Tras aprobar el pliego de César Milani al frente del Ejército, el Frente para la Victoria en el Senado dio el visto bueno a una lista de diez conjueces que la oposición acusó de “afines” al Gobierno nacional.

La nómina propuesta por el Poder Ejecutivo obtuvo 39 votos a favor y 23 en contra, por parte de la UCR, el FAP y el Pro.

“Son todos del círculo del universo K”, resumió el jefe del bloque radical, Gerardo Morales. Del mismo modo, Adolfo Rodríguez Saá (peronismo opositor) sostuvo que “no es un problema de simpatía o antipatía, la calidad institucional requiere que se respeten las formas”.

“Para que el Poder Judicial funcione con independencia, los jueces deben ser designados correctamente”, dijo el puntano.

El presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, desestimó las acusaciones. “Hay una falsa visión de este tema, es una fantasía”, indicó, al aclarar que incluso en países como Estados Unidos, los jueces pueden elegirse por afiliación partidaria.

“El juez que usted pone no le responde más, va a hacer lo que tenga que hacer y va a actuar como juez”, le espetó Pichetto a la oposición.

Algunos de los conjueces nombrados oficialmente este miércoles defendieron como abogados a funcionarios de la administración kirchnerista.

Es el caso de Carlos Alberto Oscar Cruz, quien respaldó legalmente a Felisa Miceli en la causa por el hallazgo de un bolso con dinero en el baño de su oficina.

También figura Nicolás Fernando D'Albora, quien tiene como antecedente haber sido defensor del juez Javier López Biscayart ante el Consejo de la Magistratura.

Otro de los conjueces, Marcelo Roberto Boico, denunció en su momento al ministro de Educación porteño Esteban Bullrich por la implementación de una línea telefónica para denunciar actividades políticas en los colegios de la Ciudad.

Norberto Federico Frontini es otro de los nombres, quien tiene como antecedente haber sido asesor de Política Criminal del Ministerio de Justicia. A Raúl Ferreyra, en tanto, se lo recuerda defendiendo la re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner.

Otro caso es el del constitucionalista Eduardo Barcesat, quien es abogado de la asociación Madres de Plaza de Mayo y se alineó durante los últimos tiempos con el Gobierno nacional.

También se aprobaron los pliegos de Marcelo Roberto Biugo -abogado del ministro Julio De Vido en la causa que le inició a la diputada Elisa Carrió por calumnias-, Claudio Marcelo Vázquez y Martín Ariel Magram, quien defendió a Rodolfo Stefanon, empleado del Gobierno que denunció haber sufrido el robo de viáticos destinados a una gira presidencial por Medio Oriente.

Cierra la lista Alan Iud, también abogado de Abuelas de Plaza de Mayo que intervino en la causa contra Ernestina Herrera de Noble en la causa que la investigaba por la identidad de sus hijos adoptivos.