Ante los sucesos acaecidos en la ciudad de Córdoba y el reciente acuartelamiento de la policía de La Rioja, el diputado nacional Julio Martínez (UCR) reclamó la convocatoria a sesiones extraordinarias para el “urgente tratamiento” de sus proyectos de ley de agremiación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Cabe recordar al respecto que el período ordinario de sesiones del Congreso concluye el 9 de diciembre. La actividad legislativa se reanudará recién el 1 de marzo de 2014, a menos que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para tratar un tema en particular.

“Hace tiempo venimos alertando sobre los problemas salariales de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales y trabajando para solucionarlos mediante un abordaje integral de los mismos”, manifestó Martínez, en alusión al acuartelamiento de las policías cordobesa y riojana.

Y señaló que las iniciativas que presentó junto a su colega Inés Brizuela y Doria plantean “el reconocimiento con fuerza de ley, para todo el personal de las fuerzas militares y de seguridad, de todos los derechos fundamentales y libertades públicas que gozan todos los ciudadanos, con las limitaciones propias de su función”.

“Los derechos incorporados, como la posibilidad de acceso al Defensor del Pueblo, promueven una auténtica ‘ciudadanización’ de nuestros oficiales y suboficiales, y en términos generales, no generan mayores debates”, agregó el legislador riojano.

Sin embargo, Martínez reconoció que “sí genera debate el derecho de asociación y sindicalización, donde algunos argumentan que dicha situación podría afectar la disciplina o la capacidad operativa de las fuerzas”.

No obstante, advirtió que “contrariamente a esta presunción, en los países donde las libertades ciudadanas de los militares y policías han sido respetadas autorizando el derecho de asociación para satisfacer reclamos salariales y/o sociales, las cadenas de mando se afirmaron y el nivel de adiestramiento y operatividad incrementó en comparación con países donde las fuerzas no se benefician con ese canal de dialogo”.

El diputado radical manifestó además que “los modelos de asociación militar y policial en desarrollo en Europa, forman parte del concepto igualitario del ciudadano militar o policial, representan un progreso social y profesional, y permiten la vigencia de efectivos mecanismos de reclamo para derechos básicos y fundamentales como el salario digno, salud, vivienda, retiros y pensiones”.

Y remarcó: “si pretendemos Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales con un rol moderno, contemporáneo, profesional y de cooperación, comprometidas con la Constitución Nacional y el Estado de derecho, debemos, como a tantos otros actores y sectores sociales, ampliarles sus derechos, permitiéndoles organizarse como asociación profesional de primer grado, para reivindicar todos sus derechos sin afectar sus obligaciones operacionales ni su misión principal”.

“Resultaría un paso importante, entonces, que el Gobierno nacional incluyera estos proyectos en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, y que la Legislatura de La Rioja y otras provincias hicieran lo propio, terminando con una política discriminatoria y absurda que cercena derechos y reivindicaciones legítimas del personal militar y policial”, concluyó Martínez.