El diputado Julio Martínez pidió que se incluya el tema en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, pero también en las legislaturas provinciales; cruzó al jefe de Gabinete y negó que la Constitución impida la sindicalización de los oficiales.
El diputado radical Julio Martínez se refirió al rechazo del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a la sindicalización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y aseguró que “la Constitución Nacional no impide la agremiación de los uniformados y tampoco lo prohíbe la ley”.
En relación a los reclamos salariales y al acuartelamiento de varias policías provinciales, el ministro nacional manifestó que las fuerzas de seguridad “deben ser protectores de los ciudadanos y no promotores del caos”, al tiempo que agregó: “entiendo que no puede existir sindicalización para una persona que porta un arma”.
Sin embargo, Martínez aseguró que “la experiencia comparada demuestra otra cosa”. “En los países donde las libertades ciudadanas de los militares y policías han sido respetadas, autorizando el derecho de asociación para satisfacer reclamos salariales, las cadenas de mando se afirmaron y el nivel de adiestramiento y operatividad incrementó. Sería bueno que el ministro estudiara y se interiorizara”, sostuvo el riojano.
En tal sentido recordó que presentó un proyecto junto a la diputada Inés Brizuela y Doria para reconocer a militares y policías “los derechos fundamentales y libertades públicas que gozan todos los ciudadanos, con las limitaciones propias de su función”. “Se trata de encontrar un canal de diálogo permanente, que evite estos hechos lamentables, saqueos, vandalismo y muertes, que repudiamos”, precisó.
En consiguiente, Julio Martínez consideró que “resultaría un paso importante que el Gobierno nacional incluyera estos proyectos en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, y que en las Legislaturas provinciales se trate también el tema”. El pedido ya lo había efectuado la semana pasada, cuando estalló el conflicto con la policía cordobesa.
El diputado consideró que la situación de las policías es “una olla a presión: se les paga mal y en negro, no tienen el equipamiento necesario y cuando protestan son sancionados y dados de baja”. Por eso, estimó que “teniendo un representante que canalice institucionalmente sus inquietudes, la protesta se va a descomprimir”.
