la incorporación de presupuestos mínimos ambientales para la explotación de recursos no convencionales. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo… Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.”

Según estimaciones de US Energy Information Administration (EIA)[2], la Argentina contaría con recursos técnicamente recuperables de 27 mil millones de barriles de shale oil y de 802 TCF (22.710 mil millones de metros cúbicos) de shale gas. Actualmente, no existe regulación específica ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a nivel nacional. Se necesitan cambios legales, institucionales y regulatorios a nivel nacional, que establezcan en todo el país una base regulatoria homogénea en materia ambiental. El desarrollo de la explotación no convencional, en un marco de protección al medio ambiente, constituye una oportunidad para que nuestro país comience a revertir la tendencia declinante que ha mostrado el sector energético en los últimos años.

Uno de los principales objetivos de la normativa propuesta es la de conciliar las necesidades de utilización de agua para uso humano y agropecuario con las explotaciones no convencionales. Para ello se plantean disposiciones que regulan la protección de acuíferos, el uso específico del agua y su tratamiento en este tipo de explotaciones.

En resumen, un principio inmanente de la seguridad jurídica es el respeto y la permanencia de las normas regulatorias. La ley Nº 17.319 cumplió con eficacia los objetivos y políticas que se propusieron los sucesivos gobiernos a lo largo de su vigencia, por lo que la necesidad de su reforma está vinculada fundamentalmente a la realización de actualizaciones e incorporaciones que permitan adecuar la legislación a los sucesivos avances normativos y también de carácter tecnológico para poder enfrentar con éxito los desafíos que nos plantea el Siglo XXI en materia energética.

Estamos convencidos de que esta normativa dotará a la Argentina de un instrumento moderno que le permitirá, con políticas adecuadas, alcanzar el autoabastecimiento, conciliando el desarrollo de nuestro potencial hidrocarburífero con la obligación de proteger el medio ambiente para nosotros, para nuestro hijos y para las generaciones venideras.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que acompañen este proyecto.

[1] Nicolás Gadano, Historia del Petróleo en la Argentina, 1907-1955: Desde los inicios hasta la caída de Perón. Buenos Aires. Edhasa, 2006.

[2] Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, US Energy Information Administration (EIA), US Departament of

Energy, junio 2013.