Ante la extensión de los conflictos policiales a seis provincias, el diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) afirmó que “esta crisis no se revierte enviando la Gendarmería, sino tomando tres medidas de fondo: depurar las cúpulas ligadas a la corrupción y todo aquel policía de gatillo fácil, elegir los comisarios por voto popular y permitir la sindicalización de los agentes. Si los gobernantes se niegan a tomarlas es porque tienen complicidades que ocultar”.

Bodart, quien hace dos meses organizó una concurrida reunión de gendarmes y familiares en la Legislatura porteña, agregó: “Para que haya seguridad la policía debe ser preventiva, no represiva del reclamo social y democratizada con control vecinal. Para combatir el narcotráfico hay que reenviar la Gendarmería a las fronteras y poner las policías y la radarización bajo control democrático. A su vez, las policías municipales sólo sirven para feudalizar el delito y ser fuerzas de choque de los intendentes, como ocurre con la Metropolitana de Mauricio Macri.”

Por su parte, el presidente del bloque de diputados provinciales del FAP, Marcelo Díaz, anticipó que impulsará en la próxima sesión del cuerpo legislativo “dos iniciativas de ley en el marco de las políticas de Estado provincial necesarias, tendientes a contrarrestar situaciones de conflictividad social como ocurriera recientemente en la provincia de Córdoba, y/o que afectan al control ciudadano desbordado y sospechado”. Se trata de la sindicalización de las fuerzas de seguridad, y la creación de la figura del procurador penitenciario.

Díaz propone “el derecho a agruparse en una asociación sindical a los agentes públicos en relación de dependencia de las policías de la Provincia, así como del Servicio Penitenciario Provincial para la defensa de sus intereses profesionales, a afiliarse a las mismas y a participar activamente en su organización, pudiendo discutir paritarias, entre otras cuestiones y conforme a los términos de las leyes vigentes en la materia”.

Considera Díaz que dichos agentes públicos “se encuentran en una situación de inferioridad con los demás agentes de la administración colocándolos en situación de vulnerabilidad, no pudiendo, en ningún caso, ser objeto de discriminación”. Para Díaz “La libertad de organización sindical acordada a todo trabajador en el art. 14 bis de nuestra Constitución y el derecho colectivo a la agremiación cumple una imprescindible función en las sociedades democráticas, ya que se encarga de ordenar cualquier inequidad que pudiera existir en la relación laboral de la administración pública. Con lo cual, sucesos como los registrados recientemente en la Provincia de Córdoba, hubieran encontrado un ámbito natural de resolución”.

El legislador remarca que su iniciativa de ley “contempla que las asociaciones sindicales que se creen, en su accionar, estarán sujetos al principio de la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización en el marco del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto al derecho de negociación colectiva, en los términos de las leyes orgánicas de cada institución de seguridad y con adecuación a la especificidad de las funciones que desarrollan, pero prevé que “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario podrá ejercer el derecho de huelga ni acciones sustitutivas que alteren el funcionamiento de los servicios de seguridad que deben prestar en el ejercicio de las tareas y funciones que le son propias, ejerciendo las funciones, deberes y obligaciones establecidas en las leyes respectivas”.

La otra iniciativa se refiere a la creación dentro del ámbito de la Policía de Buenos Aires del Procurador penitenciario, similar al Nacional, dependiente de la Legislatura, ejerciendo el control sobre el cumplimiento y ejecución de la pena en el servicio penitenciario provincial en cumplimiento con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los fallos de la Corte”. Entiende el legislador del FAP que “no puede ser que el Poder Ejecutivo sea quien controle un mismo acto que el lleva adelante, ni el Poder Judicial que debe controlar el cumplimiento y ejecución de la pena, debiendo depender de otro poder, en este caso el Legislativo”.

Por último el proyecto impulsado por Dìaz “faculta al Procurador a ejercer el control de los fondos asignados presupuestariamente, como forma de lograr la debida transparencia, dando por terminado con los reiterados casos de denuncias de corrupción como hechos frecuentes”.