La diputada nacional Patricia De Ferrari informó que ha habido avances en la demanda presentada por originarios en la que se pide la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 23302 y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otras cuestiones, por ir en contra de lo establecido en la Constitución –art. 75° inc. 17- y en el Convenio 169 de la OIT.

“El kirchnerismo ha armado una estructura supuestamente tendiente a atender las necesidades de las comunidades originarias, pero que en los hechos choca de frente con los derechos que para ellos prevé nuestra Ley Suprema y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Tras la fachada de buscar organización, en la realidad intentan obligar a los originarios a que se empadronen para tener acceso a derechos adquiridos, desconociendo la normativa vigente. Por eso muchos diputados del bloque y la UCR como partido hemos acompañado desde hace meses este reclamo y la presentación judicial promovida por integrantes del Consejo Nacional de Política Indígena”, señaló De Ferrari.

“Esta semana la Justicia admitió la personería de los demandantes (negada por el INAI, en contra de la legislación vigente), la legitimidad de la jueza interviniente y se corrió traslado de la demanda por 60 días a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Asimismo, y puesto que en la misma se plantean cuestiones de constitucionalidad y de su control, podría haber dudas en cuanto al Juzgado sorteado pero también se declaró competente para dar curso a la causa, por lo que podemos decir que hubo avances que dan esperanza a los originarios, y que permitirán avanzar en su reconocimiento”, agregó la diputada.

En esta demanda se plantea -dijo la diputada- “el grave estado de incertidumbre que tienen los originarios al no poder ejercer sus derechos civiles, políticos, culturales, patrimoniales y los relacionados con sus derechos humanos fundamentales. Esto se da ante la falta de disposiciones precisas que determinen los alcances de dichos derechos, sumado a que el INAI en realidad no ayuda en la tarea de su reconocimiento sino que, por el contrario, sólo sirve para dividir a las comunidades y poner trabas burocráticas que impiden el acceso a los mismos. Por eso se cuestiona a ese instituto y se pide su inconstitucionalidad”, sentenció la diputada, quien agregó que “los problemas descriptos se profundizaron cuando, mediante la resolución N° 152 6-8-2004 del INAI se creó el Consejo de Participación Indígena que en realidad no es tal, sino sólo una fachada tras la cual quieren ocultar la falta de representación de las comunidades indígenas en las decisiones de dicho instituto”.