En la reunión de la Comisión de Acuerdos, el oficialismo consiguió el dictamen favorable sobre una serie de pliegos cuestionados por la oposición a raíz de la “afinidad” de los candidatos con el Gobierno nacional.
El Frente para la Victoria en el Senado consiguió el dictamen favorable sobre los pliegos de diez conjueces para la Cámara de Casación Penal, que fueron rechazados por la oposición a raíz de la “afinidad” de los candidatos con el Gobierno nacional.
En efecto, algunos abogados defendieron a funcionarios de la administración kirchnerista. Es el caso de Carlos Alberto Oscar Cruz, quien respaldó legalmente a Felisa Miceli en la causa por el hallazgo de un bolso con dinero en el baño de su oficina.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Fernando D'Albora, quien tiene como antecedente haber sido defensor del juez Javier López Biscayart ante el Consejo de la Magistratura.
Otro de los futuros conjueces, Marcelo Roberto Boico, denunció en su momento al ministro de Educación porteño Esteban Bullrich por la implementación de una línea telefónica para denunciar actividades políticas en los colegios de la Ciudad.
Norberto Federico Frontini es otro de los nombres, quien tiene como antecedente haber sido asesor de Política Criminal del Ministerio de Justicia. A Raúl Ferreyra, en tanto, se lo recuerda defendiendo la re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner.
Otro caso es el de el constitucionalista Eduardo Barcesat, quien es abogado de la asociación Madres de Plaza de Mayo y se alineó durante los últimos tiempos con el Gobierno nacional.
Fueron aprobados también los pliegos de Marcelo Roberto Biugo -abogado del ministro Julio De Vido en la causa que le inició a la diputada Elisa Carrió por calumnias-, Claudio Marcelo Vázquez y Martín Ariel Magram, quien defendió a Rodolfo Stefanon, empleado del Gobierno que denunció haber sufrido el robo de viáticos destinados a una gira presidencial por Medio Oriente.
Cierra la lista Alan Iud, también abogado de Abuelas de Plaza de Mayo que intervino en la causa contra Ernestina Herrera de Noble en la causa que la investigaba por la identidad de sus hijos adoptivos.
“El Gobierno recurre a personas afines y no garantiza la idoneidad. Se rompe el principio de independencia, una característica fundamental del Poder Judicial”, lamentó Gerardo Morales (UCR-Jujuy).
El radical recordó entre otras cosas que Claudio Marcelo Vázquez fue “defensor de la democratización de la Justicia y de toda la reforma”, mientras que Eduardo Barcesat “milita en todos los medios del mundo K para ser el vocero del Gobierno, además de ser representante de las Madres de Plaza de Mayo”. También advirtió sobre la pertenencia de Marcelo Roberto Boico a la organización Justicia Legítima.
Su par Ernesto Sanz denunció que “esto forma parte de un plan para garantizar impunidad a funcionarios y perseguir a opositores”.
En tanto, Luis Juez (Fte. Cívico por Córdoba) consideró que “cuando se trata de jueces hay que buscar independencia, imparcialidad”, y agregó que “no hay otro argumento que el que exige la Constitución de examen de idoneidad, y eso no se ha cumplido”.
El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, desestimó las acusaciones: “Lo que estamos haciendo es cubrir las vacantes. No corresponde discriminar por pertenencia a Justicia Legítima o lo que sea; lo que tiene que hacer el juez cuando actúa es dejar de lado eso”, dijo.
En esa línea, indicó que “ningún abogado puede ser descalificado por haber defendido a alguien, no es un delito aberrante”.
El presidente de la Comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle, cerró el debate: “Todos los requisitos están siendo cumplidos”, sentenció, y añadió que “se está cumpliendo la ley, no se está violando el reglamento”.
